Londres, 23 de julio. Si la garantía del empréstito turco encontrara esta noche la misma resistencia que el viernes pasado, Palmerston disolverá de inmediato la Cámara de los Comunes. Al diestro le son favorables todas las circunstancias. Disolución de la Cámara de los Comunes a raíz de la moción de Bulwer; disolución de la Cámara de los Comunes a raíz de la propuesta de Roebuck. Ambas eran igualmente arriesgadas. La diplomacia desplegada en las conferencias de Viena, la administración puesta en práctica en la campaña de invierno… ambos, puntos de partida poco adecuados para apelar del parlamento a los cuerpos electorales. ¡Pero la «garantía del empréstito turco»! La escenografía, la situación, el motivo se transforman como por ensalmo. Ya no es el parlamento quien ha condenado al gabinete por traición o incapacidad. Es el gabinete quien acusa al parlamento de entorpecer la conducción de la guerra, de poner en peligro la alianza francesa, de abandonar a Turquía. El gabinete ya no apela al país para que lo absuelva del veredicto condenatorio del parlamento. Apela al país para que condene al parlamento. De hecho, el empréstito está formulado de tal manera que Turquía no recibe directamente dinero alguno, sino que, puesta bajo tutela en las condiciones más envilecedoras para un país, tiene que dejar que comisionados ingleses administren y desembolsen la suma que se dice se le ha prestado. La administración inglesa ha dado tan brillantes pruebas de sí durante la guerra de Oriente que, en verdad, ha de sentirse tentada a extender sus bendiciones a reinos extranjeros. Las potencias occidentales se han apoderado del ministerio de Asuntos Exteriores en Constantinopla, y no solo del de Asuntos Exteriores, sino también del ministerio del Interior. Desde el traslado de Omer Paschá de Bulgaria a Crimea, Turquía ha dejado de disponer de su propio ejército. Ahora las potencias occidentales tienden la mano hacia las finanzas turcas.

El Imperio otomano contrae por primera vez deudas de Estado sin recibir crédito. Cae en la situación de un propietario que, a cambio de una hipoteca, no solo obtiene un anticipo, sino que se obliga a confiar al acreedor hipotecario la administración de la suma anticipada. Abandonarle la hacienda misma es el único paso que queda por dar. Con un sistema similar de empréstitos, Palmerston ha desmoralizado a Grecia y paralizado a España. Pero las apariencias están de su lado. La participación del partido de la paz en la oposición al empréstito refuerza esas apariencias. Mediante una pirueta, vuelve a presentarse como representante de la guerra frente a la oposición en su conjunto, que aparece como representante de la paz. Qué guerra piensa conducir, lo sabemos. En el Báltico, mediante incursiones destructivas inútiles y sin resultado, encadenar a Finlandia más fuertemente a Rusia. En Crimea, eternizar carnicerías en las cuales solo la derrota, no la victoria, puede conducir a una decisión. Fiel a su vieja costumbre, arroja las alianzas exteriores al platillo de la balanza parlamentaria. Bonaparte ya ha hecho sancionar el empréstito por su llamado «cuerpo legislativo». El parlamento inglés tiene que conformarse con convertirse en eco del «cuerpo legislativo» —en eco de un eco—, o la alianza peligra. Mientras Palmerston utiliza la alianza francesa como escudo para parar todos los golpes que se le dirigen, disfruta al mismo tiempo de la satisfacción de que ella reciba golpes. Como prueba de que «pone al hombre adecuado en el puesto adecuado», Palmerston ha ascendido a sir William Molesworth a ministro de las Colonias, y a sir B[enjamin] Hall, en lugar de Molesworth, a ministro de Bosques y Dominios. Molesworth pertenece a la escuela colonizadora de Wakefield. Su principio es encarecer artificialmente la tierra en las colonias y abaratar artificialmente el trabajo, para «generar la combinación necesaria de las fuerzas productivas». La aplicación experimental de esta teoría en el Canadá expulsó a los inmigrantes de allí hacia los Estados Unidos y Australia.

