Karl Marx

[Las maniobras financieras de Bonaparte –

El despotismo militar]

[“New-York Daily Tribune” nº 5348, del 1 de junio de 1858]

París, 27 de mayo de 1858

El estado de decadencia de la caja del Estado bonapartista no puede negarse por más tiempo. El propio “salvador de la propiedad” lo ha proclamado abiertamente. No cabe otra explicación para la circular del general Espinasse a los prefectos franceses, en la que los exhorta a hacer uso de su influencia y, “si es necesario, de su poder”, para que los curadores de hospitales y otras instituciones de beneficencia conviertan en consolidados al tres por ciento los bienes raíces de los que obtienen sus rentas. Este patrimonio asciende a 100.000.000 de dólares, pero solo rinde, como Bonaparte lamenta en nombre de los pobres, un 2
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por ciento. Si se invirtiera en títulos del Estado, la renta aumentaría al menos en la mitad. En su paternal solicitud, Bonaparte ha pedido recientemente al Consejo de Estado que le presente un proyecto de ley que disponga esta conversión de los bienes raíces de las instituciones benéficas en títulos del Estado; pero, por extraño que suene, su propio Consejo de Estado se ha negado de manera tenaz a atender la insinuación. Lo que, pues, no ha podido alcanzar por la vía legislativa, intenta lograrlo ahora por la “vía ejecutiva”, mediante una orden del día militar. Hay gentes tan necias que creen que con esta maniobra solo pretende aumentar la deuda pública. Nada más erróneo que eso. Si se vendiera el mencionado bien raíz por su valor nominal de 100.000.000 de dólares, una gran parte de ese precio de compra procedería, naturalmente, del capital hasta ahora invertido en consolidados y otros títulos del Estado, de manera que la demanda de títulos públicos artificialmente creada quedaría satisfecha al arrojarse estos en masa al mercado abierto. La operación podría provocar incluso una mayor depresión del mercado de valores. El plan de Bonaparte tiene, sin embargo, un carácter mucho más robusto y comprensible. Por esos 100.000.000 de dólares en bienes raíces, quiere crear 100.000.000 de dólares en nuevas rentas del Estado. Con una mano pretende apoderarse de los bienes de las instituciones de beneficencia y, con la otra, indemnizarlas extendiendo un cheque contra el “grand livre” [“libro mayor de la deuda pública”] de la nación. En una ocasión anterior,
cuando examinamos la ley bancaria francesa de 1857
, expusimos los enormes privilegios que Bonaparte había concedido al Banco a costa del Estado para asegurarse un miserable préstamo de 20.000.000 de dólares. Consideramos aquella ley bancaria como un grito financiero de socorro del salvador de la sociedad; pero, desde entonces, las catástrofes que se han abatido sobre el comercio, la industria y la agricultura franceses han caído a plomo sobre la caja del Estado, cuyos gastos ya habían crecido, de por sí, hasta un extremo aterrador. En 1858, los diferentes ministerios exigen de hecho 79.304.004 francos más que en 1855; solo los gastos del ejército equivalen al 51 por ciento de los ingresos totales del país. El Crédit mobilier, incapaz de pagar dividendos a sus propios accionistas y cuyo último informe, examinado de cerca, muestra un considerable excedente del pasivo sobre el activo, no puede, como en 1854 y 1855, traer la salvación ni ayudar a la emisión de empréstitos sobre bases “democráticas”. No le queda, pues, a Bonaparte otra salida que retornar, también en materia financiera, tal como antes lo hizo en los asuntos políticos, a los principios primigenios del golpe de Estado. La política financiera que comenzó con el robo de 25.000.000 de francos de los sótanos del Banco y que se continuó con la confiscación de los bienes de la Casa de Orléans, ha de experimentar ahora un nuevo desarrollo mediante la confiscación del patrimonio de las instituciones de beneficencia.

Esta última operación le costaría a Bonaparte, sin embargo, uno de sus ejércitos: su ejército de sacerdotes, que administran con mucho la mayor parte de las entidades benéficas. Ya se atreve el “Univers”, por vez primera desde el golpe de Estado, a contradecir abiertamente al salvador de la sociedad, e incluso conjura al “Siècle” a hacer causa común con él contra ese proyectado ataque a la “propiedad privada”.

Mientras el “hijo primogénito de la Iglesia” <Napoleón III> se ha visto envuelto en esta posición bastante equívoca con su santo ejército, amenaza al mismo tiempo con volverse díscolo su muy secular ejército militar. Si en serio se inmiscuyera realmente en las diversiones de héroes como los señores de Mercy, Léaudais y Hyenne, perderá su asidero en la única parte de la tropa con la que puede contar. Si, por el contrario, permite que esta corrupción pretoriana, que ha fomentado tan sistemáticamente desde los días del campamento de Satory, alce su frente desvergonzado abiertamente, toda disciplina se habrá acabado, y el ejército se revelará incapaz de resistir un choque desde fuera. Un suceso más como el asesinato del redactor del “Figaro”, y ese choque tendrá lugar. La exasperación que prevalece en general puede colegirse del simple hecho de que unos 5.000 jóvenes se precipitaron a las oficinas del “Figaro” cuando la noticia del duelo llegó a París, exigiendo ser registrados como hombres dispuestos a vérselas con cualquier subteniente que se presentara al combate. El “Figaro” es, naturalmente, una criatura bonapartista que figura a la cabeza de esa literatura del escándalo, del chantaje y de la calumnia personal que brotó inmediatamente después de la supresión violenta de la prensa política y que halló en el suelo y en la atmósfera del imperio menor todas las condiciones para un crecimiento exuberante. La ironía de la historia se expresa con especial fineza en el hecho de que sea precisamente la reyerta asesina entre los representantes literarios y militares de la canalla bonapartista estafadora la que sirva de señal para el conflicto que se avecina.