[The Democratic Review, January 1850]

Paris, 20 de diciembre de 1849

La gran cuestión del día es el impuesto sobre el consumo de «licores potables», actualmente en discusión en la Asamblea Legislativa Nacional. Esta cuestión reviste tal importancia, y encierra, de hecho, en sí misma, tan buena parte de toda la situación actual, que no estará de más consagrarle la totalidad de esta carta.

El impuesto sobre licores potables data de muy antiguo.* Constituyó uno de los rasgos principales del sistema financiero bajo la monarquía del siglo XVIII, y uno de los principales agravios del pueblo en la época de la primera revolución. Ésta lo abolió. Pero Napoleón lo restableció, bajo una forma algo modificada, hacia el año 1808, en un momento en que, olvidando su origen revolucionario, se propuso como objetivo principal el establecimiento de su dinastía en medio de las antiguas familias reales europeas. El impuesto era tan sumamente odioso para el pueblo que, a la caída de Napoleón, la familia de los Borbones prometió su inmediata derogación, y el mismo Napoleón, en Santa Elena, declaró que había sido ese impuesto, más que ninguna otra cosa, la causa de su caída, al enemistarle con todo el Mediodía de Francia. Sin embargo, los Borbones jamás pensaron en cumplir su promesa, y el impuesto subsistió como antes hasta la revolución de 1830, cuando, nuevamente, se le ofreció al país su abolición. Esta promesa se cumplió tan poco como la anterior; y así, el impuesto sobre el consumo seguía vigente cuando estalló la revolución de 1848. El gobierno provisional, en vez de derogarlo inmediatamente y sustituirlo por un fuerte impuesto sobre la renta de los grandes capitalistas y terratenientes, se limitó a prometer ya su derogación, ya al menos su revisión; la Asamblea Constituyente llegó incluso a mantener el impuesto en toda su integridad. Sólo en los últimos días de su existencia, cuando el realismo se hallaba más extendido que nunca, los miembros «honrados» y «moderados» de aquella Asamblea votaron la derogación del impuesto sobre licores potables, que debía entrar en vigor el 1 de enero de 1850.

Está claro que el impuesto en cuestión pertenece esencialmente a las tradiciones monárquicas de Francia. Derogado tan pronto como la masa del pueblo tomó la delantera, fue restablecido en cuanto la aristocracia o la burguesía, representadas por un Luis XVIII o un Luis Felipe, empuñaron las riendas del gobierno. Incluso Napoleón, aunque en muchos puntos se oponía tanto a la aristocracia como a la burguesía, y fue derribado por la conjura de ambas —incluso el gran Emperador se creyó obligado a restablecer este rasgo de las viejas tradiciones de la Francia monárquica.

El impuesto en sí mismo pesa de manera muy desigual sobre las distintas clases de la nación. Es una carga gravosa para los pobres, mientras que sobre los ricos la presión es sumamente ligera. En Francia hay alrededor de doce millones de productores de vino; éstos no pagan nada por el consumo de su vino, puesto que lo cosechan ellos mismos; hay, además, dieciocho millones de personas que habitan aldeas y ciudades de menos de 4.000 habitantes, y pagan un impuesto de entre 66 céntimos y 1 franco 32 céntimos por cada 100 litros de vino; y, por último, hay unos cinco millones que viven en ciudades de más de 4.000 habitantes, y pagan por su vino el droit d'octroi,** recaudado a las puertas de la ciudad, que varía según las localidades, pero en todo caso es incomparablemente más elevado que lo que paga la clase precedente. El impuesto, además, grava tan pesadamente los vinos más ínfimos como los de precio más elevado; el hectolitro que se vende a 2, 3, 4 francos, y el que se vende a 12 o a 1.500 francos pagan todos el mismo impuesto; y así, mientras el consumidor rico de champán selecto, clarete y borgoña no paga casi nada, el obrero paga al gobierno, por su vino inferior, un impuesto del 50, del 100 y, en algunos casos, del 500 o del 1.000 por ciento sobre el valor originario. Del ingreso que produce este impuesto, 51 millones de francos son pagados por las clases más pobres, y sólo 25 millones por los ciudadanos más ricos. En estas circunstancias, no puede caber la menor duda de que este impuesto es sumamente perjudicial para la producción vinícola en Francia. Los principales mercados para este producto, las ciudades, son para el productor de vino otros tantos países extranjeros donde, antes de llevar su producto a la venta, tiene que pagar un auténtico derecho de aduana del 50 al 1.000 por ciento ad valorem. La otra parte del mercado, el campo abierto, está sujeta por lo menos a un derecho del 20 al 50 por ciento del valor originario. La consecuencia inevitable de esto es la ruina de las comarcas viticultoras del país. Es cierto que la producción de vino ha ido aumentando a pesar del impuesto, pero la población ha superado ese aumento a un ritmo mucho más rápido.

¿Por qué, entonces, ha sido posible mantener bajo el gobierno burgués un impuesto tan odioso como éste? En Inglaterra, se dirá, hasta Cobden y Bright lo habrían barrido hace mucho tiempo. Y así lo habrían hecho. Pero en Francia, los fabricantes nunca encontraron un Cobden ni un Bright que defendiera sus intereses con tenacidad invencible, ni un Peel que cediera a sus reclamaciones. El sistema financiero francés, tan cacareado por la mayoría de la Asamblea, es el más confuso y artificial, mixtum compositum, que jamás se haya imaginado. Ninguna de las reformas realizadas en Inglaterra desde 1842 se intentó en Francia bajo Luis Felipe. La Reforma Postal era considerada casi como una blasfemia en los benditos tiempos de Guizot. El arancel aduanero era, y sigue siendo, ni de libre comercio ni un mero arancel fiscal, ni proteccionista ni prohibitivo, sino que contiene algo de todo, excepto libre comercio. Viejas prohibiciones y elevados derechos, que durante muchos años no han servido para nada, más aún, que son decididamente perjudiciales para el comercio, se encuentran en todas las partes del arancel. Y sin embargo, nadie se atrevía a tocarlas. La tributación local, en todas las ciudades de más de 1.000 habitantes, es indirecta y se recauda gravando los productos que entran en la ciudad. Así, la libertad de comercio hasta en el interior se ve interrumpida cada diez o quince millas por una especie de aduana interior.

