La cuestión de la emancipación

I

Berlín, 29 de diciembre de 1858

El gran «iniciador» (por emplear un término mazziniano) de la revolución rusa, el emperador Alejandro II, ha dado un nuevo paso adelante. El pasado 13 de noviembre, el Comité Central Imperial para la abolición de la servidumbre [...] firmó por fin su informe al emperador, en el que se sientan las bases sobre las cuales se propone llevar a cabo la emancipación de los siervos. Los principios fundamentales son los siguientes:

I. Los campesinos dejan inmediatamente de ser siervos y entran en un estado de «obligación provisional» respecto a sus terratenientes. Este estado ha de durar doce años, durante los cuales gozan de todos los derechos, personales y de propiedad, de todos los demás súbditos del Imperio sujetos a tributo. La servidumbre, y todos sus atributos, quedan abolidos para siempre, sin que se pague contraprestación alguna a sus antiguos propietarios; pues, dice el informe, la servidumbre fue introducida arbitrariamente por el zar Borís Godunov, creció por un abuso de poder hasta convertirse en parte integrante del derecho común y, habiendo sido creada por la voluntad del soberano, también por la voluntad del soberano puede ser abolida. En cuanto a una contraprestación pecuniaria por su abolición, semejante pago en dinero a cambio de derechos que pertenecen a los campesinos por naturaleza y que nunca debieron haberles sido arrebatados, constituiría, dice el informe, una página vergonzosa, en verdad, en la historia de Rusia.

II. Durante los doce años de obligación provisional, el campesino permanece adscrito a la finca; pero en el caso de que el terrateniente no pueda encontrar para él al menos cinco desiatinas de tierra que cultivar por su cuenta, el campesino queda en libertad de abandonar la finca. La misma libertad se le concede si encuentra a otra persona que cultive su parcela, siempre que pague sus impuestos a la Corona.

III y IV. Toda comunidad aldeana conserva la posesión de las viviendas de sus miembros, con sus cercados, corrales, huertos, etc., por los cuales se paga al terrateniente una renta del 3 por ciento anual sobre el valor tasado. La comunidad tiene el derecho de obligar al terrateniente a que dicho valor sea tasado por una comisión mixta de dos terratenientes y dos campesinos. En el momento en que lo desee, la comunidad puede comprar íntegramente sus viviendas pagando de una vez el valor tasado.

V. Las parcelas de tierra que los terratenientes han de ceder a los campesinos se regulan del siguiente modo: cuando en una finca hay más de seis desiatinas por cada siervo inscrito en ella, cada campesino varón adulto recibe una parcela de tierra de labranza de nueve desiatinas; donde hay menos tierra, se entregan a los campesinos dos tercios de toda la tierra de labranza; y donde hay tantos campesinos en una finca que de esos dos tercios no pueden encontrarse al menos cinco desiatinas para cada varón adulto, la tierra se divide en parcelas de cinco desiatinas, y aquellos que, por sorteo, quedan excluidos de recibir alguna, reciben pasaportes de las autoridades aldeanas y quedan en libertad de ir a donde quieran. En cuanto a la leña, el terrateniente está obligado a proporcionársela a los campesinos de sus bosques, a un precio fijado de antemano.

VI. A cambio de estas ventajas, el campesino ha de prestar a su terrateniente las siguientes corveas: por cada desiatina asignada, diez jornadas de trabajo con caballo y diez sin él (en el caso de nueve desiatinas, 180 jornadas al año). El valor de su corvea se fijará en dinero, en cada gobernación (provincia), según la tasa de que una jornada de corvea se considera equivalente a sólo un tercio de una jornada de trabajo libre. Después de los primeros siete años, una séptima parte de estas corveas, y en cada año siguiente otra séptima parte, podrá conmutarse por una renta en grano.

VII. Los siervos personales, aquellos que no están adscritos a una finca determinada, sino a la mansión familiar o a la persona de su señor, deberán servir a sus señores durante diez años, pero recibirán un salario. Podrán, no obstante, comprar su libertad en cualquier momento, por 300 rublos el hombre y 120 rublos la mujer.

IX. El terrateniente sigue siendo el jefe de la comunidad aldeana y tiene derecho de veto contra sus resoluciones; pero en tal caso cabe apelar ante una comisión mixta de nobles y campesinos.

