Karl Marx

[“New-York Daily Tribune”, n.º 5409 del 3 de agosto de 1858, artículo de fondo] °

Se recordará que en 1857 el Parlamento británico fue convocado de nuevo a consecuencia de la suspensión de la Bank Charter Act, que el primer ministro y el canciller del Exchequer habían dispuesto bajo su propia responsabilidad mediante carta del 12 de noviembre, cuando el pánico monetario se hallaba en pleno auge. Una vez aprobada la Ley de Indemnidad, el Parlamento se aplazó, dejando un comité especial con el encargo de “investigar tanto el funcionamiento de la ley bancaria de 1844 y de 1845 como las causas de la reciente crisis comercial”. El comité, de hecho, había estado sesionando desde principios de 1857 y ya había publicado dos gruesos volúmenes, uno con declaraciones de testigos y un “apéndice”, que tratan ambos del funcionamiento y las consecuencias de las leyes bancarias de 1844 y 1845. Sus trabajos habían caído casi en el olvido cuando el acontecimiento de la crisis comercial volvió a infundir vida al comité y le proporcionó un “material adicional de investigación”. En los dos gruesos volúmenes que mencionamos, el comercio fue calificado de “sano” y “seguro” apenas dos meses antes de su tremendo desplome. En cuanto al funcionamiento de la ley bancaria de Sir Robert Peel, Lord Overstone se manifestó ante el comité el 14 de julio de 1857 en un tono ditirámbico: “Mediante la estricta y fiel observancia de la ley de 1844 —dijo—, todo ha transcurrido con regularidad y facilidad; el sistema monetario es seguro e inconmovible, la prosperidad del país es indiscutible, la confianza pública en la ley de 1844 gana fuerza día a día. Si el comité desea aún otras pruebas prácticas de la salud de los principios en que se basa esta ley y de las benéficas consecuencias que ha asegurado, he aquí la verdadera y suficiente respuesta al comité: Mire a su alrededor; considere la situación actual de los negocios de nuestro país, considere la satisfacción del pueblo; considere la riqueza y la prosperidad de todas las clases de la sociedad; y entonces, después de hacerlo, el comité estará en condiciones de decidir si quiere impedir la continuación de una ley bajo la cual se han alcanzado tales resultados.”

¡Ese mismo comité, seis meses después, hubo de felicitar al gobierno por la suspensión de esa misma ley!

El comité contaba entre sus miembros nada menos que con cinco cancilleres del Exchequer o ex cancilleres del Exchequer, a saber: el señor Disraeli, Sir G. C. Lewis, el señor Gladstone, Sir Charles Wood y Sir Francis Baring, apoyados por el señor Wilson y el señor Cardwell, dos hombres acostumbrados desde hacía mucho tiempo a proveer de ideas a los ministros de Hacienda. A ellos se sumaban todos los más destacados representantes de la burocracia inglesa. En realidad, el comité tenía alrededor de dos docenas de miembros y constituía un notable cónclave de sabiduría financiera y económica. Las cuestiones a decidir eran: primero, los principios de la ley bancaria de 1844; segundo, la influencia en las crisis comerciales de la emisión de billetes de banco pagaderos a la vista, y, finalmente, las causas generales de la crisis actual. Nos proponemos dar un breve resumen de las respuestas dadas a estas diversas cuestiones.

Sir Robert Peel, el padrino parlamentario, y Lord Overstone, el padre espiritual de la ley de 1844, que prohibía al Banco de Inglaterra emitir billetes por un monto superior a 14.500.000 libras esterlinas, salvo contra cobertura en metal precioso, se vanagloriaban de haber impedido aquellos períodos de aprieto y pánico que se habían producido periódicamente entre 1815 y 1844. En el transcurso de diez años, sus expectativas se han visto defraudadas dos veces, a pesar de la ayuda extraordinaria e inesperada que el funcionamiento de la ley recibió de los grandes descubrimientos de oro. Como se desprende de las declaraciones de testigos hechas ante el comité, los pánicos de 1847 y 1857 fueron incluso más violentos y devastadores que todos los anteriores. En dos ocasiones —1847 y 1857— el gobierno se vio obligado a infringir la ley bancaria para salvar al Banco y al mundo financiero que gira en torno a él.

Al parecer, el comité se hallaba ante una alternativa muy simple: o bien la periódica violación de la ley por parte del gobierno era correcta, y entonces la ley tenía que ser falsa, o bien la ley era correcta, y entonces había que prohibir al gobierno inmiscuirse arbitrariamente. ¿Qué cabe decir de que el comité haya conseguido abogar simultáneamente por la continuación de la ley y por la periódica repetición de su violación? Las leyes están destinadas por lo común a limitar el poder irrestricto de un gobierno. Aquí, al contrario, parece mantenerse la ley para preservar al poder ejecutivo la facultad irrestricta de saltársela. La carta del gobierno que autoriza al Banco de Inglaterra a atender las demandas de descuento y préstamo sobre las reconocidas mejores garantías más allá de los límites prescritos por el acta de 1844, fue publicada el 12 de noviembre; y hasta el día 30, el Banco tuvo que lanzar a la circulación, como promedio diario, alrededor de medio millón de billetes por encima del límite legal. El 20 de noviembre, la circulación excedente ilegal había aumentado a aproximadamente un millón. ¿Qué otra prueba se necesita de lo absurdo y la inutilidad del intento de Sir Robert Peel de “regular” los medios de circulación? El comité tiene toda la razón cuando constata que “ningún sistema de circulación puede proteger a un país comercial de las consecuencias de su propia insensatez”. Pero esta sabia observación no da en el meollo. La cuestión era más bien si el pánico monetario, que no es más que una fase de la crisis comercial, es agravado artificialmente por las medidas legislativas o no. Para justificar la ley bancaria, el comité dice:

“Sin duda, la legislación en cuestión debía ofrecer ante todo la garantía de que las variaciones de la circulación de billetes en el reino se produjeran según las mismas leyes por las que variaría una circulación metálica: nadie discute que el objetivo se ha alcanzado.”