Este estado de cosas, deshonroso incluso para un gobierno burgués, permaneció intacto por diversas causas. Con toda esa tributación opresiva, con ingresos de 1.400 o 1.500 millones de francos, había un déficit al final de cada año, y un empréstito cada cuatro o cinco años. Los agiotistas de la Bolsa de París encontraban una fuente inagotable de lucro, especulación y tráfico en este bajo estado del Erario público. Ellos y sus allegados formaban la mayoría en las dos Cámaras, y eran así los verdaderos dueños del Estado, exigiendo siempre nuevos suministros de dinero. La Reforma financiera, además, no habría podido efectuarse sin medidas radicales, que habrían equilibrado el presupuesto, modificado el reparto de los impuestos y, además de gravar a estos mismos agiotistas, otorgado un mayor peso político a otras fracciones de las clases medias. Y qué consecuencias habría tenido semejante cambio bajo el carcomido gobierno de Luis Felipe puede juzgarse por el pretexto comparativamente insignificante que condujo a la revolución de Febrero.*°

Esta revolución no llevó al poder a ningún hombre capaz de reformar el sistema financiero de Francia. Los señores del National,* que se apoderaron de ese departamento, se sintieron abrumados por el peso del déficit. Se hicieron muchos intentos de reforma parcial; todos resultaron abortivos, excepto la supresión del impuesto sobre la sal y la Reforma Postal. Al fin, en un acceso de desesperación, la Asamblea Constituyente votó la derogación del impuesto sobre el vino, ¡y ahora los hombres de orden «honrados» y «moderados»* de la preciosa Asamblea actual lo restablecen! Más aún: el Ministro* se propone restablecer el impuesto sobre la sal y volver a aumentar el franqueo postal; de modo que el viejo sistema financiero, con sus eternas deficiencias y dificultades, y la consiguiente dominación absoluta de la Bolsa de París, con su especulación, su tráfico y su merodeo lucrativo, será restablecido en Francia dentro de muy poco.

El pueblo, sin embargo, no parece dispuesto a someterse tranquilamente a una medida que restablece un impuesto gravoso sobre un artículo de primera necesidad para los pobres, mientras casi exime a los ricos. La socialdemocracia se ha extendido prodigiosamente por los distritos agrícolas de Francia; y esta medida convertirá al resto de los millones que, hace doce meses,° votaron por ese ambicioso cretino de Luis Napoleón. Una vez ganado el campo para la socialdemocracia, pasarán muy pocos meses, más aún, pocas semanas, antes de que la bandera roja ondee sobre las Tullerías y el Elíseo Nacional.*? Sólo entonces será posible subvertir radicalmente el viejo y opresivo sistema financiero, suprimiendo de un solo golpe la Deuda Nacional, introduciendo un sistema de tributación directa y progresiva, y mediante otras medidas de carácter igualmente enérgico.

II
¡PRUEBAS PALMARIAS DEL GLORIOSO PROGRESO DEL REPUBLICANISMO ROJO!

[The Democratic Review, February 1850]
Paris, 21 de enero de 1850

Desde mi última carta han ocurrido muchísimos acontecimientos importantes, pero como la generalidad de los lectores se habrá informado de ellos por los periódicos diarios y semanales, me abstendré de recorrer el mismo terreno de principio a fin, y en lugar de ello limitaré esta carta a algunas observaciones generales sobre el estado del país.

Durante los últimos doce o quince meses, el espíritu revolucionario ha realizado inmensos progresos en toda Francia. Una clase que, por su posición social, se mantenía apartada, en la medida de lo posible en la sociedad civilizada, de todo interés por los asuntos públicos; que por la antigua legislación monárquica estaba excluida de todos los derechos políticos; que jamás leía un periódico, y que, no obstante, constituye la inmensa mayoría de los franceses —esta clase, por fin, está recobrando rápidamente el sentido. Esta clase es el pequeño campesinado, que suma alrededor de veintiocho millones de hombres, mujeres y niños, contando en sus filas de ocho a nueve millones de pequeños propietarios territoriales, quienes poseen, bajo la forma de propiedad libre,* al menos las cuatro quintas partes del suelo de Francia. Esta clase ha sido oprimida por todos los gobiernos desde 1815, sin exceptuar al gobierno provisional, que le impuso el impuesto de los 45 céntimos adicionales por cada franco de la contribución territorial,» que en Francia es muy pesada. Esta clase, agobiada también por una banda de usureros a quienes su propiedad está hipotecada, casi sin excepción, a intereses extraordinariamente elevados, empieza por fin a comprender que ningún gobierno, excepto uno que actúe en interés de los obreros de las ciudades, la librará de la miseria y el hambre en los que, a pesar de sus parcelas de tierra, caen cada día más profundamente.* Esta clase, que en gran medida forzó la revolución de 1789, y que formó el basamento sobre el cual se alzó el vasto imperio de Napoleón, se ha adherido ahora en su inmensa mayoría al partido revolucionario y a los obreros de París, Lyon, Ruán y las demás grandes ciudades de Francia. Los labradores ven ahora con toda claridad cómo han sido engañados por Luis Napoleón, a cuya mayoría presidencial aportaron al menos seis millones de votos, y que les ha pagado con la reimposición del impuesto sobre el vino y el aguardiente. Y así, la inmensa mayoría del pueblo francés está ahora unida para derrocar, tan pronto como se presente una ocasión propicia, el dominio insolente de la clase capitalista, la cual, derribada por la tormenta de Febrero, ha vuelto a apoderarse del timón del gobierno, y ejerce su dominación con mucha más arrogancia que nunca bajo su bienamado Luis Felipe.

