Es difícil decir cuál ha caído más bajo en los últimos tres años, la monarquía o la república. La monarquía —en el continente europeo, al menos— asume en todas partes, a un ritmo cada vez más acelerado, su forma final, el cesarismo. En todas partes, el constitucionalismo ficticio con sufragio universal, un ejército hipertrofiado como sostén del gobierno, el soborno y la corrupción como principal medio de gobierno, y el enriquecimiento mediante la corrupción y el fraude como único fin del gobierno, están minando irresistiblemente todas las espléndidas garantías constitucionales, el equilibrio artificial de fuerzas con que soñaba nuestra burguesía en los días idílicos de Luis Felipe, cuando hasta los más corrompidos eran todavía ángeles de inocencia comparados con los «grandes hombres» de hoy. A medida que la burguesía pierde diariamente el carácter de clase temporalmente indispensable en el organismo social, despojándose de sus funciones sociales específicas para convertirse en una simple cuadrilla de estafadores, su Estado se transforma en una institución para la protección, no de la producción, sino del robo descarado de los productos. No sólo lleva este Estado su propia condena en su interior; de hecho, ya ha sido condenado por la historia en Luis Napoleón. Sin embargo, es también la última forma posible de la monarquía. Todas las demás formas monárquicas están desgastadas y anticuadas. Después de ella, la única forma de Estado que queda posible es la república.

La república, sin embargo, no corre mejor suerte. De 1789 a 1869, fue el ideal de los entusiastas luchadores por la libertad, siempre anhelada, alcanzada tras una lucha dura y sangrienta, y apenas alcanzada, vuelta a perder. Desde que un rey de Prusia* consiguió instaurar una república francesa, todo eso ha cambiado. Desde 1870 —y éste es el progreso alcanzado— las repúblicas ya no las hacen los republicanos, precisamente porque ya no quedan republicanos puros, sino los monárquicos desesperados de la monarquía. Para evitar la guerra civil, los burgueses de sentimientos monárquicos consolidan la república en Francia y la proclaman en España* —en Francia, porque hay demasiados pretendientes; en España, porque el último rey posible* está en huelga.

En ello reside un doble avance.

Primero, la magia que hasta ahora rodeaba el nombre de la república se ha disipado. Después de los acontecimientos de Francia y de España, sólo un Karl Blind puede aferrarse a la creencia supersticiosa en los efectos milagrosos de una república. También en Europa se ve por fin la república como lo que es en esencia, y en América como hecho real: la forma consumada del dominio de la burguesía. Digo «también en Europa, por fin», porque repúblicas como Suiza, Hamburgo, Bremen, Lübeck y la ex ciudad libre de Fráncfort —que en paz descanse— son irrelevantes aquí. La república moderna, la única que nos ocupa aquí, es la organización política de un gran pueblo, no la institución política provincial de una ciudad, un cantón o un club de cantones que, heredada históricamente de la Edad Media, adopta formas más o menos democráticas y, en el mejor de los casos, sustituye el dominio patricio por un dominio campesino apenas mejor. Suiza existe en parte por la indulgencia y en parte por los celos de sus grandes vecinos; cuando éstos se unen, se ve obligada a tragarse sus frases republicanas y a obedecer órdenes. Tales países sólo existen mientras no intentan intervenir en el curso de la historia, razón por la cual son neutralizados y se les impide hacerlo. La era de las verdaderas repúblicas europeas data del 4 de septiembre, o más bien del día de Sedán, incluso si un breve retroceso cesarista (bajo cualquier pretendiente) pudiera ser posible. Y en este sentido, podría decirse que la república de Thiers es la realización final de la república de 1792; la república de los jacobinos sin el autoengaño de los jacobinos. De ahora en adelante, la clase obrera ya no puede hacerse ilusiones sobre la naturaleza de la república moderna: el tipo de Estado en el que el dominio de la burguesía alcanza su expresión final y consumada. En la república moderna, la igualdad política, que en todas las monarquías conoce aún ciertas excepciones, se aplica por fin plenamente. Y esta igualdad política, ¿qué es sino la declaración de que las diferencias de clase no incumben al Estado, de que los burgueses tienen tanto derecho a ser burgueses como los obreros a ser proletarios?

