Colonia, 19 de julio. Creíamos que hoy podríamos entretener una vez más a nuestros lectores con los debates de la Asamblea de Acuerdo, en particular presentándoles el brillante discurso del diputado Baumstark,* pero los acontecimientos nos lo impiden.

La caridad bien entendida empieza por uno mismo. Cuando la existencia de la prensa está amenazada, incluso el diputado Baumstark queda abandonado.

El señor Hansemann ha presentado a la Asamblea de Acuerdo un proyecto de ley provisional de prensa. La solicitud paternal del señor Hansemann hacia la prensa exige una consideración inmediata.

En otros tiempos, el Code Napoléon era hermoseado con los epígrafes más edificantes del derecho prusiano. Ahora, después de la revolución, esto ha cambiado: ahora, el derecho prusiano se enriquece con las flores más fragantes del Code y de las Leyes de Septiembre. Duchâtel, por supuesto, no es ningún Bodelschwingh.

Hace ya varios días dimos a conocer los puntos principales del proyecto de ley de prensa.² Apenas nos había brindado un juicio por difamación la ocasión de demostrar que los artículos 367 y 368 del Code pénal se hallan en la más crasa contradicción con la libertad de prensa, cuando el señor Hansemann propone no sólo extenderlos a todo el reino, sino también empeorarlos tres veces. En el nuevo proyecto reencontramos todo cuanto ya se nos ha vuelto querido y valioso por la experiencia práctica:

Hallamos prohibido —bajo pena de prisión de tres meses a tres años— imputar a alguien un hecho que lo hiciera punible por ley o que simplemente lo «expusiera al desprecio público». Hallamos prohibido demostrar la verdad del hecho de otro modo que mediante un «documento legal válido»; en suma, reencontramos los monumentos más clásicos del despotismo napoleónico sobre la prensa.

¡En verdad, el señor Hansemann cumple su promesa de hacer partícipes a las viejas provincias de las ventajas de la legislación renana!

El parágrafo 10 del proyecto corona todas estas disposiciones: en los casos de calumnia dirigida contra funcionarios del Estado con respecto al ejercicio de sus funciones oficiales, la pena ordinaria podrá ser aumentada en la mitad.

Si un funcionario en el ejercicio o con ocasión (à l’occasion) del ejercicio de sus funciones es insultado de palabra (outrage par parole), la pena según el artículo 222 del Código Penal es una condena de prisión de uno a dos años. A pesar de los benévolos esfuerzos del Ministerio Fiscal, este artículo no se había aplicado hasta ahora contra la prensa, y por muy buenas razones. Para remediar esta situación, el señor Hansemann ha transformado este artículo en el citado parágrafo 10. En primer lugar, «con ocasión» se convierte en el más cómodo «con respecto al ejercicio de sus funciones». En segundo lugar, el engorroso par parole se trueca en par écrit. En tercer lugar, la pena se triplica.

A partir del día en que este proyecto se convierta en ley, los funcionarios prusianos podrán relajarse. ¡Si el señor Pfuel marca manos y orejas polacas con cáustico lunar y la prensa lo publica… de cuatro meses y medio a cuatro años y medio de prisión! ¡Si se arroja inadvertidamente a ciudadanos a la cárcel aun sabiendo que no son los que corresponden y la prensa comunica el hecho… de cuatro meses y medio a cuatro años y medio de prisión! ¡Si los Landräte se convierten en commis voyageurs de la reacción y en colectores de firmas para mensajes de adhesión monárquica y la prensa desenmascara a esos señores… de cuatro meses y medio a cuatro años y medio de prisión!

A partir del día en que este proyecto se convierta en ley, los funcionarios podrán cometer impunemente cualquier acto arbitrario, cualquier acto tiránico y cualquier acto ilegal. Podrán propinar palizas tranquilamente u ordenarlas, arrestar y detener a personas sin escucharlas; la prensa, el único control efectivo, habrá sido vuelta ineficaz. El día en que este proyecto se convierta en ley, la burocracia podrá celebrar una fiesta: se habrá vuelto más poderosa, más desenfrenada y más fuerte de lo que era en el período anterior a marzo.

En efecto, ¿qué queda de la libertad de prensa si aquello que merece el desprecio público ya no puede ser expuesto al desprecio público?

Según las leyes vigentes hasta ahora, la prensa podía al menos aducir hechos para apoyar sus afirmaciones y acusaciones generales. Esto se acabará. La prensa ya no informará; sólo le estará permitido hablar en frases generales, de modo que las personas bienintencionadas, desde el señor Hansemann hasta los políticos de cervecería, tendrán derecho a decir que la prensa se limita a injuriar y no prueba nada. ¡Precisamente por eso se prohíbe a la prensa ofrecer pruebas!

Recomendamos, de paso, que el señor Hansemann añada a su bienintencionado proyecto el siguiente complemento. Debería declarar también punible el exponer a los funcionarios al ridículo público, además de castigar su exposición al desprecio público. De lo contrario, esta omisión podría ser dolorosamente lamentada.

No entraremos en detalle en los parágrafos que tratan sobre la obscenidad ni en las regulaciones sobre confiscaciones, etc. Superan lo más granado de la legislación de prensa de Luis Felipe y de la Restauración. Sólo queremos mencionar una disposición: según el parágrafo 21, el fiscal puede solicitar la confiscación no sólo de los materiales ya impresos, sino incluso de un manuscrito que acabe de ser entregado para su impresión, ¡si su contenido contiene un delito o falta que sea perseguible de oficio! ¡Qué vasto campo de actividad para fiscales filantrópicos! ¡Qué encantadora distracción poder ir en cualquier momento a las redacciones de los periódicos y exigir que se les muestre para su examen cualquier «manuscrito que acabe de ser entregado para su impresión», ya que podría ser posible que contuviera un delito o falta!

Comparado con esto, cuán extraño parece el solemne parágrafo del proyecto de Constitución y de los «Derechos Fundamentales de la Nación Alemana» que reza: ¡La censura jamás podrá ser restablecida!