Karl Marx en el New York Daily Tribune

Artículos sobre China, 1853-1860

Política inglesa

14 de febrero de 1860

LOS TEMAS más interesantes abordados en los debates sobre la contestación al discurso de la Corona fueron la tercera guerra china, el tratado comercial con Francia y la complicación italiana. La cuestión china, hay que entenderlo, implica no solo una cuestión internacional, sino también una cuestión constitucional de importancia vital. La segunda guerra china, emprendida por orden arbitraria de Lord Palmerston, condujo primero a un voto de censura contra su gabinete y luego a una disolución forzosa de la Cámara de los Comunes; la nueva Cámara, aunque elegida bajo sus propios auspicios, nunca fue llamada a anular la sentencia dictada por su predecesora. Hasta este mismo momento, la segunda guerra china de Lord Palmerston sigue condenada por un veredicto parlamentario. Pero esto no es todo.

El 16 de septiembre de 1859 se recibió en Inglaterra la noticia del rechazo en el Peiho. En lugar de convocar al Parlamento, Lord Palmerston se dirigió a Luis Bonaparte y conversó con el autócrata sobre una nueva expedición anglo-francesa contra China. Durante tres meses, como dice Lord Grey, los puertos y arsenales británicos «han resonado con el estruendo de los preparativos», y se tomaron medidas para enviar artillería, pertrechos y cañoneras a China, así como para despachar grandes fuerzas de no menos de 10.000 hombres, además de las fuerzas navales. Habiendo embarcado así de lleno al país en una nueva guerra, por un lado mediante un tratado con Francia y por otro mediante un vasto gasto incurrido sin comunicación previa alguna al Parlamento, este, al reunirse, es invitado con toda frescura «a agradecer a Su Majestad por haberles informado de lo sucedido y de los preparativos que se estaban haciendo para una expedición a China». ¿Con qué estilo diferente habría podido el propio Luis Napoleón dirigirse a su Cuerpo Legislativo, o el emperador Alejandro a su senado?

En el debate sobre la contestación al discurso de la Corona en la Cámara de los Comunes en 1857, el señor Gladstone, actual Canciller del Exchequer, exclamó indignado con referencia a la guerra de Persia:

«Diré, sin temor a ser contradicho, que la práctica de comenzar guerras sin asociar al Parlamento a las primeras medidas está completamente reñida con la práctica establecida del país, es peligrosa para la Constitución y exige absolutamente la intervención de esta Cámara para hacer del todo imposible la repetición de un proceder tan peligroso».

Lord Palmerston no solo ha repetido el proceder «tan peligroso para la Constitución»; no solo lo ha repetido esta vez con la anuencia del santurrón señor Gladstone, sino que, como para poner a prueba la fuerza de la irresponsabilidad ministerial, esgrimiendo los derechos del Parlamento contra la Corona, las prerrogativas de la Corona contra el Parlamento y los privilegios de ambos contra el pueblo, ha tenido la osadía de repetir el peligroso proceder dentro de la misma esfera de acción. Su primera guerra china, censurada por el Parlamento, emprende otra guerra china a pesar del Parlamento. Y sin embargo, en ambas Cámaras, solo un hombre tuvo el valor suficiente para hacer frente a esta usurpación ministerial; y, curiosamente, ese hombre pertenece no a la rama popular, sino a la aristocrática de la Legislatura. Ese hombre es Lord Grey. Propuso una enmienda a la contestación al discurso de la Reina en el sentido de que la expedición no debía haberse emprendido antes de conocer la opinión de ambas Cámaras del Parlamento.