Sin embargo, esta forma final y consumada del dominio burgués, la república, sólo es introducida por los propios burgueses con la mayor reluctancia; se les impone. ¿Por qué esta curiosa contradicción? Porque la introducción de la república significa romper con toda tradición política; porque obliga a toda institución política a justificar su existencia; porque, por tanto, todas las influencias tradicionales que sostienen a los poderes establecidos bajo la monarquía se desvanecen. En otras palabras: si la república moderna es la forma consumada del dominio burgués, también es el tipo de Estado que libera la lucha de clases de sus últimos grilletes y le prepara el campo de batalla. La república moderna no es, de hecho, más que este campo de batalla. Y éste es el segundo avance. Por un lado, la burguesía siente que su fin está cerca en cuanto le quitan el suelo de la monarquía bajo los pies y, con él, todo el poder conservador que residía en la creencia supersticiosa de las masas incultas, particularmente en el campo, en la supremacía tradicional de las casas reales —no importa si esta superstición venera el reino de la gracia de Dios, como en Prusia, o al legendario emperador campesino Napoleón, como en Francia. Por otro lado, el proletariado siente que el canto fúnebre de la monarquía es simultáneamente el toque de clarín para la batalla decisiva con la burguesía. La república moderna no es sino el escenario despejado para la última gran lucha de clases de la historia mundial —y esto es lo que le da su tremenda significación.

Para que esta lucha de clases entre burguesía y proletariado se decida, sin embargo, es preciso que estas dos clases estén suficientemente desarrolladas en los países de que se trate, al menos en las grandes ciudades. En España, éste es sólo el caso en determinadas partes del país. En Cataluña, la gran industria está relativamente muy desarrollada. En Andalucía y algunas otras zonas predominan la gran propiedad territorial y la agricultura en gran escala —terratenientes y jornaleros—; en la mayor parte del país predominan los pequeños campesinos en las zonas rurales y la pequeña industria en las ciudades. Las condiciones para una revolución proletaria están, pues, relativamente poco desarrolladas, y precisamente por eso queda aún mucho por hacer en España para una república burguesa; su misión aquí es, ante todo, despejar el escenario para la lucha de clases inminente.

Una necesidad primordial es la abolición del ejército y la introducción de una milicia popular. Geográficamente, España está tan favorablemente situada que sólo puede ser seriamente atacada por un vecino, y aun así únicamente a lo largo del corto frente de los Pirineos; un frente que no comprende ni siquiera una octava parte de su perímetro total. Además, las condiciones del terreno en el país son tales que dificultan la guerra móvil de grandes ejércitos en la misma medida en que facilitan la guerra popular irregular. Lo vimos bajo Napoleón, que llegó a enviar a España hasta 300.000 hombres, pero siempre fueron derrotados por la tenaz resistencia del pueblo; lo hemos visto innumerables veces desde entonces y lo vemos hasta hoy en la impotencia del ejército español frente a las pocas partidas carlistas en las montañas. Un país así no tiene pretexto para tener un ejército. Es más, desde 1830 el ejército en España no ha sido más que la palanca de todas las conspiraciones de generales que, cada pocos años, han derribado al gobierno con un pronunciamiento militar, para sustituir a unos ladrones viejos por otros nuevos. Disolver el ejército español es librar a España de la guerra civil. Ésta sería, pues, la primera exigencia que los obreros españoles deberían plantear al nuevo gobierno.

Una vez abolido el ejército, desaparece la razón principal por la que los catalanes, en particular, reclaman una organización federal del Estado. La Cataluña revolucionaria, el gran suburbio obrero de España, por así decirlo, ha sido hasta ahora mantenida a raya mediante fuertes concentraciones de tropas, del mismo modo que Bonaparte y Thiers mantuvieron a raya a París y Lyon. Por eso los catalanes pedían la división de España en estados federales con administración independiente. Si el ejército desaparece, desaparece también la razón principal de esta demanda; será posible alcanzar una independencia de principio sin la destrucción reaccionaria de la unidad nacional y sin reproducir una Suiza ampliada.

La legislación financiera de España, tanto en lo que respecta a los impuestos interiores como a las tarifas aduaneras, es un disparate de principio a fin. Una república burguesa puede hacer mucho al respecto. Lo mismo cabe decir de la confiscación de la propiedad territorial de la Iglesia, que ha sido confiscada muchas veces pero siempre se ha vuelto a acumular, y, por último pero no menos importante, la construcción de carreteras, que en ninguna parte están en peor estado que aquí.