La historia de los últimos meses ofrece innumerables pruebas de este importantísimo hecho. Tómese la circular del ministro d’Hautpoul a la gendarmería, que introduce el espionaje en el corazón mismo de la aldea más apartada; tómese la ley contra los maestros de escuela,36 quienes en las aldeas francesas son por lo general la mejor expresión de la opinión pública de sus localidades y a los que ahora se pone a merced del gobierno porque casi todos profesan ya opiniones socialdemocráticas; y otros muchos hechos. Pero una de las pruebas más contundentes la ofrece la elección que acaba de verificarse en el departamento del Gard.37 Este departamento es conocido como el más antiguo baluarte de los «blancos» —los legitimistas.38 Fue escenario de los más horribles ultrajes contra los republicanos en 1794 y 1795, tras la caída de Robespierre; fue el asiento central del «terror blanco» en 1815, cuando protestantes y liberales fueron asesinados públicamente y chusmas legitimistas, encabezadas por el célebre Trestaillon y protegidas por el gobierno del legítimo Luis XVIII, cometieron ultrajes de la naturaleza más horrible contra las esposas, hijas y hermanas de aquellas víctimas. Pues bien, este departamento tenía que elegir un diputado en reemplazo de un legitimista fallecido*; y el resultado fue una gran mayoría para un candidato acendradamente rojo,* mientras que los dos candidatos legitimistas quedaban en una minoría señalada.

Otra prueba del rápido avance de esta alianza entre los obreros de las ciudades y el campesinado del campo es la nueva ley de instrucción pública.** Los volterianos más empedernidos de la burguesía, incluso el señor Thiers, comprenden que no queda otro camino para oponerse a ese avance que rendir sus viejas teorías y principios y postrar la instrucción pública a los pies del clero.

Y más aún. Ahora se produce un apresuramiento general de todos los periódicos y de todas las figuras públicas que no son exactamente reaccionarias, para reivindicar el otrora despreciado título de «socialista». Los más viejos enemigos del socialismo se proclaman ahora socialistas. El National, incluso el Siècle, monárquico bajo Luis Felipe, declaran que son socialistas. Hasta Marrast, el infame traidor de 1848, espera ahora, aunque en vano, resultar elegido proclamándose socialista. Pero el pueblo no se deja engañar de ese modo, y la soga para ahorcar a ese vagabundo ya está lista, esperando solo la ocasión.

Hoy se discute en la Asamblea Nacional la ley para matar a los 468 prisioneros que quedan de la insurrección de junio, transportándolos a las partes más insalubres de Argelia y haciéndolos trabajar allí. No cabe duda de que la ley será aprobada por una inmensa mayoría. Pero antes de que los desdichados héroes de aquella grandiosa batalla del trabajo alcancen la costa destinada a sepultarlos, muy probablemente otra tormenta popular habrá barrido a los votantes de esta ley de asesinato y llevará, tal vez, a esa tierra de destierro, a aquellos de la mayoría actual que hayan escapado a una venganza más pronta, más radical y más justa por parte del pueblo.

III

SIGNOS DE LOS TIEMPOS.—
LA REVOLUCIÓN ANTICIPADA

[The Democratic Review, marzo de 1850]
París, 19 de febrero de 1850

He de limitar esta carta en extensión, pero los hechos ocurridos en el curso de este mes son tan contundentes que hablarán por sí mismos. La revolución avanza tan rápidamente que todo el mundo debe percibir su proximidad. En todas las esferas de la sociedad se habla de ella como inminente; y todos los periódicos extranjeros, aun los opuestos a la democracia, la declaran algo inevitable. Más aún, puede casi preverse con certeza que, si acontecimientos inesperados no imprimen un viraje a los asuntos públicos, el gran choque entre los unidos partidarios del orden y la inmensa mayoría del pueblo difícilmente podrá aplazarse más allá de finales de esta primavera. Y el resultado de ese choque es cosa que no admite duda. El pueblo de París está tan seguro de tener en muy poco tiempo la ocasión más espléndida para una revolución que jamás haya tenido, que entre él reina una orden general: «Evitad todas las trifulcas pequeñas, someteos a cualquier cosa que no os plantee una cuestión vital». Así, con todos sus esfuerzos, el otro día, cuando se derribaron los árboles de la libertad, el gobierno no logró provocar a los obreros ni a una mezquina refriega callejera, y los individuos que danzaban en torno al árbol de la Porte Saint-Martin, y que vuestro London Illustrated News describió de manera tan espantosa, no eran sino un grupo de espías de la policía que perdieron toda la faena de la jornada gracias a la sangre fría del pueblo.* ! Así, a pesar de lo que digan en contrario los periódicos gubernamentales, el 24 de este mes transcurrirá muy tranquilamente. El gobierno daría casi cualquier cosa por tener un motín en París, con algunas conspiraciones y brotes ficticios en los departamentos, a fin de imponer el estado de sitio a la capital y a aquellos departamentos que, el 10 de marzo, habrán de elegir nuevos diputados en lugar de los condenados de Versalles.

