París, 21 de enero de 1850

Desde mi última carta han ocurrido muchos e importantes acontecimientos, pero como la generalidad de los lectores habrá sido informada de ellos por los periódicos diarios y semanales, me abstendré de recorrer el mismo terreno de principio a fin, y en vez de ello limitaré esta carta a algunas observaciones generales sobre el estado del país.

Durante los últimos doce o quince meses, el espíritu revolucionario ha hecho inmensos progresos en toda Francia. Una clase a la que su posición social ha mantenido apartada, en la medida de lo posible en la sociedad civilizada, de todo interés por los asuntos públicos, privada de todo derecho político por la vieja legislación monárquica, que nunca ha leído un periódico y que, sin embargo, constituye la inmensa mayoría de los franceses, esta clase, al fin, está recobrando rápidamente el sentido. Esta clase es el pequeño campesinado, que cuenta con unos veintiocho millones de hombres, mujeres y niños, y entre cuyas filas se cuentan de ocho a nueve millones de pequeños propietarios rurales, que poseen, en forma de propiedad libre,* por lo menos cuatro quintas partes del suelo de Francia. Esta clase ha sido oprimida por todos los gobiernos desde 1815, sin exceptuar al gobierno provisional, que le impuso el impuesto de los 45 céntimos adicionales por cada franco de la contribución territorial,* que en Francia es muy gravosa. Esta clase, agobiada además por una banda de usureros a los que sus propiedades están hipotecadas casi sin excepción a un interés extraordinariamente elevado, empieza por fin a comprender que ningún gobierno, salvo uno que actúe en interés de los obreros de las ciudades, la librará de la miseria y del hambre en que, no obstante sus parcelas de tierra, cae cada día más hondo.* Esta clase, que en gran medida forzó la revolución de 1789 y que constituyó la base sobre la que se alzó el vasto imperio de Napoleón, se ha adherido ahora, en su inmensa mayoría, al partido revolucionario y a los obreros de París, Lyon, Ruán y las demás grandes ciudades de Francia. Los labradores del campo ven ahora con bastante claridad cómo han sido engañados por Luis Napoleón, a cuya mayoría presidencial aportaron por lo menos seis millones de votos, y que les ha pagado con la reimposición del impuesto sobre el vino y el aguardiente. Y así, la inmensa mayoría del pueblo francés está hoy unida para derribar, tan pronto como se presente la ocasión propicia, la insolente dominación de la clase capitalista, que, derribada por la tempestad de febrero, ha vuelto a apoderarse del timón del gobierno y ejerce su poder con arrogancia mucho mayor que nunca bajo su bienamado Luis Felipe.

La historia de los últimos meses ofrece innumerables pruebas de este importantísimo hecho. Tómese la circular del ministro d’Hautpoul a la gendarmería, mediante la cual el espionaje penetra hasta el corazón mismo de la aldea más apartada; tómese la ley contra los maestros de escuela, quienes, en las aldeas francesas, son por lo general la mejor expresión de la opinión pública de sus localidades, y que ahora serán puestos a merced del gobierno, porque hoy casi todos profesan opiniones socialdemócratas; y otros muchos hechos. Pero una de las pruebas más sorprendentes se halla en la elección que acaba de celebrarse en el departamento del Gard. Este departamento es conocido como el más antiguo baluarte de los «blancos»: los legitimistas. Fue el escenario de las atrocidades más horribles contra los republicanos en 1794 y 1795, tras la caída de Robespierre; fue el centro del «terror blanco» en 1815, cuando protestantes y liberales fueron asesinados públicamente y se cometieron ultrajes de la naturaleza más horrible contra las esposas, hijas y hermanas de aquellas víctimas por turbas legitimistas, encabezadas por el célebre Trestaillon y protegidas por el gobierno del legítimo Luis XVIII. Pues bien, este departamento debía elegir un diputado en lugar de un legitimista fallecido,* y el resultado fue una gran mayoría para un candidato enteramente rojo, mientras que los dos candidatos legitimistas quedaron en una minoría señalada.

Otra prueba del rápido progreso de esta alianza de los obreros de las ciudades y el campesinado del campo es la nueva ley de instrucción pública. Los más empedernidos volterianos de la burguesía, incluso el señor Thiers, ven que no queda otro camino para oponerse a ese progreso que abandonar sus viejas teorías y principios, y postrar la instrucción pública a los pies del clero.

De nuevo. Existe ahora una afluencia general de todos los periódicos y personajes públicos que no son exactamente reaccionarios, a reclamar el otrora despreciado título de «socialista». Los más viejos enemigos del socialismo se proclaman hoy socialistas. Le National, incluso Le Siècle, monárquico bajo Luis Felipe, declaran que son socialistas. Hasta Marrast, el infame traidor de 1848, espera ahora, aunque en vano, ser elegido proclamándose socialista. El pueblo, sin embargo, no se deja engañar así, y la cuerda para ahorcar a ese vagabundo está lista y sólo espera la ocasión.

Hoy se discute en la Asamblea Nacional la ley para matar a los 468 prisioneros restantes de la insurrección de junio, deportándolos a las comarcas más insalubres de Argelia y haciéndolos trabajar allí. No cabe duda de que la ley será aprobada por una inmensa mayoría. Pero antes de que los desdichados héroes de aquella gran batalla del trabajo puedan llegar a la costa destinada a enterrarlos, es poco dudoso que otra tormenta popular haya barrido a los votantes de esta ley de asesinato, y lleve tal vez, a esa tierra de destierro, a aquellos de la mayoría actual que hayan escapado a una venganza más pronta, más radical y más justiciera por parte del pueblo.

III