La manera en que fue acogida la enmienda de Lord Grey, tanto por el portavoz del partido ministerial como por el líder de la oposición de Su Majestad, es sumamente característica de la crisis política a la que se aproximan rápidamente las instituciones representativas de Inglaterra. Lord Grey concedió que, en sentido formal, la Corona gozaba de la prerrogativa de emprender guerras, pero puesto que a los ministros les estaba vedado gastar un solo penique en cualquier empresa sin la sanción previa del Parlamento, era ley y práctica constitucional que los representantes responsables de la Corona nunca emprendieran expediciones bélicas sin antes haber notificado al Parlamento y haber llamado a este a proveer los fondos para sufragar los gastos que así pudieran ocasionarse. De este modo, si el consejo de la nación lo consideraba oportuno, podía frenar desde el principio cualquier guerra injusta o impolítica proyectada por los ministros. Su Señoría citó luego algunos ejemplos para mostrar cuán estrictamente se observaban antes estas reglas. En 1790, cuando algunos buques británicos fueron apresados por los españoles en la costa noroeste de América, Pitt presentó a ambas Cámaras un mensaje de la Corona solicitando un crédito para hacer frente a los gastos probables. De nuevo, en diciembre de 1826, cuando la hija de Don Pedro solicitó ayuda a Inglaterra contra Fernando VII de España, quien proyectaba una invasión de Portugal en beneficio de Don Miguel, Canning presentó un mensaje similar notificando al Parlamento la naturaleza del caso y el monto de los gastos en que probablemente se incurriría. Para concluir, Lord Grey dio a entender claramente que el Ministerio se había atrevido a imponer contribuciones al país sin el consentimiento del Parlamento, ya que los cuantiosos gastos en que ya se había incurrido debían haberse sufragado de un modo u otro, y no podían haberse sufragado sin invadir consignaciones de dinero destinadas a demandas completamente distintas.

Ahora bien, ¿qué clase de respuesta obtuvo Lord Grey de parte del gabinete? El duque de Newcastle, que había sido de los primeros en protestar contra la legalidad de la segunda guerra china de Palmerston, respondió, en primer lugar, que «la práctica muy saludable» había surgido en los últimos años de «no presentar nunca una enmienda a la contestación... a menos que se persiguiera algún objetivo de partido». En consecuencia, no estando Lord Grey movido por motivos facciosos y pretendiendo no aspirar a derribar a los ministros para ponerse él en su lugar, ¿qué diablos –en nombre de la vida del duque de Newcastle– podía pretender al infringir esa «práctica muy saludable de los últimos años»? ¿Era lo bastante maniático como para imaginarse que se iban a romper lanzas si no era por grandes objetivos de partido? En segundo lugar, ¿no era notorio que la práctica constitucional, tan celosamente observada por Pitt y Canning, había sido abandonada una y otra vez por Lord Palmerston? ¿Acaso ese noble vizconde no había llevado a cabo una guerra suya propia en Portugal en 1831, en Grecia en 1850 y, como el duque de Newcastle podría haber añadido, en Persia, en Afganistán y en muchos otros países? Si el Parlamento había permitido a Lord Palmerston arrogarse el derecho de la guerra y la paz y de la imposición de tributos a lo largo de treinta años, ¿por qué entonces iban a tratar de romper de repente con su larga tradición servil? La ley constitucional podía estar del lado de Lord Grey, pero la prescripción estaba indudablemente del lado de Lord Palmerston. ¿Por qué pedir cuentas al noble vizconde a estas alturas, cuando nunca antes se le había castigado por «saludables» innovaciones semejantes? De hecho, el duque de Newcastle parecía más bien indulgente al no acusar a Lord Grey de rebelión por su intento de quebrantar el privilegio prescriptivo de Lord Palmerston de hacer con lo suyo –las fuerzas y el dinero de Inglaterra– lo que le viniera en gana.