Tales son los contenidos de este importante documento, que expresa, de manera indirecta, las ideas de Alejandro II sobre la gran cuestión social de Rusia. He omitido el capítulo VIII, que trata de la organización de las comunidades aldeanas, y el X, que se limita a dar las formas legales en que han de redactarse los documentos oficiales relativos a este cambio. Una comparación muy superficial muestra que este informe no es más que una continuación y, en verdad, un relleno del programa que el Comité Central dio a conocer la primavera pasada a las diversas corporaciones de la nobleza en todo el Imperio. Este programa, cuyos diez puntos se corresponden exactamente con los diez capítulos del informe, era, de hecho, un mero formulario preparado para mostrar a los nobles en qué dirección debían actuar y que se esperaba que ellos mismos llenaran. Pero, cuanto más entraban en la cuestión, mayor era su repugnancia; y es muy significativo que, al cabo de ocho meses, el Gobierno se haya visto obligado a llenar él mismo ese formulario y a redactar el plan que se suponía debía ser un acto espontáneo de los nobles.

Hasta aquí la historia del documento arriba mencionado; ahora su contenido.

Si la nobleza rusa no cree que el «4 de agosto» (1789) haya llegado aún y que, por tanto, no haya necesidad de sacrificar sus privilegios en el altar de la patria, el Gobierno ruso va mucho más de prisa; ya ha llegado a la «declaración de los derechos del hombre». En efecto, ¿qué les parece Alejandro II proclamando «derechos que pertenecen a los campesinos por naturaleza y de los cuales nunca debieron haber sido privados»? ¡Verdaderamente, estos son tiempos extraños! ¡En 1846, un Papa iniciaba un movimiento liberal; en 1858, un autócrata ruso, un verdadero samoderzhets vserossiiski, proclama los derechos del hombre! Y ya veremos que la proclamación del zar tendrá un eco tan mundial y un efecto último de magnitud mucho mayor que el liberalismo del Papa.

La primera de las partes con las que se enfrenta este informe es la nobleza. Si se niega a celebrar un 4 de agosto, el Gobierno le dice con suficiente claridad que se verá obligada a hacerlo. Cada capítulo del informe entraña una pérdida material dolorosa para la aristocracia. Una de las maneras en que los nobles han explotado su capital humano era alquilarlo, o permitirle, mediante el pago de una suma anual (obrok), viajar y ganarse la vida como le pluguiera. Esta costumbre convenía admirablemente tanto a los bolsillos de los nobles como al carácter errante del siervo ruso. Era una de las principales fuentes de ingreso para los primeros. Por el capítulo I se propone suprimir esto sin contraprestación alguna. Y no solo eso: por el capítulo II, todo siervo al que el señor no puede asignar cinco desiatinas de tierra de labranza queda libre por su propio derecho y puede ir a donde le plazca. Por los capítulos III a V, el señor se ve privado de la libre disposición de aproximadamente dos tercios de su tierra, y obligado a asignarla a los campesinos. Es verdad que ellos la ocupan ahora, pero bajo su control y en contraprestación de servicios que él fijaba por completo. Ahora la tierra ha de pertenecer, en realidad, a los campesinos, quienes se convierten en arrendatarios a perpetuidad, obtienen el derecho de comprar íntegramente sus viviendas, y cuyos servicios, aunque fijados a un nivel muy elevado, quedan no obstante fijados de modo inmutable por una disposición legal y, peor aún, pueden conmutarse según una tarifa bastante ventajosa para ellos. Incluso los dvorovye, los sirvientes domésticos de la casa señorial, habrán de recibir un salario y, si lo desean, podrán comprar su libertad. Y lo que es peor, los siervos recibirán los derechos de todos los demás ciudadanos, lo que significa que tendrán el derecho, hasta ahora desconocido para ellos, de entablar acciones contra sus señores y de atestiguar contra ellos en los tribunales de justicia; y aunque los señores sigan siendo los jefes de los campesinos en sus fincas y conserven cierta jurisdicción sobre ellos, las exacciones con las que una gran parte de la nobleza rusa ha amasado los medios para mantener a loretas de moda en París y jugar en los balnearios alemanes, experimentarán en adelante una enorme limitación. Mas para juzgar el efecto que semejante reducción de ingresos tendría sobre los nobles rusos, dirijamos una mirada a su situación financiera. Toda la nobleza territorial de Rusia está endeudada con los Bancos de Crédito (instituidos por la Corona) por un monto de 400.000.000 de rublos de plata, suma por la cual alrededor de 13.000.000 de siervos están empeñados a dichos bancos. La totalidad de la población sierva de Rusia (excluyendo a los campesinos de la Corona) asciende a 23.750.000 (censo de 1857). Ahora bien, es evidente que, entre los propietarios de siervos, los pequeños son los principales deudores de esta deuda, mientras que los grandes están comparativamente libres de deudas. Del censo de 1857 se desprende que cerca de 13.000.000 de siervos pertenecen a terratenientes que poseen cada uno menos de 1.000 siervos, mientras que los restantes 10.750.000 pertenecen a propietarios que poseen cada uno más de 1.000 siervos. Se comprende que estos últimos representarán aproximadamente a los nobles no gravados, y los primeros a los nobles gravados de Rusia. Puede que esto no sea del todo exacto, pero se acerca lo suficiente para ser generalmente correcto.

