Karl Marx

La nueva ley de reforma británica

["New-York Daily Tribune" N.º 5586 del 17 de marzo de 1859]

Londres, 1 de marzo de 1859

En la tarde del 28 de febrero, el señor Disraeli inició a la Cámara de los Comunes en los secretos de la ley de reforma del gobierno. Sobre la base de la reducción del censo electoral en los distritos rurales de 50 libras esterlinas a 10 libras esterlinas, esta ley puede calificarse brevemente como la ley del señor Locke King, moderada por la privación del derecho de voto a los propietarios libres de 40 chelines residentes en las ciudades, en lo que respecta a su sufragio en los distritos rurales, y adornada con una enrevesada mezcolanza de títulos electorales arbitrarios que, por un lado, son del todo nulos y, por otro, no harían sino reforzar los monopolios de clase existentes. Cuestiones tan importantes como la inclusión de la mayoría del pueblo en el círculo de los electores, la nivelación de los distritos electorales y la protección del sufragio mediante el voto secreto no han sido siquiera tocadas. Cuán acertada es mi caracterización de la ley puede deducirse del siguiente resumen de sus detalles esenciales: El derecho de voto basado en la cuantía del arrendamiento se reduce a una norma uniforme para los distritos electorales rurales y urbanos, es decir, en otras palabras, la cláusula Chandos de la ley de reforma de 1832, que en los distritos rurales solo concedía el derecho de voto a los arrendatarios que pagaban al menos 50 libras esterlinas de arrendamiento, será abolida. El derecho de voto basado en la cuantía del arrendamiento se extiende a todo tipo de propiedad territorial, sin importar si la propiedad incluye o no una casa. La introducción del censo de 10 libras esterlinas para el derecho de voto en los distritos electorales rurales aumentaría, según el cálculo del señor Newmarch, el número de electores en los distritos rurales en 103.000, mientras que el señor Disraeli

estima que el electorado en los distritos rurales aumentará en 200.000 votos. Por otro lado, el derecho de voto de los propietarios libres de 40 chelines permanecería nominalmente sobre su base actual, pero los propietarios libres de 40 chelines que residen en ciudades y que hasta ahora han ejercido su derecho de voto en los distritos rurales en virtud de su propiedad, perderían este privilegio y se verían obligados a emitir su voto en los distritos urbanos en los que residen. De esta manera, alrededor de 100.000 votos pasarían de los distritos rurales a los urbanos, mientras que alrededor de 40.000 o incluso más de estos electores no residentes en los distritos rurales perderían por completo su derecho de voto. Este es el núcleo del nuevo plan. Quitaría al electorado de los distritos rurales con una mano lo que le añade con la otra, y se ocuparía de eliminar toda influencia de las ciudades que estas han ejercido sobre las elecciones en los distritos rurales desde la ley de reforma de 1832 mediante la compra de propiedades libres de 40 chelines. El señor Disraeli, al presentar la ley, se esforzó en un largo discurso por demostrar que en los últimos quince años los habitantes de las ciudades han creado tal cantidad de propiedades libres de 40 chelines, que el número de electores en los distritos electorales rurales que

«no residen en el distrito rural supera ahora al número de los que votan en virtud de la cláusula de arrendamiento», de modo que el día de las elecciones «algunas grandes ciudades vierten sus huestes sobre el campo por ferrocarril y, mediante ciertos acuerdos tomados en la ciudad, sobrepujan en votos a las personas que residen en los distritos rurales».

A esta exposición del noble rural, el señor Bright dio la siguiente respuesta contundente:

«Su propósito es hacer más exclusivos los distritos electorales rurales. Nada parecen temer ustedes más que un buen electorado, particularmente en los distritos rurales. Es un hecho muy notable que en gran parte de Inglaterra, desde hace un tiempo considerable, el electorado en los distritos rurales no ha aumentado, sino que en muchos de ellos ha disminuido. El señor Newmarch ha mostrado que existen once distritos electorales rurales en los que, en el período de quince años, de 1837 a 1852, el electorado se ha reducido en no menos de 2.000 electores; en total, el electorado de los distritos rurales de Inglaterra y Gales creció en esos quince años solo en 36.000, de los cuales más de 17.000 corresponden a Lancashire, Cheshire y el West Riding de Yorkshire. En el resto de Inglaterra, las dificultades para comprar propiedad territorial libre y la magnitud en que se están ampliando las tierras en arrendamiento son tales, que el electorado de casi todos los distritos rurales ha permanecido igual o simplemente se ha reducido.»