Igualmente original fue la manera en que el duque de Newcastle se esforzó por demostrar la legalidad de la expedición del Peiho. Existe un tratado anglo-chino de 1843 en virtud del cual Inglaterra goza de todos los derechos concedidos por los celestiales a las naciones más favorecidas. Ahora bien, Rusia, en su reciente tratado con China, ha estipulado el derecho de navegar por el Peiho. En consecuencia, al amparo del tratado de 1843, los ingleses tenían derecho a dicho paso. Esto, dijo el duque de Newcastle, podía sostenerlo «sin necesidad de grandes alegatos especiales». ¡De veras! Por un lado está la fea circunstancia de que el tratado ruso no fue ratificado, y por tanto data su existencia real, sino de una época posterior a la catástrofe del Peiho. Esto, desde luego, no es más que un leve hysteron próteron. Por otro lado, es de todos sabido que el estado de guerra suspende todos los tratados existentes. Si los ingleses estaban en guerra con los chinos en el momento de la expedición del Peiho, no podían apelar, naturalmente, ni al tratado de 1843 ni a ningún otro tratado. Si no estaban en guerra, el gabinete de Palmerston se ha arrogado el derecho de iniciar una nueva guerra sin la sanción del Parlamento.

Para escapar de este último cuerno del dilema, el pobre Newcastle afirma que, desde el bombardeo de Cantón, en los dos últimos años, «Inglaterra nunca había estado en paz con China». En consecuencia, el Ministerio había proseguido las hostilidades, no las había reanudado, y, en consecuencia, podía, sin necesidad de alegatos especiales, apelar a los tratados vigentes solo en tiempo de paz. Y para realzar la belleza de esta extraña dialéctica, Lord Palmerston, el jefe del gabinete, afirma al mismo tiempo, en la Cámara de los Comunes, que Inglaterra durante todo este tiempo «nunca había estado en guerra con China». No lo estaban ahora. Hubo, por supuesto, bombardeos de Cantón, catástrofes del Peiho y expediciones anglo-francesas, pero no hubo guerra, porque la guerra nunca fue declarada y porque, hasta este momento, el Emperador de China ha permitido que las transacciones en Shanghái prosigan su curso habitual. El hecho mismo de haber quebrantado, respecto a los chinos, todas las formas internacionales legítimas de la guerra, Palmerston lo alega como razón para prescindir también de las formas constitucionales respecto al Parlamento británico, mientras que su portavoz en la Cámara de los Lores, el conde Granville, declara con desdén que «la consulta del Gobierno al Parlamento» es, «con respecto a China», «una cuestión puramente técnica». ¡La consulta del Gobierno al Parlamento, una cuestión puramente técnica!

¿Qué diferencia queda entonces entre un Parlamento británico y un Cuerpo Legislativo francés? En Francia es, al menos, el presunto heredero de un héroe nacional quien se atreve a ponerse en el lugar de la nación y quien, al mismo tiempo, afronta abiertamente todos los peligros de semejante usurpación. Pero en Inglaterra es algún portavoz subalterno, algún cazador de puestos desgastado, algún don nadie anónimo de un llamado gabinete, quien, apoyándose en la fuerza de asno de la mentalidad parlamentaria y en las desconcertantes evaporaciones de una prensa anónima, sin hacer ruido, sin correr peligro alguno, se desliza silenciosamente hacia el poder irresponsable. Tómense por un lado las conmociones provocadas por un Sila; tómense por otro las maniobras fraudulentas y propias de un hombre de negocios del gerente de un banco por acciones, del secretario de una sociedad de beneficencia o del escribano de una parroquia, y se comprenderá la diferencia entre la usurpación imperialista en Francia y la usurpación ministerial en Inglaterra.

Lord Derby, plenamente consciente del igual interés que ambas facciones tienen en asegurar la impotencia y la irresponsabilidad ministeriales, no podía, por supuesto, «coincidir con el noble conde (Grey) en las severas opiniones que tiene sobre los deslices del Gobierno». No podía coincidir del todo con la queja de Lord Grey de que el Gobierno debía haber convocado al Parlamento, de haberlo consultado sobre la cuestión china, pero «ciertamente no lo apoyaría con su voto si insistía en llevar la enmienda a votación».

En consecuencia, la enmienda no fue llevada a votación, y todo el debate, en ambas Cámaras, sobre la guerra china se evaporó en los grotescos cumplidos prodigados por ambas facciones al almirante Hope por haber sepultado tan gloriosamente a las fuerzas inglesas en el fango.