EL GOBIERNO BRITANICO Y LA TRATA
DE ESCLAVOS

Londres, 18 de junio de 1858

El 17 de junio, en la Camara de los Lores, el obispo de
Oxford introdujo la cuestión de la trata de esclavos y presentó
una petición contra ella de la parroquia jamaicana de Saint
Mary. La impresión que los debates sin duda producirán en las
personas sin grandes prejuicios es la de la gran moderación del
gobierno británico actual y su firme propósito de evitar todo
pretexto para una disputa con Estados Unidos. Lord Malmes-
bury dejó caer el «derecho de visita» de los buques americanos
con la siguiente declaración:

Estados Unidos dice que, por ningún concepto, por ningún
motivo y aunque existiera alguna sospecha, puede ningún barco
americano ser abordado por otro barco que no sea también ame-
ricano sino a riesgo del oficial que lo aborde o detenga. Yo no
admito la normativa internacional tal y como la presenta el
ministro de Asuntos Exteriores americano hasta que los agentes
de la ley de la Corona hayan aprobado y confirmado esa declara-

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ción. Pero, habiendo admitido esto, con la mayor rotundidad
posible he hecho saber al gobierno americano que, sabiendo
que la enseña americana vale para ocultar cualquier iniquidad,
cualquier pirata y esclavista del mundo hará ondear esa bandera
y ninguna otra, que esta circunstancia será la deshonra de ese
honorable estandarte, y que, por vindicar el honor de su país
mediante la obstinada adhesión a su presente declaración,
obtendrá el resultado contrario del que espera: la prostitución
de la bandera americana por la peor de las causas. Continuaré
defendiendo que, en estos tiempos civilizados y cuando son
incontables los navíos que surcan el océano, es necesario que
haya policía en los mares, que debería existir, si no una normati-
va internacional rígida, sí un acuerdo entre las naciones que esta-
bleciera hasta dónde se puede llegar para verificar la nacionali-
dad de un buque y su derecho a lucir una bandera en particular.
Por el vocabulario que he utilizado, por las conversaciones que
he tenido con el ministro americano que reside en este país y por
las observaciones que figuran en el certero escrito del general
Cass sobre este tema, no me faltan esperanzas de llegar a algún
acuerdo con Estados Unidos, un acuerdo que, con las órdenes
dadas a los oficiales de ambos países, podría permitirnos com-
probar las banderas de todos los países sin correr el riesgo de

ofender a la nación a la que el buque pertenece.

Entre los bancos de la oposición tampoco se ha visto intento
alguno de vindicar el derecho de visita de Gran Bretaña contra
Estados Unidos, pero, como señaló el conde Grey, los ingleses
tienen tratados con España y otras potencias para la prevención
de la trata de esclavos, y, si existen motivos razonables para sos-
pechar que un buque se ha incriminado en ese tráfico abomina-
ble haciendo uso por un tiempo de la bandera de Estados Uni-

dos, sin ser un buque en modo alguno americano, tienen dere-
cho a abordarlo y registrarlo. Si, en cambio, el buque lleva docu-
mentación americana en regla, aunque esté lleno de esclavos,
tienen el deber de permitir que siga su rumbo y dejar a Estados
Unidos la deshonra de ese tráfico inicuo. El conde esperaba, y
confiaba en ello, que las órdenes a los cruceros británicos fueran
estrictas a este respecto y que cualquier violación del acuerdo
que los oficiales hayan permitido en cualesquiera circunstancias
recibiría el castigo merecido.