Si pasamos ahora de los distritos rurales a los urbanos, llegamos a los nuevos títulos electorales arbitrarios, que en parte provienen de los fallidos proyectos de Lord John Russell de 1852 y 1854, y en parte del genio que urdió las enrevesadas confusiones de la desdichada ley de la India de Lord Ellenborough. En primer lugar, hay unas denominadas habilitaciones electorales por el nivel educativo, las cuales, como observó irónicamente el señor Disraeli, independientemente de los conocimientos científicos, presuponen que en la educación de las clases a las que conciernen «se ha invertido un capital considerable» y que, por tanto, pueden contarse en la categoría general de electores en virtud de la propiedad. El derecho de voto se otorgaría en consecuencia a los graduados universitarios, al clero de la Iglesia anglicana, a los clérigos de todas las demás confesiones religiosas, a los abogados, procuradores y notarios, a los letrados y procuradores, a los médicos, a los maestros con certificado de habilitación docente, en una palabra, a los miembros de las diversas profesiones liberales o, como los llamaban los franceses en la época del señor Guizot, las «capacidades». Dado que la mayor parte de estas «capacidades» ya poseen derecho de voto como arrendatarios de 10 libras esterlinas, es de suponer que con esto el número de electores no aumentaría sensiblemente, pero sí la influencia clerical. Otras nuevas habilitaciones electorales están previstas para 1. arrendatarios o poseedores de cualquier casa, amueblada o no, que rinda un alquiler de 8 chelines semanales o 20 libras esterlinas anuales; 2. personas que, mediante la inversión de patrimonio personal en títulos del Estado o anualidades, acciones de la Compañía de las Indias Orientales o acciones del Banco, obtengan una renta anual de 20 libras esterlinas, o bien reciban una pensión o un sueldo graciable de 20 libras esterlinas anuales por servicios prestados en cualquier rama del ejército, la marina o la administración civil y que ya no desempeñen actividad alguna en ellas; 3. titulares de un haber por valor de 60 libras esterlinas en una caja de ahorros.

A primera vista se advierte que todas estas nuevas habilitaciones electorales, al tiempo que admiten algunos grupos nuevos de la clase media, están urdidas con el propósito expreso de excluir a la clase obrera y mantenerla en el estado actual de «paria» político, como indiscretamente calificó el señor Disraeli a los no electores. Puede considerarse un rasgo nuevo de la oposición surgida en la Cámara de los Comunes que todos los adversarios del ministerio, desde el señor John Bright hasta Lord John Russell, pusieron especial énfasis en este punto como la disposición más censurable de la nueva ley de reforma. El propio señor Disraeli constató:

«cuando en 1831 se presentó la ley de reforma, el objetivo unánimemente reconocido era dar con ello a las clases medias de Inglaterra una posición legítima en el legislativo».

«Bien, señor», dijo Lord John Russell, «cuando abandoné el principio de la definitividad, lo hice por la razón que me pareció la única para intervenir en una disposición tan amplia y complicada como esta, a saber, el hecho de que un gran círculo de personas estaba excluido y que esas personas pertenecían a las clases trabajadoras de este país, las cuales son muy capaces de ejercer el derecho de voto.»

«La ley de 1832», dijo el señor Roebuck, «debía dar influencia a la clase media. Sin las clases trabajadoras, en aquel entonces no se habría conseguido ninguna ley de reforma. Ellas se comportaron de una manera que nunca olvidaré y que las clases medias de Inglaterra no deberían olvidar. Y apelo ahora a las clases medias en nombre de las clases trabajadoras de este país.»

«Yo», dijo el señor Bright, «despreciaría sobremanera a las clases trabajadoras de este país, es más, no solo las despreciaría, sino que perdería toda esperanza en ellas, si opinara que se conformarían con semejante exclusión.»

La exclusión de la clase obrera, unida a la privación del derecho de voto en los distritos rurales para los habitantes de las ciudades que poseen allí propiedad libre: tal es el grito de batalla bajo el cual son atacados la nueva ley de reforma y sus autores, en un momento en que la discordia en el campo ministerial, provocada por la prevista abolición de la cláusula Chandos y que ya encontró expresión visible con la salida de los señores Walpole y Henley del gabinete, no contribuye en modo alguno a reforzar la capacidad defensiva del gobierno.

En lo que respecta a las demás cláusulas de la ley, son relativamente insignificantes. Ningún municipio electoral que hasta ahora haya nombrado un representante perderá este derecho, pero se crearán 15 nuevos escaños parlamentarios, de los cuales el West Riding de Yorkshire recibirá 4, el sur de Lancashire 2 y Middlesex 2, mientras que 7 nuevos diputados podrán ser enviados por las siguientes ciudades, que han crecido considerablemente en los últimos tiempos: Hartlepool, Birkenhead, West Bromwich y Wednesbury conjuntamente, Burnley, Stalybridge, Croydon y Gravesend. Para hacer sitio a estos miembros adicionales del parlamento, 15 distritos electorales cuya población es inferior a 6.000 habitantes estarán representados en la Cámara de los Comunes por un solo miembro en lugar de por dos. Estas son, pues, las formas en que se llevará a cabo la «nivelación» de los distritos electorales.

Se crearán colegios electorales en cada municipio o en agrupaciones de municipios que comprendan no menos de 200 electores; los colegios

electorales adicionales se establecerán a costa de los distritos rurales. Como una especie de compromiso con los partidarios del voto secreto, se prevé que un elector que no desee emitir su voto públicamente pueda recurrir a una papeleta de voto. Esta se enviará al elector a petición suya, será firmada por el mismo en presencia de dos testigos, uno de los cuales deberá ser propietario de una casa, y se remitirá en una carta certificada al comisario electoral. La carta será abierta el día de las elecciones por una persona especialmente autorizada al efecto. Finalmente, se introducirán algunas mejoras en lo relativo al registro de electores en los distritos rurales. No hay un solo periódico londinense, a excepción del «Times» y del órgano del gobierno, que conceda a esta ley alguna perspectiva de éxito.