Una palabra sobre el nuevo sistema de despotismo militar.* 2 Para mantener a las provincias en servidumbre, el gobierno ha inventado el nuevo sistema de comandantes en jefe. Han reunido varias de las diecisiete divisiones militares de Francia en cuatro grandes circunscripciones, cada una de las cuales debe quedar bajo el mando de un general que, así, dispone casi del poder arbitrario de un sátrapa oriental o de un procónsul romano. Estos cuatro distritos militares están dispuestos de tal modo que rodean a París y todo el centro de Francia, por así decirlo, con un círculo de hierro, para mantenerlo sojuzgado. Esta medida, tan ilegal como es, ha sido adoptada sin embargo no solo por razón del pueblo, sino también por la oposición burguesa. Los partidos legitimista y orleanista ven ahora con suficiente claridad que Luis Napoleón los está sirviendo muy mal. Lo querían como un medio para la restauración de la monarquía, como un instrumento que se aparta cuando está desgastado, y ahora lo ven aspirar a un trono para sí mismo y avanzar mucho más aprisa de lo que ellos quieren. Saben perfectamente que en este momento no hay posibilidad alguna para la monarquía y que deben esperar; y, sin embargo, Luis Napoleón hace todo cuanto está en su mano para alcanzar un arreglo y arriesgar una revolución que puede costarle la cabeza, en vez de aguardar su hora. Saben también que ninguno de los dos partidos, legitimista u orleanista, ha ganado tanto terreno sobre el otro como para hacer de la victoria de uno de los dos una necesidad innegable; y, al igual que antes del 10 de diciembre de 1848, quieren otro hombre neutral que, mientras aguardan el curso de los acontecimientos, pueda gobernar según los intereses comunes de ambos. Así, estos dos partidos, las únicas fracciones importantes de los partidarios del orden, están ahora en contra de la prolongación de la presidencia de Luis Napoleón, aunque hace cuatro meses lo habrían hecho todo para conseguirla; se muestran de nuevo, por una vez, favorables al terreno neutral de la república, con el general Changarnier como presidente. Changarnier parece estar en la conspiración; y Napoleón, que no confía en él pero no se atreve a destituirlo de su proconsulado en París, ha puesto los cuatro distritos militares como un grillete en torno a él. Esto puede explicar por qué el discurso del señor Pascal Duprat (un traidor de junio del 48, que ahora corteja de nuevo la popularidad)* contra el nuevo sistema militar y contra el propio Luis Napoleón fue escuchado con mucha tolerancia por la mayoría. Ocurrieron dos incidentes curiosos en esta ocasión. Cuando el señor Duprat dijo, según un periódico, que Luis Napoleón tenía que elegir entre la posición de su tío* o la de Washington, una voz de la izquierda gritó: «¡o la del emperador Soulouque de Haití!». Una carcajada general saludó esta comparación del aspirante a emperador francés con un personaje que a todos ofrece la mayor materia de burla para los Charivari de París; y, a pesar de ello, ni el propio presidente de la Asamblea intervino. ¡Veis lo que incluso esta preciosa mayoría piensa de Luis Napoleón! El ministro de la Guerra* se levantó entonces y, volviéndose hacia la izquierda, concluyó un discurso violentísimo con estas palabras: «Y ahora, caballeros, si quieren empezar, ¡estamos listos!».* Esta expresión del ministro os mostrará mejor que nada cuán generalmente se espera una lucha violenta.

Entretanto, el partido socialdemócrata se prepara activamente para las elecciones. Aunque hay alguna probabilidad de que los «honrados y moderados» elijan a uno o dos de sus candidatos en París, donde unos sesenta mil obreros han sido borrados del censo electoral bajo diversos pretextos, no cabe duda de que los socialistas obtendrán un triunfo señalado en los departamentos. El propio gobierno lo espera. Por eso han preparado una medida para acabar con lo que ahora se llama abiertamente la conspiración del «sufragio universal». Se proponen hacer el sufragio indirecto: que los electores elijan un número limitado de compromisarios, quienes a su vez designen al representante. En esto el gobierno está seguro del apoyo de la mayoría. Pero como esto equivale a una subversión abierta de la constitución, que no puede ser revisada antes de 1851 y por una asamblea elegida al efecto, esperan una resistencia violenta por parte del pueblo. A este, por tanto, se le ha de intimidar haciendo que los ejércitos extranjeros hagan su aparición en el Rin en el momento en que esa medida sea presentada a la Cámara. Si esto realmente ocurre —y Luis Napoleón parece suficientemente necio como para arriesgarse a tal cosa— entonces podéis esperar oír algo así como el trueno de una revolución. ¡Y entonces, que el Señor tenga piedad de las almas de todos los Napoleones, Changarniers y partidarios del orden!

IV

LAS ELECCIONES.—GLORIOSA VICTORIA DE LOS ROJOS.—
ASCENDIENTE PROLETARIO.—CONSTERNACIÓN DE LOS PARTIDARIOS DEL ORDEN.—
NUEVOS PLANES DE REPRESIÓN
Y PROVOCACIONES A LA REVOLUCIÓN

[The Democratic Review, abril de 1850]
París, 22 de marzo de 1850

¡Victoria! ¡Victoria! El pueblo ha hablado, y ha hablado tan alto que el artificial edificio del dominio burgués y de las intrigas burguesas ha sido sacudido en sus cimientos. Carnot, Vidal, Deflotte, representantes del pueblo por París, elegidos con 127.000 a 132.000 votos: he ahí la respuesta del pueblo a las odiosas provocaciones del gobierno y de la mayoría parlamentaria. Carnot, el único hombre de la fracción del «National» que, bajo el gobierno provisional, en vez de adular a la burguesía, atrajo sobre su cabeza una buena porción de su odio; Vidal, un comunista abiertamente declarado desde hace mucho tiempo; Deflotte, vicepresidente del club de Blanqui, uno de los más destacados y activos invasores de la Asamblea el 15 de mayo de 1848,* y en junio siguiente uno de los principales combatientes en las barricadas, condenado a la deportación y que ahora pasa directamente de los pontones al palacio legislativo…, realmente ¡esta composición es significativa! Demuestra que, si el triunfo del partido rojo se debe a la unión de la clase de los pequeños comerciantes con los proletarios, esta unión se basa en términos totalmente distintos a aquella alianza momentánea que produjo el derrocamiento de la monarquía. Entonces fue la clase de los pequeños comerciantes, la pequeña burguesía, la que en el gobierno provisional, y más aún en la Asamblea Constituyente, tomó la dirección, y muy pronto puso a un lado la influencia de los proletarios. Ahora, por el contrario, los obreros son los dirigentes del movimiento, y la pequeña burguesía, igualmente oprimida y arruinada por el capital y recompensada con la bancarrota por los servicios prestados en junio de 1848, se ve reducida a seguir la marcha revolucionaria de los proletarios. Los campesinos del campo están en la misma posición, y así toda la masa de las clases que hoy se oponen al gobierno —y forman la inmensa mayoría de los franceses— está encabezada y dirigida por la clase proletaria, y se ve obligada a confiar, para su propia emancipación de la presión del capital, en la emancipación total y completa de los obreros.

[V]

[The Democratic Review, mayo de 1850]
París, 20 de abril de 1850

También las elecciones en los departamentos han sido muy favorables al partido rojo. Este ha hecho triunfar a dos tercios de sus candidatos; el partido del orden, a un tercio.

