La segunda gran catástrofe a la que hubo de enfrentarse d'Argout fue el coup d'État, cuyo éxito dependió esencialmente de que se abrieran por la fuerza las arcas del Banco que le habían sido confiadas a su custodia. El flexible gobernador no solo hizo la vista gorda ante el robo con fractura de Bonaparte, sino que contribuyó en gran medida a calmar los temores del mundo comercial, al permanecer en su puesto en un momento en que la dimisión de todas las personas respetables o que querían parecerlo de la administración amenazaba seriamente con comprometer al usurpador. En recompensa por estos buenos servicios, Bonaparte se declaró dispuesto a no sacar provecho de la cláusula de la última refundición de la licencia del Banco de 1840, en virtud de la cual los estatutos podrían haber sido revisados en 1855. Como su amigo, el difunto mariscal Soult, d'Argout nunca guardó lealtad a nada que no fuese la posición y el sueldo. Que su dimisión como gobernador del Banco de Francia se produzca en este momento solo puede explicarse por la misma razón que, según creencia popular, induce a las ratas a abandonar el barco que se hunde.

La historia de la nueva ley bancaria la caracteriza como uno de esos turbios negocios que distinguen la época del presente Imperio. Durante la crisis financiera que estalló en Europa a fines de 1856, se discutió por primera vez la modificación de la ley bancaria existente bajo el pretexto plausible de que las gigantescas transacciones del Banco se basaban en un capital demasiado reducido. Durante más de seis meses se celebraron, en presencia de Napoleón III, conferencias secretas entre los representantes del Banco, por una parte, y los grandes financieros de París, los ministros y el Consejo de Estado, por la otra. Pero el actual proyecto de ley no fue presentado al Cuerpo Legislativo sino la víspera de su disolución definitiva. En las deliberaciones previas en los bureaux fue duramente atacado; la comisión nombrada para examinar el proyecto lo hizo literalmente trizas, e incluso se amenazó con rechazarlo por completo. Pero Bonaparte conocía a sus criaturas. Les dio a entender con un guiño que la decisión del gobierno era firme y que debían optar entre aceptar la ley o verse privados de sus prebendas en las próximas elecciones. Para ayudarlos a desprenderse de los últimos restos de su vergüenza, la discusión de la ley se aplazó hasta el último día del período de sesiones. Con algunas modificaciones insignificantes, fue, naturalmente, aprobada. ¿Qué carácter debe tener una ley que necesitó tantos subterfugios para prosperar en un cuerpo como el Cuerpo Legislativo?

En efecto, ni siquiera en tiempos de Luis Felipe, cuando el Banco de Francia y los Rothschild tenían abiertamente el derecho a veto contra todo proyecto de ley que les incomodara, ningún ministro se habría atrevido a proponer que el Estado se les rindiera por completo. El gobierno renuncia al derecho, aún garantizado en la licencia de 1846, de modificar la nueva ley bancaria antes del vencimiento de su período de vigencia. Los privilegios del Banco, que aún tenían diez años de vigor, se extienden generosamente por un nuevo período de treinta años. Se permite al Banco reducir el valor nominal de sus billetes a 50 francos; la importancia de esta cláusula se comprende plenamente si se tiene en cuenta que en 1848 la introducción de los billetes de 200 y 100 francos colocó al Banco en condiciones de sustituir unos 30.000.000 de dólares en oro y plata por su propio papel moneda. De las enormes ganancias que con toda seguridad fluirán al Banco a consecuencia de este cambio, no se reserva la menor parte a la nación; por el contrario, la nación tiene que pagar al Banco el crédito que se le ha otorgado a este último en nombre de Francia. El privilegio de establecer sucursales en los departamentos donde aún no las hay se concede al Banco de Francia, no como una concesión del gobierno al Banco, sino, al contrario, como una concesión del Banco al gobierno. La autorización de cobrar a su clientela más del 6 por ciento de interés legal no está limitada por otra obligación que la de que las ganancias así obtenidas se sumen al capital del Banco, y no a sus dividendos anuales. La reducción del tipo de interés de su cuenta corriente en el Tesoro del cuatro al tres por ciento está más que compensada por la supresión de aquella cláusula de la ley de 1840 según la cual el Banco no podía exigir intereses en absoluto cuando el saldo de la cuenta fuese inferior a 80.000.000 [frs.], siendo así que, por lo demás, el saldo medio de estas cuentas era de 82.000.000 [frs.]. No menos importante es, por último, que las 91.250 acciones recientemente emitidas, de un valor nominal de 1.000 francos, se asignen exclusivamente a los poseedores de las 91.250 acciones efectivamente existentes; y mientras las acciones del Banco se cotizan actualmente en la Bolsa a 4.500 francos, estas nuevas acciones se emitirán a los antiguos accionistas a un curso de 1.100 francos. Esta ley, concebida enteramente en beneficio de la banocracia y a costa del Estado, ofrece la prueba más concluyente de las dificultades monetarias en las que se ve ya envuelto el gobierno bonapartista. Como compensación por todas las concesiones, este gobierno recibe la suma de 20.000.000 de dólares, que el Banco debe invertir en rentes (rentas del Estado) al tres por ciento, que se crearán a tal efecto y cuyo precio mínimo se fija en 75 francos. Toda la transacción parece corroborar con fuerza la idea, difundida en el continente europeo, de que Bonaparte ya ha extraído una suma considerable de las arcas del Banco y se afana ahora ansiosamente por revestir sus fraudulentas manipulaciones con un ropaje más o menos respetable.