La cuestión se centra entonces, aunque lord Malmesbury
parece haber olvidado hasta esto, en si a los buques sospechosos
de haber usurpado la bandera americana se les puede pedir la
documentación o no. Lord Aberdeen negó directamente que
tal medida pudiera ser polémica porque, si se diera el caso, los
oficiales británicos tendrían que proceder según las instruccio-
nes que a su debido tiempo —instrucciones elaboradas por el
doctor Lushington y sir G. Cockburn- habrían sido comunica-
das al gobierno americano y que el señor Webster habría acepta-
do en nombre de dicho gobierno. Si, por tanto, estas instruccio-
nes no cambiaran y los oficiales actuaran dentro de sus límites,
«el gobierno americano no tendría motivo de queja». Al pare-
cer, sin embargo, por las cabezas hereditariamente sabias de la
Cámara rondaba la sospecha de que Palmerston había puesto
en práctica uno de sus habituales trucos a fin de introducir
algún cambio arbitrario en las órdenes que se cursan a los cruce-
ros británicos. Porque es bien sabido que, mientras se jactaba de
su celo en la erradicación de la trata de esclavos, en sus once
años al frente del Ministerio de Asuntos Exteriores, que conclu-
yeron en 1841, Palmerston rescindió todos los acuerdos relativos
a la trata de esclavos, ordenó medidas que las autoridades judi-
ciales británicas declararon criminales -de hecho, uno de sus

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instrumentos fue sometido a juicio- y se valió de las leyes ingle-
sas para proteger, en contra de su propio gobierno, a un tratante
de esclavos. Eligió la trata de esclavos como campo de batalla y la
convirtió en mero instrumento para provocar disputas entre
Inglaterra y otros Estados. Antes de abandonar el cargo en 1841
dio instrucciones que, según palabras de sir Robert Peel, «ten-
drían que haber conducido, de no haber sido canceladas, a una
colisión con Estados Unidos». Según sus propias palabras, había
aconsejado a los oficiales de la marina «que no guardaran dema-
siado respeto a las leyes de las naciones». Aunque con un len-
guaje muy discreto, lord Malmesbury dio a entender que «al
enviar escuadras británicas a aguas de Cuba en lugar de dejarlas
en las costas de África», Palmerston las trasladaba de un destino
donde, antes del estallido de la guerra de Rusia, casi habían
logrado erradicar la trata de esclavosa otro donde de nada podi-
an servir aparte de para dar pie a alguna disputa con Estados
Unidos. Coincidiendo con este parecer, lord Woodhouse, difun-
to embajador de Palmerston en la corte de San Petersburgo,
señaló:

Con independencia de las instrucciones dadas, si el gobierno
autorizaba el traslado a aguas americanas de un número tan
importante de navíos, antes o después acabarían por surgir dife-
rencias entre nosotros y Estados Unidos.

Aun así, fueran cuales fuesen las intenciones secretas de Pal-
merston, es evidente que el gobierno tory las ha frustrado en
1858 igual que ya sucedió en 1842, y que el grito de guerra que
con tanto ardor han proferido el Congreso y la prensa está con-
denado a ser «mucho ruido y pocas nueces».

En cuanto a la trata de esclavos propiamente dicha, el obispo

=

de Oxford y lord Brougham han denunciado que España es el
principal sostén de tan nefanda actividad. Ambos han pedido
encarecidamente al gobierno británico que, con todos los
medios a su alcance, obligue a ese país a llevar una política en
consonancia con los tratados existentes. Ya en 1814, España y
Gran Bretaña suscribieron un tratado de carácter general |
mediante el cual la primera condenaba inequívocamente la |
trata de esclavos. En 1817 firmaron un tratado especifico

mediante el cual Espana se comprometia a abolir el comercio
de esclavos realizado por sus súbditos en el ano 1820 y recibía,
para compensar las pérdidas que sus súbditos pudiera sufrir por
la suscripción del tratado, la cantidad de 400.000 libras esterli-
nas. España se embolsó el dinero, pero no cumplió con su parte
del trato. En 1835 entró en vigor un nuevo tratado mediante el
cual España se comprometía formalmente a aprobar unas leyes
penales suficientemente estrictas para que a sus súbditos les
fuera imposible proseguir con la trata. El proverbial dicho espa-
ñol, «A la mañana»!, fue respetado una vez más a rajatabla. Las
leyes penales no fueron aprobadas hasta diez años más tarde,
pero, con singular mala suerte, la cláusula que más le interesaba
a Inglaterra, la que convertiría la trata de esclavos en piratería,
quedó excluida. En una palabra, no se hizo nada a excepción de
un impuesto privado que el capitán general de Cuba, el ministro
del ramo, la camarilla y, si el rumor es cierto, la casa real cobra-
ban a los tratantes por una licencia que les autorizaba a comer-
ciar con carne y sangre humanas a tantos doblones por cabeza.