Este partido, o conglomerado de partidos, ha comprendido admirablemente la clara advertencia que el pueblo le ha dado. Ahora ven la ruina segura ante sus ojos si permiten que las elecciones generales de 1852, tanto para la Asamblea como para el nuevo presidente, se lleven a cabo con el actual sistema de sufragio. Saben que el pueblo se agrupa con tal rapidez en torno a la bandera roja, que les será imposible seguir gobernando siquiera hasta esa fecha. De un lado, el presidente y la Asamblea; del otro, la masa inmensa del pueblo, que cada día se organiza con más fuerza en una falange invencible. El conflicto es, pues, inevitable; y cuanto más esperen los del orden, mayor será la esperanza de victoria para el pueblo. Lo saben, y por eso tienen que asestar el golpe decisivo cuanto antes. Provocar lo antes posible una insurrección y combatirla al máximo: tal es la única probabilidad que les queda.

La “Santa Alianza”, por lo demás, después de las elecciones del 10 de marzo, ya no puede abrigar dudas sobre el camino que ha de seguir. Suiza queda ahora fuera de cuestión. La Francia revolucionaria vuelve a erguirse ante ella en toda su terrible grandeza. A Francia, pues, hay que atacarla, y cuanto antes. La “Santa Alianza” anda escasa de dinero, y hay muy pocas probabilidades de obtener nuevos suministros de esa apetecible mercancía. Los distintos ejércitos no pueden mantenerse mucho más tiempo en sus casas; tienen que ser licenciados o hacerse mantener acantonándose en país enemigo. Como veis, si en mi última carta os dije que la revolución y la guerra se aproximaban a grandes pasos, los acontecimientos confirman plenamente mi predicción.

Los partidarios del orden han vuelto a dejar de lado momentáneamente sus querellas de partido. Se han reunificado para atacar al pueblo. Cambian la guarnición de París, cuyas tres cuartas partes votaron por la lista roja; y ayer el gobierno presentó a la Asamblea una ley restableciendo el timbre de los periódicos, otra ley que duplica la fianza que han de depositar todos los periódicos y una tercera que suspende la libertad de las reuniones electorales. Seguirán otras leyes: una que confiera a la policía la facultad de expulsar de París a todo obrero que no haya nacido allí; otra que autorice al gobierno a deportar sin juicio a Argelia a todo ciudadano que sea convicto de pertenecer a una sociedad secreta, y muchas más, todo ello coronado por un ataque más o menos directo contra el sufragio universal. Como veis, provocan la revuelta derribando a cañonazos todos los derechos y privilegios de las clases trabajadoras. La revuelta vendrá, y el pueblo, unido a la masa de la Guardia Nacional, derribará muy pronto ese infame gobierno de clase que, en su total impotencia para hacer otra cosa que oprimir odiosamente, tiene sin embargo la desvergüenza de llamarse a sí mismo “¡Salvador de la Sociedad”!

V

[The Democratic Review, mayo de 1850]
París, 20 de abril de 1850

El estallido de la revolución, inevitable desde las elecciones del 10 de marzo, ha sido diferido por la cobardía tanto del gobierno como de los hombres que, por el momento, han tomado la dirección del movimiento de París. El gobierno y la Asamblea Nacional quedaron tan aterrorizados por la votación del 10 de marzo y por las repetidas pruebas de espíritu de sedición en el ejército, que no se atrevieron a llegar inmediatamente a conclusión alguna. Resolvieron aprobar nuevas leyes represivas, de las que os di una lista en mi última carta; pero si el ministerio y algunos de los jefes de la mayoría tenían confianza en esas medidas, la masa de los diputados no la tenía, y hasta el propio gobierno volvió a perder muy pronto su confianza. Así, las leyes represivas más severas no fueron presentadas, e incluso las que lo fueron —las leyes sobre la prensa y sobre las reuniones electorales— tropezaron con una acogida muy dudosa por parte de la mayoría.

El partido socialista, por su lado, no sacó de la victoria el provecho que debería haber sacado. La razón es muy clara. Este partido no se compone sólo de los obreros, sino que abarca ahora también a la gran masa de la clase de los tenderos, una clase cuyo socialismo es ciertamente mucho más manso que el de los proletarios. Los tenderos y los pequeños comerciantes saben muy bien que su propia salvación de la ruina depende por completo de la emancipación de los proletarios, que sus intereses están indisolublemente ligados a los de los obreros. Pero saben también que, si los proletarios conquistaran el poder político mediante una revolución, ellos, los tenderos, serían por completo arrinconados y se verían reducidos a aceptar de manos de la clase obrera lo que ésta quisiera darles. Si, por el contrario, el actual gobierno fuese derribado por medios pacíficos, los tenderos y pequeños comerciantes, por ser la clase menos mal vista de cuantas ahora están en la oposición, se instalarían muy tranquilamente en el poder, concediendo al mismo tiempo a los obreros la menor parte posible. La clase de los pequeños comerciantes estaba, pues, tan aterrorizada por su propia victoria como el gobierno lo estaba por su propia derrota. Veían alzarse ante sus ojos una revolución y se esforzaron inmediatamente por impedirla. Para ello tenían a mano un medio. El ciudadano Vidal, además de ser elegido por París, había sido elegido también por el Bajo Rin. Consiguieron que aceptara el escaño por el Bajo Rin, y así habrá de celebrarse una nueva elección en París. Pero es evidente que, mientras se le ofrezca al pueblo la oportunidad de obtener victorias pacíficas, jamás lanzará su grito “¡a las armas!”; o si, no obstante, se le provoca a una émeute, luchará con muy pocas probabilidades de vencer.

La nueva elección fue fijada para el 28 de este mes; y el gobierno se aprovechó inmediatamente de la posición favorable creada por la amable tenderocracia. Los ministros desenterraron viejos reglamentos de policía para expulsar de París a cierto número de obreros, momentáneamente sin trabajo, y demostraron que podían pasarse incluso sin la propuesta ley contra las reuniones electorales, poniendo fin directamente a todas ellas. El pueblo, sabiendo que en vísperas de una elección no podía luchar con ventaja, se sometió. La prensa social y democrática, enteramente en manos de la tenderocracia, hizo, naturalmente, todo lo posible por mantenerlo tranquilo. El comportamiento de esta prensa, desde el asunto de los “árboles de la libertad”, ha sido de lo más infame. Ha habido infinidad de ocasiones para que el pueblo se sublevara; pero la prensa ha predicado siempre paz y tranquilidad, mientras los representantes de la tenderocracia en el comité electoral y en otros cuerpos organizados han sabido siempre disminuir las probabilidades de una victoria callejera, ofreciendo salidas pacíficas a la exasperación popular.