El número de propietarios territoriales que poseen de una a 500 «almas», según el censo de 1857, es de 105.540, mientras que el de nobles que poseen 1.000 almas y más no pasa de 4.015. De este modo, resultaría que, en el cálculo más bajo, nueve décimas partes de toda la aristocracia rusa están profundamente endeudadas con los bancos de crédito o, lo que es equivalente, con la Corona. Pero es notorio que la nobleza rusa está, además, endeudada en gran medida con particulares, banqueros, comerciantes, judíos y usureros, y que la gran mayoría se halla tan gravada que no les queda sino un interés nominal en sus posesiones. A aquellos que todavía luchaban contra la ruina los quebrantó por completo el pesado sacrificio de la última guerra, cuando, con fuertes impuestos, tanto en hombres, dinero y corveas, se encontraron con la salida para sus productos cerrada, y tuvieron que contraer préstamos en condiciones extremadamente onerosas. Y ahora se les exige que renuncien por completo, sin retorno alguno, a una gran parte de sus ingresos, y que regulen el resto de su renta de una manera que no solo la reducirá, sino que la mantendrá en el límite reducido.

Con una nobleza como la rusa, las consecuencias son fáciles de prever. A menos que accedan a ver a la gran mayoría de su estamento arruinada, o llevada inmediatamente a la bancarrota, para verse fundida en esa clase de nobles burócratas cuyo rango y posición dependen enteramente del Gobierno, deben resistirse a este intento de liberar a los campesinos. Y se resisten; y si, como es evidente, su actual resistencia legal no servirá de nada frente a la voluntad soberana, se verán obligadas a recurrir a otros medios más contundentes.

II

Berlín, 31 de diciembre de 1858

La resistencia de los nobles rusos a los planes de emancipación del zar ha comenzado ya a manifestarse de dos maneras: una pasiva y otra activa. Las arengas personales que Alejandro II, en su viaje por varias provincias, se dignó dirigir a sus nobles —arengas ora suavemente revestidas del ropaje de llamamientos filantrópicos, ora adoptando la forma persuasiva de la exposición didáctica, ora elevándose a los tonos agudos del mandato y la amenaza—, ¿a qué han conducido? Los nobles las escucharon en actitud servil, cabizbajos, pero en su fuero interno sentían que el emperador que venía a arengarlos, halagarlos, persuadirlos, instruirlos y amenazarlos había dejado de ser aquel zar omnipotente cuya voluntad ocupaba el lugar de la razón misma. En consecuencia, osaron dar una respuesta negativa no dando respuesta alguna, no haciéndose eco de los sentimientos del zar y adoptando el simple expediente de la dilación en sus diferentes comités. No dejaron al emperador otra salida que la de la Iglesia romana: *Compelle intrare*. Sin embargo, la monótona y sorda quietud de ese silencio pertinaz fue audazmente quebrada por el Comité de la Nobleza de San Petersburgo, el cual aprobó un documento redactado por el señor Platonoff, uno de sus miembros, y que constituía, de hecho, una «petición de derechos». Lo que se reclamaba era nada menos que un parlamento de nobles para decidir conjuntamente con el gobierno no sólo la gran cuestión del momento, sino todas las cuestiones políticas. En vano el señor Lanskoi, ministro del Interior, se negó a aceptar ese documento y lo devolvió a la nobleza con la airada observación de que no era asunto suyo agruparse con el propósito de presentar peticiones, sino simplemente deliberar sobre las cuestiones que les planteaba el gobierno. En nombre del Comité, el general Shuwaloff volvió a la carga y, bajo la amenaza de llevar él mismo el documento al emperador, obligó al señor Lanskoi a recibirlo. Así, la nobleza rusa en 1858, como la nobleza francesa en 1788, ha lanzado la consigna de la *Assemblée des États généraux* o, en la lengua vernácula moscovita, del *Semski Sobor* o *Semskaja Duma*. De modo que, en sus interesados intentos de mantener intacta la anticuada base social de la pirámide, los mismos nobles atacan su punto de gravitación política. Además, el *esprit de vertige*, como llamaban los viejos emigrados franceses al espíritu de la época, se ha apoderado de ellos con tal violencia que la mayoría de los nobles se precipita de cabeza en la manía de las sociedades anónimas de la clase media, mientras que en las provincias más occidentales la minoría pretende dirigir y proteger la novel agitación literaria. Para dar una idea de esos audaces movimientos, bastará decir que en 1858 el número de periódicos existentes se había elevado ya a 180, mientras que se anunciaban 109 nuevos para 1859. Por otra parte, en 1857 se fundaron dieciséis compañías, con un capital de 303.900.000 rublos, y de enero a agosto de 1858 se agregaron veintiuna nuevas compañías con un capital de 36.175.000 rublos.