España -dijo el obispo de Oxford- no puede poner como excusa
que no cuenta con fuerzas suficientes para impedir la trata de

1 Así en el original.

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esclavos, porque el general Valdez ha demostrado que ese pre-
texto no tiene ningún viso de verdad. Al llegar a la isla reunió a
los principales tratantes y, después de darles seis meses para aca-
bar con todas sus transacciones, les dijo que tenía determinación
suficiente para darlo por clausurado al término de ese período.
¿Cuál fue el resultado? En 1840, año anterior a la llegada del
general Valdez, el número de barcos llegados a Cuba desde las
costas de África con esclavos fue de cincuenta y seis. En 1842,
cuando el general Valdez ya era capitán general, solo llegaron
tres. En 1840 desembarcaron en la isla no menos de 14.470 escla-
vos; en 1842, 3.100.

Así pues, ¿qué va a hacer Inglaterra con España? ¿Repetir sus
protestas, multiplicar sus despachos, retomar las negociaciones?
El propio lord Malmesbury ha declarado que se podrían cubrir
las aguas que separan las costas de España de Cuba con los docu-
mentos que ambos gobiernos han intercambiado en vano. ¿O va
Inglaterra a hacer cumplir sus reivindicaciones, sancionadas por
tantos tratados? Ahí es donde aprieta el zapato, donde entra en
escena la siniestra figura del «augusto aliado», ahora reconocido
guardián del comercio de esclavos. El tercer Bonaparte, mece-
nas de la esclavitud en todas sus formas, impide que Inglaterra
sea fiel a sus convicciones y a sus tratados. De lord Malmesbury,
es sabido, se sospecha que goza de excesiva intimidad con el
héroe de Satory. Sin embargo, lo ha denunciado inequívoca-
mente diciendo que es el mercader de esclavos de Europa ente-
ra, el hombre que ha revitalizado los peores rasgos de este infa-
me comercio con el pretexto de la «libre emigración» de los
negros de las colonias francesas. El conde Grey completó esta
denuncia declarando que «se han emprendido guerras en Áfri-
ca con el objetivo de apresar cautivos para venderlos a los repre-

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sentantes del gobierno francés». El conde de Clarendon añadió:
«Tanto España como Francia fueron rivales en el mercado afri-
cano y ofrecían una suma determinada por hombre; y no existía
la menor diferencia en el trato dado a esos negros, los llevaran a
Cuba o a alguna colonia francesa».

Tal es, pues, la gloriosa posición en que Inglaterra se encuen-
tra por haber prestado ayuda a ese hombre para que acabara
con la República. La Segunda República, como la Primera,
había abolido la esclavitud. Bonaparte, que llegó al poder solo
por haber claudicado servilmente a las pasiones más mezquinas
de los hombres, sería incapaz de mantenerse en él si no compra-
ra cada día nuevos cómplices. Porque no solo ha restaurado la
esclavitud, también ha comprado a los plantadores con la reno-
vación del tráfico de esclavos. Todo lo que degrade la conciencia
de la nación es para él un nuevo contrato para seguir en el
poder. Convertir Francia en una nación que trafica con esclavos
es el medio más seguro para esclavizarla. Porque, cuando era
ella misma, Francia tuvo el valor de decirle al mundo a la cara:
que las colonias perezcan, pero ¡que vivan los principios! Bona-
parte ha conseguido al menos una cosa. La trata de esclavos se ha
convertido en la piedra angular del conflicto entre imperialistas
y republicanos. Si hoy restaurasen la República francesa, maña-
na España se vería forzada a abandonar tan infame negocio.