Unos años de república burguesa pacífica prepararían el terreno en España para una revolución proletaria de un modo que sorprendería incluso a los obreros españoles más avanzados. En lugar de repetir la sangrienta farsa de la revolución anterior* y de escenificar rebeliones aisladas y fácilmente aplastables, es de esperar que los obreros españoles se sirvan de la república para unirse más firmemente y organizarse con miras a una revolución próxima, una revolución que ellos mandarán. El gobierno burgués de la nueva república no busca sino un pretexto para suprimir el movimiento revolucionario y fusilar a los obreros, como hicieron en París los republicanos Favre y consortes. ¡Ojalá los obreros españoles no les den ese pretexto!

1 de marzo de 1873; La Emancipación, 7 de marzo de 1873; O Pensamento Social, 23 de marzo de 1873

Frederick Engels

SOBRE LA AUTORIDAD

Últimamente, cierto número de socialistas ha lanzado una verdadera cruzada contra lo que ellos llaman el principio de autoridad. Les basta con decir que tal o cual acto es autoritario para que quede condenado. Se está abusando de este procedimiento sumario hasta tal punto que se hace necesario examinar el asunto más de cerca. Autoridad, en el sentido en que aquí se emplea la palabra, significa: la imposición de la voluntad ajena sobre la nuestra; la autoridad, por otra parte, presupone subordinación. Ahora bien, como estas dos palabras suenan mal y la relación que representan es desagradable para la parte subordinada, la cuestión es determinar si hay algún modo de prescindir de ella, si —dadas las condiciones de la sociedad actual— no podríamos crear otro sistema social en el que esta autoridad ya no tuviera cabida y, por consiguiente, tuviera que desaparecer. Al examinar las condiciones económicas, industriales y agrícolas que constituyen la base de la sociedad burguesa actual, encontramos que tienden, cada vez más, a sustituir la acción aislada de los individuos por la acción combinada. La industria moderna, con sus grandes fábricas y talleres, en los que cientos de obreros vigilan máquinas complicadas movidas por vapor, ha suplantado a los pequeños talleres de los productores individuales; los carruajes y carretas de los caminos han sido sustituidos por trenes ferroviarios, del mismo modo que las pequeñas goletas y falucas de vela lo han sido por barcos de vapor. Incluso la agricultura cae cada vez más bajo el dominio de la máquina y del vapor, que lenta pero inexorablemente ponen en lugar de los pequeños propietarios a grandes capitalistas, quienes, con ayuda de obreros asalariados, cultivan vastas extensiones de tierra. En todas partes, la acción combinada, la complicación de procesos dependientes entre sí, desplaza a la acción independiente.

Por otra parte, desplaza la acción independiente de los individuos. Pero quien dice acción combinada dice organización; ahora bien, ¿cabe organización sin autoridad?

Supongamos que una revolución social destronara a los capitalistas, que actualmente ejercen su autoridad sobre la producción y la circulación de la riqueza. Supongamos, para adoptar plenamente el punto de vista de los antiautoritarios, que la tierra y los instrumentos de trabajo se hubieran convertido en propiedad colectiva de los trabajadores que los utilizan. ¿Habrá desaparecido la autoridad, o no habrá hecho más que cambiar de forma? Veamos.

Tomemos como ejemplo una hilandería de algodón. El algodón tiene que pasar por lo menos por seis operaciones sucesivas antes de quedar reducido a hilo, y estas operaciones se efectúan, en su mayor parte, en salas distintas. Además, para mantener en marcha las máquinas se necesita un maquinista que cuide de la máquina de vapor, mecánicos para las reparaciones corrientes y muchos otros obreros cuyo oficio consista en trasladar los productos de una sala a otra, etc. Todos estos obreros, hombres, mujeres y niños, están obligados a comenzar y terminar su trabajo a las horas fijadas por la autoridad del vapor, que no se preocupa en absoluto por la autonomía individual. Los obreros, por tanto, tienen que ponerse primeramente de acuerdo sobre las horas de trabajo; y estas horas, una vez fijadas, deben ser observadas por todos, sin excepción alguna. Luego, a cada momento y en cada sala surgen cuestiones particulares sobre el modo de producción, distribución de los materiales, etc., que deben resolverse en el acto, so pena de que toda la producción se detenga de inmediato; bien se resuelvan por decisión de un delegado puesto al frente de cada rama del trabajo, bien, si es posible, por votación mayoritaria, la voluntad del individuo aislado tendrá siempre que subordinarse, lo que significa que las cuestiones se resuelven de un modo autoritario. La maquinaria automática de una gran fábrica es mucho más despótica que los pequeños capitalistas que emplean obreros jamás lo hayan sido. Al menos por lo que respecta a las horas de trabajo, puede escribirse sobre los portales de estas fábricas: Lasciate ogni autonomia, voi che entrate!* Si el hombre, a fuerza de su saber y de su genio inventivo, ha sometido a las fuerzas de la naturaleza, éstas se vengan de él sometiéndolo, en la medida en que las emplea, a un verdadero despotismo independiente de toda organización social. Querer abolir la autoridad en la gran industria equivale a querer abolir la industria misma, a destruir el telar mecánico para volver a la rueca.