Consideremos ahora la otra parte en los cambios proyectados por Alejandro II. No debe olvidarse cuántas veces ha conjurado el gobierno ruso, ante los ojos del campesinado, la fata morgana de la libertad. Al comienzo de su reinado, Alejandro I exhortó a la nobleza a emancipar a los campesinos, pero sin éxito. En 1812, cuando se llamó a los campesinos a enrolarse en la *opolchenie* (milicia), la emancipación de la servidumbre, si no oficialmente, al menos con el consentimiento tácito del emperador, se presentó como recompensa al patriotismo; los hombres que habían defendido a la Santa Rusia ya no podían ser tratados como esclavos. Incluso bajo Nicolás, toda una serie de ucuses restringió el poder de los nobles sobre sus siervos, autorizó a estos últimos (ucase de 1842) a celebrar contratos con sus propietarios sobre los servicios que debían prestar (con lo cual indirectamente se les admitía a litigar ante los tribunales contra sus señores); se comprometió (1844) a garantizar, por parte del gobierno, el cumplimiento de los compromisos contraídos por los campesinos en virtud de tales contratos; facultó a los siervos (1846) para comprar su libertad si la finca a la que estaban adscritos debía venderse en subasta pública; y permitió (1847) a la corporación de siervos adscritos a dicha finca, cuando ésta se ponía a la venta por primera vez, comprar la finca entera. Para gran asombro tanto del gobierno como de los nobles, resultó de pronto que los siervos estaban enteramente preparados para ello y que, en efecto, fueron comprando una finca tras otra; más aún, que en muchísimos casos el terrateniente no era sino el propietario nominal, después de haber sido liberado de sus deudas con el dinero de sus propios siervos, quienes, naturalmente, habían tomado las precauciones necesarias para asegurarse virtualmente su propia libertad y la propiedad de la finca. Cuando esto salió a la luz, el gobierno, atemorizado por tales síntomas de inteligencia y energía entre los siervos y, al mismo tiempo, por los estallidos de 1848 en Europa occidental, tuvo que buscar un remedio contra una ley que amenazaba con desposeer gradualmente a la nobleza de sus tierras. Pero ya era demasiado tarde para derogar el ucase; y así, otro ucase (15 de marzo de 1848) extendió el derecho de compra, que hasta entonces sólo había pertenecido a las corporaciones comerciales de siervos, a cada siervo individualmente. Esta medida no sólo tendía a disolver las asociaciones, por aldeas y entre las aldeas de un distrito, que hasta entonces habían permitido a los siervos concentrar el capital para dichas compras; además, se aderezó con algunas salvedades. Los siervos podían comprar la tierra, pero no a las personas adscritas a ella; en otras palabras, al comprar la finca a la que pertenecían, los siervos no compraban su propia libertad. Por el contrario, seguían siendo siervos, y toda la transacción de compra quedaba, además, sujeta al consentimiento del antiguo terrateniente. Para colmo de males, se facultó y alentó a los numerosos nobles que poseían sus propiedades, por así decirlo, en fideicomiso para sus siervos, mediante el mismo ucase, a quebrantar ese fideicomiso y a recuperar la posesión plena de sus fincas; y se excluyó expresamente de los tribunales toda alegación por parte de los siervos. Desde entonces, a los siervos se les cerraron todas las escuelas, salvo las primarias; y toda esperanza de emancipación parecía desvanecida, cuando la última guerra obligó de nuevo a Nicolás a apelar a un armamento general de siervos y a apoyar esta apelación, como de costumbre, con promesas de liberación de la servidumbre, que se ordenó a los servidores inferiores del gobierno difundir entre el campesinado.