En este momento sesionan en Londres tres comités de investigación: uno nombrado por el gabinete y los otros dos por el parlamento. El primero, formado por los «recorders» (jueces supremos de lo criminal) de Londres, Manchester y Liverpool, acerca de las escenas de Hyde Park, se ve a diario inundado de pruebas de que los agentes de policía no solo fueron brutalmente inauditos, sino que lo fueron premeditadamente y por orden. Si se procediera sin miramientos, la investigación debería empezar por sir George Grey y el gabinete como principales culpables. El segundo comité, presidido por Berkeley, que se ocupa de los efectos del acta sobre la «venta de bebidas espirituosas los domingos», pone de manifiesto la superficialidad hipócrita de los experimentos sabatarios de mejora social. En lugar de disminuir, la cantidad de excesos por embriaguez ha aumentado. Sólo que se han trasladado en parte del domingo al lunes. El tercer comité, presidido por Scholefield, se ocupa de las adulteraciones de los alimentos, bebidas y todas las mercancías pertenecientes a los medios de subsistencia. La adulteración se presenta como regla, la autenticidad como excepción. Las sustancias añadidas para conferir color, olor, sabor a sustratos carentes de valor son en gran parte venenosas, todas ellas destructoras de la salud. El comercio aparece aquí como un gran laboratorio del fraude, la lista de mercancías como un catálogo diabólico de apariencias, la libre competencia como la libertad de envenenar y de ser envenenado.

El «Informe de los inspectores de fábricas» correspondiente al semestre concluido el 30 de abril ha sido presentado a ambas cámaras del parlamento: una contribución inestimable a la caracterización de los paladines de la paz de Manchester y de la clase que disputa a la aristocracia el monopolio del gobierno. Los «accidentes causados por la maquinaria» se clasifican en el informe bajo los siguientes epígrafes:

1. «Mortales», 2. «Pérdida de la mano derecha o del brazo derecho; pérdida de una parte de la mano derecha; pérdida de la mano izquierda o del brazo izquierdo; pérdida de una parte del brazo izquierdo; fractura de mano y pierna; lesiones en la cabeza y en la cara» y 3. «Desgarros, contusiones y otras lesiones no enumeradas arriba».

Leemos de una joven «que perdió la mano derecha», de un niño al que «la máquina le aplastó los huesos nasales y le destruyó la visión de ambos ojos», de un hombre a quien «le fue aserrada la pierna izquierda, el brazo derecho fracturado en tres o cuatro puntos, la cabeza horriblemente mutilada»; de un muchacho a quien «le arrancaron el brazo izquierdo de la articulación del hombro, junto con otras lesiones», y de otro muchacho a quien «le arrancaron ambos brazos de las articulaciones de los hombros, le desgarraron el abdomen de tal modo que le salieron los intestinos, y le aplastaron ambos muslos y la cabeza», etc., etc. El boletín industrial de los inspectores de fábricas es más espantoso, más horrible que cualquiera de los boletines de batalla de Crimea. Mujeres y niños constituyen un contingente regular y cuantioso en la lista de heridos y muertos. La muerte y las heridas no son más gloriosas que las marcas que el látigo del propietario de plantaciones dibuja en el cuerpo del negro. Son debidas casi exclusivamente a la omisión de las protecciones de las máquinas prescritas por la ley. Se recordará que los fabricantes de Manchester —esa metrópoli del partido de la paz a toda costa— asediaron al gabinete con delegaciones, con protestas contra el acta que ordena ciertas precauciones de seguridad en el uso de la maquinaria. Como no pudieron echar abajo la ley de inmediato, intentaron eliminar al inspector de fábricas L[eonard] Horner, desplazarlo por intrigas y colocar en su lugar a un guardián de la ley más dúctil. Hasta ahora sin éxito. Alegaban que la introducción de los dispositivos de seguridad acabaría con sus ganancias. Horner demuestra ahora que en su distrito hay pocas fábricas que no puedan ser puestas en condiciones de seguridad por un precio de 10 libras esterlinas. El número total de accidentes provocados por la maquinaria durante los seis meses que abarca el informe asciende a 1.788, de los cuales 18 fueron mortales. El importe total de las multas impuestas a los fabricantes, de las indemnizaciones satisfechas por ellos, etc., asciende en el mismo período a 298 libras esterlinas. Para completar esta suma, están incluidas las multas por «hacer trabajar durante horas contrarias a la ley», por «empleo de niños menores de 8 años», etc., de tal modo que las multas impuestas por 18 casos de muerte y 1.770 mutilaciones no alcanzan ni con mucho las 298 libras esterlinas. ¡298 libras esterlinas! ¡Es menos que el precio de un caballo de carreras de tercera clase!

El comité Roebuck y la oligarquía británica; el comité Scholefield y la clase mercantil británica; el informe de los inspectores de fábricas y los patronos fabriles británicos: bajo estos tres epígrafes se puede agrupar de manera gráfica la fisiología de las clases que hoy dominan en Gran Bretaña.