La falsa posición a que ha sido arrastrado el partido rojo, y la ventaja que la nueva elección ha dado a los del orden, la muestran plenamente los nombres de los dos candidatos rivales. El candidato rojo, Eugène Sue, es un excelente representante de ese socialismo tenderocrático sentimental, bienintencionado, zalamero, que, lejos de reconocer la misión revolucionaria de los proletarios, prefiere emanciparlos en farsa bajo el benévolo patronazgo de la clase de los pequeños comerciantes. Como hombre político, Eugène Sue es una nulidad; como demostración, su candidatura es un paso atrás desde la posición conquistada el 10 de marzo. Pero hay que confesar que, si el socialismo sentimental ha de llevarse los honores del día, su nombre es el más popular que podía presentarse, y tiene grandes probabilidades de ser elegido.

Los partidarios del orden, por su parte, se han repuesto hasta el punto de oponer a Eugène Sue, cuyo nombre no significa nada o muy poco, un nombre que lo significa todo: el señor Leclerc, el lacedemonio burgués de la insurrección de junio.*6 Leclerc es una réplica directa a Deflotte y una provocación directa a los obreros, más directa que cualquier otro nombre pudiera serlo. Leclerc, candidato por París: eso es una repetición de las palabras del general d’Hautpoul: “¡Ahora, señores, cuando gusten bajar a la calle, estamos preparados!”

La elección repetida en París, como veis, no ofrece ventaja alguna, sino que, por el contrario, ha colocado ya al partido proletario en gran desventaja. Pero aún hay otro hecho que señalar. La elección del 10 de marzo se hizo con las antiguas listas; la del 28 de abril se va a efectuar con las nuevas listas electorales revisadas para 1850, que entraron en vigor el 1 de abril; y en esta lista revisada hay de veinte a treinta mil obreros borrados con diversos pretextos.

No obstante, aun cuando esta vez obtengan los del orden una pequeña mayoría, no serán ellos los gananciosos. El hecho subsiste: con sufragio universal no pueden ya gobernar Francia. El hecho subsiste: el ejército está en gran parte infestado por el socialismo y no aguarda más que una ocasión para la abierta rebelión. El hecho subsiste: los obreros de París están más animados que nunca a poner fin al estado actual de cosas. Nunca antes se habían manifestado tan abiertamente como esta vez en las reuniones electorales, hasta que fueron suprimidas. Y el gobierno, obligado a atacar el sufragio universal, les dará con ello al pueblo una ocasión para un combate en el que los proletarios tienen la certeza de la victoria.

VI

[The Democratic Review, junio de 1850]
[Fines de mayo de 1850]

“Si los proletarios permiten que se les arrebate el sufragio, aceptan por lo que a ellos respecta la aniquilación de la Revolución de Febrero. Para ellos, la república dejará de existir. Quedarán excluidos de ella. ¿Lo consentirán?

“La ley ciertamente se aprobará. No se le quitará ni un ápice. La voluntad de la mayoría, en este punto, se ha manifestado ya con claridad.*8 Y en la situación actual, nadie puede decir lo que vendrá después, si el pueblo se levantará y derribará al gobierno y a la Asamblea o si esperará otra ocasión. París parece tranquilo; no hay señal directa de una revolución próxima; pero bastará una chispa para provocar una explosión tremenda.

“Esa explosión ya se habría producido, de no ser por la conducta traidora de los jefes populares, que no han hecho más que predicar ‘paz’, ‘tranquilidad’ y ‘calma majestuosa’. Esto, sin embargo, no puede durar mucho. La situación de Francia es eminentemente revolucionaria. Los del orden no pueden sostenerse donde están. Para mantenerse han de dar cada día un paso adelante. Si esta ley se aprueba sin provocar una revolución, se lanzarán con nuevos ataques, más violentos y más directos, contra la constitución y la República. Quieren una émeute, y tendrán una revolución, y además pronto. Pues hay que tener presente que esto es cuestión de semanas, quizás de días, no de años.”

VII

[The Democratic Review, julio de 1850]
París, 22 de junio de 1850

La ley de “reforma” electoral ha sido aprobada y el pueblo de París no se ha movido. El sufragio universal ha sido destruido sin el más leve intento de perturbación o manifestación, y los obreros de Francia vuelven a ser lo que eran bajo Luis Felipe: parias políticos, sin derechos reconocidos, sin votos, sin fusiles.

Es realmente un hecho curioso que el sufragio universal en Francia, conquistado fácilmente en 1848, haya sido aniquilado con mucha mayor facilidad en 1850. Sin embargo, estos altibajos corresponden bastante bien al carácter francés, y ocurren con mucha frecuencia en la historia de Francia. En Inglaterra, semejante cosa sería imposible. El sufragio universal, una vez establecido allí, se habría conquistado para siempre. Ningún gobierno osaría tocarlo. Piénsese tan sólo en el ministro que fuera lo bastante insensato para considerar seriamente el restablecimiento de las leyes de cereales. Las inmensas carcajadas de toda la nación lo derribarían.

El pueblo de París ha cometido, sin duda, un grave error al no aprovechar la ocasión de insurrección que le brindaba la destrucción del sufragio universal. El ejército estaba bien dispuesto, la pequeña burguesía se veía forzada a marchar con el pueblo, y la Montaña, más aún, incluso el partido de Cavaignac sabía que, en caso de una insurrección derrotada, inevitablemente sufrirían las consecuencias, tanto si se ponían al lado del pueblo como si no. Así, por lo menos, el apoyo moral de la pequeña burguesía y de sus órganos parlamentarios, la Montaña, era seguro esta vez, tan pronto como la insurrección hubiera estallado; y con ello se quebrantaría la resistencia de una gran parte del ejército. Pero se ha dejado pasar la ocasión, en parte por la cobardía de los jefes parlamentarios y de la prensa, en parte por el peculiar estado de ánimo en que se halla actualmente el pueblo de París.