Que, después de tales antecedentes, Alejandro II se sintiera obligado a proceder seriamente a una emancipación de los campesinos, es de lo más natural. El resultado de sus esfuerzos, y los contornos de sus planes, en la medida en que han madurado, están a la vista. ¿Qué dirá el campesinado a un período de prueba de doce años, acompañado de pesadas corveas, al término del cual pasarán a un estado que el gobierno no se atreve a describir en detalle? ¿Qué dirá a una organización del gobierno comunal, la jurisdicción y la policía, que despoja de todos los poderes de autogobierno democrático, hasta ahora propios de cada comunidad aldeana rusa, para crear un sistema de gobierno patrimonial, depositado en manos del terrateniente y calcado sobre la legislación rural prusiana de 1808 y 1809? — un sistema absolutamente repugnante para el campesino ruso, cuya vida entera está regida por la asociación aldeana, que no tiene idea de la propiedad individual de la tierra, sino que considera que la asociación es la propietaria del suelo en que vive.

Si recordamos que desde 1842 las insurrecciones de los siervos contra sus terratenientes y administradores se han hecho epidémicas; que algo así como sesenta nobles —según las estadísticas oficiales del Ministerio del Interior— son asesinados anualmente por los campesinos; que durante la última guerra las insurrecciones aumentaron enormemente y en las provincias occidentales se dirigieron principalmente contra el gobierno (se formó una conspiración para que estallara una insurrección en el momento en que el ejército anglo-francés —¡el enemigo extranjero!— se aproximara), no cabe duda de que, incluso si la nobleza no se resiste a la emancipación, el intento de llevar a cabo las propuestas de los comités ha de ser la señal de una tremenda conflagración entre la población rural de Rusia. Pero la nobleza se resistirá con seguridad; el emperador, zarandeado entre la necesidad de Estado y la conveniencia, entre el temor a los nobles y el temor a los campesinos enfurecidos, vacilará sin duda; y los siervos, con las expectativas excitadas al más alto grado y con la idea de que el zar está con ellos, pero sojuzgado por los nobles, se levantarán con más seguridad que nunca. Y si lo hacen, el 1793 ruso estará a la mano; el reinado del terror de estos siervos semi-asiáticos será algo sin igual en la historia; pero será el segundo punto de inflexión en la historia rusa y finalmente pondrá una civilización real y general en el lugar de esa falsa y de oropel introducida por Pedro el Grande.

1. Esto no es en modo alguno correcto. Borís Godunov (ucase del 2 de noviembre de 1601) puso fin al derecho del campesinado a viajar por el Imperio y los ató a la finca a la que pertenecían por nacimiento o residencia. Bajo sus sucesores, el poder de la nobleza sobre el campesinado aumentó rápidamente, y un estado de servidumbre se convirtió gradualmente en la condición general de estos últimos. Pero esto fue una usurpación ilegal por parte de los boyardos, hasta que Pedro el Grande la legalizó en 1723. Los campesinos, sin ser liberados de los vínculos que los encadenaban a las fincas, pasaron entonces también a ser propiedad personal del propietario noble de dicha finca; éste obtuvo el derecho de venderlos, individualmente o en lotes, con o sin tierra, y, en contrapartida, se le hizo personalmente responsable de ellos y de sus impuestos ante el gobierno. Posteriormente [en 1783], Catalina II, de un plumazo, convirtió en siervos a cuatro o cinco millones de campesinos relativamente libres en las recién adquiridas provincias occidentales y meridionales. Pero no sería decoroso en un documento oficial ruso mencionar tales hechos respecto a Pedro I y Catalina II; y se hace cargar al pobre Borís Godunov con la responsabilidad de los pecados de todos sus sucesores.[Marx]