Tomemos otro ejemplo: el ferrocarril. También aquí es absolutamente necesaria la cooperación de un número infinito de individuos, cooperación que debe practicarse durante horas exactamente fijadas para que no ocurran accidentes. También aquí la primera condición del trabajo es una voluntad dominante que resuelva todas las cuestiones subordinadas, ya esté representada dicha voluntad por un solo delegado o por un comité encargado de ejecutar los acuerdos de la mayoría de los interesados. En ambos casos hay una autoridad muy marcada. Más aún, ¿qué ocurriría con el primer tren despachado si se aboliera la autoridad de los empleados del ferrocarril sobre los honorables pasajeros?

Pero la necesidad de la autoridad, y de una autoridad imperiosa por añadidura, en ninguna parte se manifestará con mayor evidencia que a bordo de un barco en alta mar. Allí, en el momento del peligro, la vida de todos depende de la obediencia instantánea y absoluta de todos a la voluntad de uno solo.

Cuando yo exponía argumentos semejantes a los antiautoritarios más rabiosos, la única respuesta que acertaban a darme era ésta: ¡Cierto, eso es verdad, pero aquí no se trata de una autoridad que nosotros confiamos a nuestros delegados, sino de una comisión encomendada! Estos señores creen que cambiando los nombres de las cosas las cambian a ellas mismas. Así es como estos profundos pensadores se burlan del mundo entero.

Hemos visto, pues, que, por una parte, una cierta autoridad, cualquiera que sea el modo como se delegue, y, por otra, una cierta subordinación, son cosas que, independientemente de toda organización social, se nos imponen con las condiciones materiales en las que producimos y hacemos circular los productos.

Hemos visto, además, que las condiciones materiales de la producción y de la circulación se desarrollan inevitablemente con la gran industria y la gran agricultura, y tienden cada vez más a ampliar el ámbito de esta autoridad. Por tanto, es absurdo hablar del principio de autoridad como absolutamente malo y del principio de autonomía como absolutamente bueno. La autoridad y la autonomía son cosas relativas, cuyas esferas varían según las distintas fases del desarrollo de la sociedad. Si los autonomistas se limitaran a decir que la organización social del porvenir circunscribiría la autoridad únicamente a los límites dentro de los cuales las condiciones de producción la hacen inevitable, podríamos entendernos; pero ellos se muestran ciegos a todos los hechos que la imponen y combaten apasionadamente la palabra.

¿Por qué los antiautoritarios no se limitan a clamar contra la autoridad política, el Estado? Todos los socialistas coinciden en que el Estado político, y con él la autoridad política, desaparecerán como resultado de la próxima revolución social, es decir, en que las funciones públicas perderán su carácter político y se convertirán en simples funciones administrativas de velar por los verdaderos intereses de la sociedad. Pero los antiautoritarios exigen que el Estado político autoritario sea abolido de un solo golpe, incluso antes de que hayan sido destruidas las condiciones sociales que lo engendraron. Exigen que el primer acto de la revolución social sea la abolición de la autoridad. ¿Han visto alguna vez estos señores una revolución? Una revolución es, sin duda, la cosa más autoritaria que existe; es el acto por el cual una parte de la población impone su voluntad a la otra mediante fusiles, bayonetas y cañones, medios autoritarios si los hay; y si el partido victorioso no quiere haber luchado en vano, ha de mantener esta dominación por medio del terror que sus armas inspiran a los reaccionarios. ¿Habría durado la Comuna de París un solo día sin haber empleado esta autoridad del pueblo armado frente a los burgueses? ¿No deberíamos, por el contrario, reprocharle no haberla empleado con suficiente energía?

Así, pues, de dos cosas una: o los antiautoritarios no saben lo que dicen, en cuyo caso no crean más que confusión; o lo saben, y en ese caso traicionan el movimiento del proletariado. En ambos casos sirven a la reacción.