Los trabajadores de la capital se hallan actualmente en un estado de transición. Los distintos sistemas socialistas que hasta ahora se han discutido entre ellos ya no les bastan; y hay que confesar que, tomando en su conjunto todo el socialismo sistemático francés, no contiene mucho de naturaleza verdaderamente revolucionaria. Por otra parte, el pueblo, tantas veces engañado por sus jefes, tiene una desconfianza tan profunda hacia todos los hombres que alguna vez han actuado como dirigentes suyos —sin exceptuar siquiera a Barbés o a Blanqui—, que está resuelto a no hacer movimiento alguno con el fin de llevar a esos dirigentes al poder. De este modo, todo el movimiento de la clase obrera está a punto de adoptar un aspecto diferente, mucho más revolucionario. El pueblo, una vez que piense por sí mismo, liberado de la vieja tradición socialista, encontrará pronto fórmulas socialistas y revolucionarias que expresarán sus necesidades e intereses con mucha mayor claridad que todo lo inventado para ellos por autores de sistemas y por dirigentes declamadores. Y entonces, llegado así a la madurez, el pueblo volverá a estar en condiciones de aprovechar el talento y el valor que aún puedan hallarse entre los antiguos dirigentes, sin convertirse en la cola de ninguno de ellos. Y este estado del espíritu popular en París explica la indiferencia mostrada por el pueblo ante la destrucción del sufragio universal. La gran lucha queda aplazada para el día en que uno de los dos poderes rivales del Estado, o ambos, el Presidente o la Asamblea, intenten derribar la República.

Y este día no puede tardar en llegar. Recordáis lo que se jactaban todos los periódicos reaccionarios acerca del cordial entendimiento entre el Presidente y la mayoría. Pues bien, este cordial entendimiento acaba de resolverse en la lucha más mortífera entre los dos rivales. Al Presidente se le ha prometido, como precio de su adhesión a la Ley Electoral, un aumento anual de su sueldo de 3.000.000 de francos (120.000 libras esterlinas), aumento que el endeudado Luis Napoleón necesitaba de la manera más terrible, además de considerarse como el paso preliminar para la prolongación de su presidencia por diez años. Apenas fue aprobada la Ley Electoral, los ministros entraron en escena y pidieron los tres millones al año. Pero de repente la mayoría se asustó. «Ellos, que ya no consideran al imbécil de Luis Napoleón como un serio pretendiente, lejos de estar dispuestos a consentir la prolongación de su presidencia, quieren, por el contrario, desembarazarse de él lo antes posible.» Nombran una comisión especial para que dictamine sobre el proyecto de ley, y esa comisión se pronuncia en contra de su adopción. Gran consternación en el Elíseo Nacional. Napoleón amenaza con abdicar. Es inminente una colisión de suma gravedad entre los dos poderes del Estado. El ministerio, un grupo de banqueros, varios otros «amigos del orden» interceden, sin resultado. Se proponen varias «transacciones»; en vano. Por fin se llega a una enmienda que parece satisfacer a todas las partes más o menos. La mayoría, no muy segura de las consecuencias de una ruptura con el Presidente y sin haber concluido aún del todo el pacto que ha de unir a legitimistas y orleanistas en un solo partido, parece retroceder un poco y mostrarse dispuesta a conceder el dinero bajo otra forma. La discusión ha de tener lugar el lunes; nadie puede decir cuál será el resultado. Sin embargo, creo que una ruptura seria con Napoleón no entra todavía en la línea política de la mayoría realista.

Del pacto que ha de unir a orleanistas y legitimistas, la rama menor y la rama mayor de la casa de Borbón, se habla ahora más que nunca. Es un hecho que se llevan a cabo negociaciones muy activas acerca de este asunto. El viaje de los señores Thiers, Guizot y otros al lecho de muerte de Luis Felipe, en St. Leonards, no tuvo otro objeto que éste. No os repetiré las distintas versiones sobre el estado de este negocio y los resultados obtenidos por el mencionado viaje. Los diarios han dicho al respecto más que suficiente. Un hecho, sin embargo, es que los partidos orleanista y legitimista están en Francia bastante de acuerdo en cuanto a las condiciones, y la única dificultad consiste en que estas condiciones sean adoptadas por las dos ramas rivales. Enrique, duque de Burdeos, será proclamado rey, y como no tiene hijos, la adopción del conde de París, nieto de Luis Felipe y heredero del trono por sucesión regular, es cosa casi natural y que no ofrece dificultades. La bandera tricolor, además, será mantenida. La muerte esperada del viejo Luis Felipe facilitaría esta solución. Parece que él se ha sometido a ella, y el duque de Burdeos también parece haber aceptado el acuerdo. Se dice que la duquesa de Orleans, madre del conde de París, y su cuñado, Joinville, son los únicos obstáculos en el camino de un arreglo. Luis Napoleón será liquidado con diez millones en dinero contante y sonante.

No cabe duda de que se llegará finalmente a este arreglo o a otro semejante; y apenas se haya logrado, se seguirá el ataque directo contra la República. Entre tanto, los consejos generales de los departamentos iniciarán un compromiso preliminar. Se los acaba de convocar antes de su período ordinario de sesiones, y se espera que pidan a la Asamblea Nacional la revisión de la constitución. La misma cosa se consideró el año pasado, pero los propios consejos la estimaron prematura. No hay duda de que esta vez mostrarán considerablemente más audacia, sobre todo después del golpe afortunado contra el sufragio. Y entonces llegará la ocasión para que el pueblo demuestre que, si se ha abstenido de mostrar su poder por un tiempo, no está dispuesto a dejarse arrojar hacia atrás, a la época más infame de la Restauración.

P. D. —Acabo de leer un pequeño folleto vendido a tres sous (medio penique) y distribuido gratuitamente con La République. Este folleto contiene las revelaciones más sorprendentes sobre los complots y las conspiraciones de los realistas, desde la primavera de 1848. Es obra de un tal Borme, testigo interrogado en el proceso de Barbés y Blanqui en Bourges. Él mismo confiesa ser un agente realista a sueldo, que cometió grueso perjurio en el citado proceso. Sostiene que todo el movimiento del 15 de mayo de 1848 tuvo su origen en los realistas, y otras muchas cosas de carácter sumamente curioso. Hay algo también referente a The Times. Borme da su nombre y dirección. Vive en París. El folleto es de esos que han de provocar aún más revelaciones. Llamo sobre él vuestra más viva atención.

