** Colonia, 27 de julio. Las medidas policiales reaccionarias contra el derecho de asociación se suceden golpe sobre golpe.
N.º 58, 28 de julio de 1848
Neue Rheinische Zeitung.

Primero se disuelve la asociación democrática de Stuttgart, luego la de Heidelberg. El éxito envalentona a los señores de la reacción; el gobierno badense disuelve ahora todas las asociaciones democráticas en Baden.

Esto sucede en el preciso instante en que la autotitulada Asamblea Nacional de Fráncfort se ocupa de garantizar el derecho de asociación como uno de los “derechos fundamentales del pueblo alemán” por todos los tiempos.

La condición fundamental del libre derecho de asociación es que ninguna asociación, ninguna sociedad, pueda ser disuelta o prohibida por la policía, que esto sólo pueda suceder a consecuencia de una sentencia judicial que declare la ilegalidad de la asociación o de sus actos y fines, y castigue a los autores de esos actos.

Este camino es naturalmente demasiado largo para la impaciencia reglamentista del señor Mathy. Exactamente como le resultó demasiado aburrido obtener primero una orden de detención o al menos dejarse nombrar comisario especial, cuando, en virtud del gendarme que lleva en su pecho, detuvo al “traidor a la patria” Fickler, tan despreciable e impracticable le parece también ahora la vía judicial, la vía legal.

Los motivos de este nuevo acto de violencia policial son sumamente edificantes. Las asociaciones, según se dice, se habrían adherido a la organización de las asociaciones democráticas para toda Alemania emanada del congreso democrático de Fráncfort. Este congreso habría “planteado la consecución de una república democrática como objetivo” (¡como si eso estuviera prohibido!), “y lo que se entiende por los medios a través de los cuales debe alcanzarse este objetivo se desprende, entre otras cosas, de las simpatías por los insurrectos expresadas en aquellos acuerdos” (¿desde cuándo son las “simpatías” “medios” ilegales?), “así como también del hecho de que el comité central de estas asociaciones negó incluso a la Asamblea Nacional alemana el ulterior reconocimiento y exhorta a provocar una separación formal de la minoría con vistas a la formación de una nueva asamblea por vía ilegal.” Siguen luego los acuerdos del congreso acerca de la organización del partido democrático.

Según el señor Mathy, pues, las asociaciones badenses son responsables de los acuerdos del comité central, incluso si no los ejecutan. Porque si estas asociaciones, a consecuencia de la exhortación del comité de Fráncfort, hubieran efectivamente dirigido un mensaje a la izquierda de la Asamblea Nacional y la hubieran instado a la secesión, el señor Mathy no dejaría de señalarlo. Por lo demás, sobre si la exhortación en cuestión era ilegal, no corresponde decidir al señor Mathy, sino a los tribunales. Y para declarar ilegal la organización del partido en distritos, congresos y comités centrales, hay que ser realmente el señor Mathy. ¿Acaso no se organizan según este modelo las asociaciones constitucionales y reaccionarias?

Pero, ¡claro está!, “parece inadmisible y pernicioso que se socave la base de la constitución y que así todo el edificio estatal se vea sacudido por la fuerza de las asociaciones.”

¡Exactamente para eso, señor Mathy, existe el derecho de asociación, para que se pueda “socavar” impunemente la constitución, en la forma legal, se entiende! Y si la fuerza de las asociaciones es mayor que la del Estado, ¡tanto peor para el Estado!

Exhortamos una vez más a la Asamblea Nacional, si no quiere perder todo prestigio, a poner inmediatamente en estado de acusación al señor Mathy.