A este respecto, observamos, en primer lugar, que el comité se abstiene de emitir su opinión sobre las leyes según las cuales suele variar una circulación metálica, porque temía “no estar en condiciones de llegar a una conclusión sin grandes divergencias de opinión”. Según la opinión de los bullionistas encabezados por Sir Robert Peel, una circulación puramente metálica se contraería o expandiría en función del estado del tipo de cambio; es decir, el oro entraría en caso de tipo de cambio favorable, mientras que, en caso de tipo de cambio desfavorable, abandonaría el país. En el primer caso, el nivel general de precios subiría; en el segundo, bajaría. Si ahora se admite que tales violentas fluctuaciones de precios son inherentes a una circulación puramente metálica, entonces el señor J. S. Mill ciertamente tenía razón cuando sostuvo ante el comité que la situación a alcanzar en la circulación de billetes no debía ser la de imitar tan funestas fluctuaciones, sino la de corregirlas y superarlas.

Pero los supuestos de los que parten los bullionistas en su argumentación han resultado ser imaginarios. En países donde no existen negocios crediticios y, por consiguiente, no hay circulación de billetes, como era hasta hace poco el caso en Francia en cierta medida, y en mucha mayor escala todavía ahora en Asia, en todas partes se atesoran privadamente tesoros de oro y plata. Cuando los metales preciosos salen del país a consecuencia de un tipo de cambio desfavorable, estos tesoros se abren por medio de un alza del tipo de interés. Si el tipo de cambio se vuelve favorable, los tesoros absorben de nuevo el excedente de metales preciosos. En ningún caso se produce en la circulación un vacío ni lo contrario. El reflujo y el aflujo de los metales preciosos afecta al nivel del atesoramiento, pero no al nivel de los medios de circulación, de ahí que no se ejerza ningún efecto sobre el nivel general de precios. ¿A qué se reduce, pues, la defensa del comité? A que la ley bancaria de 1844, en épocas de aprieto, conduce a repentinas fluctuaciones de precios que, como erróneamente supone el comité, se producirían sobre la base de una circulación puramente metálica. Pero al menos, dice el comité, la convertibilidad de los billetes de banco está garantizada por la ley de Sir Robert Peel, lo cual se considera el primer deber del banco, y añade:

“La cobertura que, según las disposiciones de la ley de 1844, ha de existir en las arcas de esta empresa es mayor que la que jamás había existido anteriormente en épocas de aprieto. Durante la crisis de 1825, la reserva de metales preciosos descendió a 1.261.000 libras esterlinas; en 1837, a 3.831.000 libras esterlinas, y en 1839, a 2.406.000 libras esterlinas; en cambio, el nivel más bajo al que ha descendido desde 1844 ha sido de 8.313.000 libras esterlinas en 1847 y de 6.080.000 libras esterlinas en 1857.”

Ante todo, la convertibilidad de los billetes de banco se mantuvo en todas esas ocasiones de pánico no porque el Banco poseyera suficiente metal precioso para rescatar sus billetes, sino sencillamente porque no se le había exigido el pago en oro. En 1825, por ejemplo, el Banco resistió el embate de las demandas de pago mediante la emisión de billetes de 1 libra. Si las reservas relativamente mayores de metal precioso en 1847 y 1857 se consideran simplemente como efectos de la ley de 1844, entonces, por las mismas razones, hay que atribuir a esta ley el hecho de que las reservas de metal precioso en 1857, a pesar de California y Australia, hubieran caído en más de 2.000.000 de libras esterlinas por debajo del nivel de 1847. Y aunque poseía dos o tres veces más oro que en 1825 y 1836, el Banco de Inglaterra se halló en 1847 y 1857 al borde de la bancarrota, gracias a las disposiciones de la ley bancaria de Sir Robert Peel. Según declaración del gobernador del Banco, la reserva total del Banco el 12 de noviembre de 1857, día en que salió la carta del Tesoro, era de sólo 580.751 libras esterlinas, mientras que sus depósitos ascendían al mismo tiempo a 22.500.000 libras esterlinas, de las cuales casi 6.500.000 libras esterlinas pertenecían a banqueros londinenses.

Sin la carta del Tesoro, las puertas habrían tenido que cerrarse. Subir o bajar el tipo de interés —y el Banco admite que no disponía de otro medio para influir sobre la circulación— es una medida que se empleaba antes de la adopción de la ley de 1844 y que, naturalmente, también habría podido emplearse después de su suspensión. Pero, dice el Banco, los directores quieren que su dignidad se vea reforzada por la ley, y no sería apropiado “dejarlos a merced de su propia e irresistible sabiduría y determinación”. En tiempos normales, cuando la ley es manifiestamente letra muerta, los directores quieren verse fortalecidos por la ficción de su vigencia legal, y en tiempos de aprieto, los únicos momentos en que podría surtir algún efecto, desean que se la suspenda por decreto gubernamental.

Escrito el 6 de agosto de 1858. Traducido del inglés.