VIII

[The Democratic Review, August 1850]
París, 23 de julio de 1850

Como yo había anticipado en mi última carta, la dotación a Luis Bonaparte fue finalmente aprobada por la Asamblea; en el fondo, otorgándole la suma que quería; en la forma, humillándolo profundamente a los ojos de toda Francia. La Asamblea reanudó a continuación su labor de represión, ocupándose de la ley de prensa. Por atroz que fuera esta ley tal como salió de las manos de su autor, M. Baroche, era inocua e inofensiva comparada con lo que el rencor de la mayoría ha hecho de ella. La mayoría, en su odio furioso e impotente contra la prensa, ha asestado sus golpes casi a ciegas, sin preocuparse de si alcanzaba a la prensa «buena» o a la «mala». Así se ha promulgado la «ley del odio». Se eleva la fianza. Se restablece el sello para los periódicos. Se impone un sello adicional al «roman-feuilleton», esa parte del periódico dedicada a la publicación de novelas, medida que resultaría completamente incomprensible si no fuera una respuesta a la elección de Eugène Sue, cuyas novelas socialistas aún no han sido olvidadas por la mayoría. Todas las obras publicadas por entregas semanales o mensuales de menos de un cierto tamaño quedan sujetas al sello del mismo modo que los periódicos. Y, por último, cada párrafo que aparezca en un periódico deberá ir provisto de la firma de su autor.

Esta ley, tal como la furia ciega de la mayoría la ha hecho, cae con peso no sólo sobre la prensa socialista y republicana, sino también sobre la prensa contrarrevolucionaria; y quizá mucho más pesadamente sobre ésta que sobre la prensa de oposición. Los nombres de los escritores republicanos son bien conocidos, y poco importa que firmen o no sus párrafos; pero oblíguese al Journal des Débats, a la Assemblée nationale, al Pouvoir, al Constitutionnel, etc., a aparecer con los nombres de sus colaboradores, y sus editoriales perderán inmediatamente toda influencia incluso sobre su propio público. El nombre de un gran diario, sobre todo si es antiguo, es, para la gente respetable, siempre una firma respetable; pero dejad que esas firmas, Bertin y Cía., Véron y Cía., Delamarre y Cía., se disuelvan en sus componentes literarios, dejad que ese misterioso «y Cía.» se descomponga en venales «gacetilleros a tanto la línea» de viejo cuño, que por dinero contante han defendido todas las causas posibles, como Granier de Cassagnac, o en tontas mujeres viejas que se tienen por estadistas, como Capefigue, dejad que todos los hombrecitos que alzan la voz y sueltan largos artículos salgan a la luz del día bajo la nueva ley, y veréis qué triste figura hará la prensa respetable.

Es cierto que, con la nueva ley, el encarecimiento de los periódicos excluirá a una clase muy numerosa de lectores de este modo de obtener información. Tanto los periódicos como las publicaciones periódicas baratas y otras publicaciones populares quedarán fuera del alcance de numerosos obreros y, en particular, de la mayoría de la gente del campo. Pero la prensa no fue siempre más que un medio auxiliar para agitar al campesinado; esta clase es mucho más sensible a sus propios padecimientos materiales y al aumento de los impuestos que a las declamaciones de la prensa; y mientras el actual gobierno burgués no encuentre los medios —que jamás podrá encontrar— para aliviar el peso de la usura y de los impuestos sobre el campesinado, mientras eso dure, habrá descontento y «tendencias revolucionarias» manifiestas en esta clase recién despertada. En cuanto a los obreros de las ciudades, no se les puede excluir por completo de la lectura de los periódicos, y si se suspenden las publicaciones periódicas baratas, lo compensarán aumentando las sociedades secretas, los clubes de debate secretos, etc. Pero si el gobierno, en lo tocante a disminuir el número de panfletos y publicaciones periódicas revolucionarias, ha obtenido algún resultado, lo ha obtenido a costa de arruinar todo el comercio editorial y de librería; pues es imposible que estos ramos puedan subsistir bajo las restricciones que impone la nueva ley. Y así, es muy probable que esto contribuya en gran medida a deshacer el partido del orden, tanto dentro como fuera de la Asamblea.

Apenas votada la ley de prensa, la Asamblea procedió a dar a Luis Napoleón otra clara advertencia de que no había de exceder los límites que la constitución le había fijado. El periódico bonapartista Le Pouvoir había publicado un artículo que comentaba a la Asamblea en términos no muy favorables. Se desenterró una vieja ley de la Restauración, y el editor del Pouvoir fue llevado ante la barra por desacato al privilegio y condenado a una multa de 5.000 francos (200 libras esterlinas), multa que, por supuesto, fue pagada de inmediato. La pena no fue muy severa, pero el acto de la Asamblea fue suficientemente significativo. «Golpeamos bajo, pero queremos apuntar más alto», dijo un diputado, y fue calurosamente aplaudido.

La Asamblea resolvió entonces suspender sus sesiones por tres meses, a partir del 11 de agosto próximo. Según lo dispuesto por la constitución, debía elegir una comisión de veinticinco miembros, que permanecería en París durante la suspensión y vigilaría al poder ejecutivo. Los jefes de la mayoría, creyendo a Luis Napoleón suficientemente humillado, redactaron una lista de estos candidatos en la que no figuraban más que miembros de la mayoría: orleanistas, legitimistas moderados, algunos bonapartistas, ningún republicano ni ultralegitimista. Pero en la votación todos los bonapartistas fueron rechazados, y en su lugar resultaron elegidos algunos republicanos moderados y varios ultralegitimistas, mostrando así de nuevo la disposición de la Asamblea a no tolerar el golpe de Estado con el que Luis Napoleón sueña siempre.

No espero que ocurra nada grave hasta que se haga el experimento de derribar la República; ya sea por el presidente, ya por una de las facciones monárquicas. Esto, sin duda, despertaría al pueblo de su letargo; y es un acontecimiento que ha de tener lugar de aquí a mayo de 1852, pero en qué momento preciso es imposible predecirlo.