Las últimas noticias de Australia añaden un nuevo elemento al malestar, la inquietud y la inseguridad generales. Debemos distinguir entre la emeute de Ballarat (no lejos de Melbourne) y el movimiento revolucionario general en la provincia de Victoria. La primera estará sofocada en este momento; la segunda solo puede ser sofocada mediante concesiones completas. La primera misma no es más que un síntoma, un estallido ocasional de la segunda. En lo que concierne a la emeute de Ballarat, los hechos son simplemente estos: Un tal Bentley, propietario del Eureka-Hotel en los campos de oro de Ballarat, había entrado en todo tipo de conflictos con los buscadores de oro. Un asesinato, ocurrido en su casa, acrecentó el odio contra él. En la investigación del forense, Bentley fue absuelto como inocente. Entre tanto, diez de los doce jurados que actuaron durante la inspección del cadáver publicaron una protesta contra la parcialidad del coroner (forense), que había intentado suprimir los testimonios desfavorables al acusado. A petición de la masa popular, se llevó a cabo una segunda investigación. A pesar de testimonios muy incriminatorios, Bentley fue absuelto de nuevo. Entre tanto, se supo que uno de los jueces tenía participación pecuniaria en el hotel. Numerosas quejas anteriores y posteriores demuestran el carácter equívoco de los funcionarios gubernamentales del distrito de Ballarat. El día de la segunda absolución de Bentley, los buscadores de oro realizaron una demostración terrible, entregaron su hotel a las llamas y luego se retiraron. Tres de los cabecillas fueron detenidos por orden de sir Charles Hotham, gobernador general de la provincia de Victoria. El 27 de noviembre, una diputación de buscadores de oro exigió su liberación. Hotham desestimó la solicitud. Los buscadores de oro celebraron una reunión monstruo. El gobernador envió policía y fuerzas militares desde Melbourne. Se llegó al conflicto, quedaron varios muertos, y los buscadores de oro, según las últimas noticias, que llegan hasta el 1 de diciembre, habían izado la bandera de la independencia.

Esta narración, entresacada en lo esencial de un órgano gubernamental, no habla ya de ningún modo en favor de los jueces y funcionarios gubernamentales ingleses. Muestra la desconfianza reinante. Las verdaderas grandes cuestiones en litigio, en torno a las cuales gira el movimiento revolucionario en la provincia de Victoria, son dos. Los buscadores de oro exigen la abolición de las patentes para la extracción de oro —es decir, de un impuesto directamente impuesto al trabajo—; en segundo lugar, exigen la abolición de la calificación de propiedad para los miembros de la Cámara de Representantes, a fin de obtener así ellos mismos el control sobre los impuestos y la legislación. Se ve: en lo esencial, motivos similares a los que condujeron a la declaración de independencia de los Estados Unidos, solo que en Australia el antagonismo parte de los trabajadores contra los monopolistas vinculados a la burocracia colonial. En el «Argus» de Melbourne leemos sobre grandes reuniones reformistas y, por otro lado, grandes preparativos militares por parte del gobierno. Allí se dice, entre otras cosas: «En una reunión de 4.000 personas se acordó que el impuesto de patentes era un gravamen y un impuesto injusto sobre el trabajo libre, por lo que la reunión se comprometía a abolirlo inmediatamente quemando todas las patentes. Si alguien fuera detenido por no estar en posesión de una patente, el pueblo unido lo defendería y protegería.» En Ballarat, el 30 de noviembre, los comisarios Rede y Johnson aparecieron con caballería y policía, y exigieron, con sables desenvainados y bayonetas caladas, que los buscadores de oro mostraran las patentes. Estos celebraron una reunión de masas, en su mayoría armados, y decidieron resistir hasta el extremo la recaudación del impuesto odioso. Se negaron a mostrar sus patentes; declararon que las habían quemado; se leyó el acta de amotinamiento, y la revuelta era ya completa.

Basta con señalar aquí —para describir la actuación conjunta de los monopolistas que anidan en las legislaturas locales y de la burocracia colonial vinculada a ellos— que en 1854 los gastos del gobierno en Victoria ascendieron a 3.564.258 libras esterlinas, incluyendo un déficit de 1.085.896, es decir, más de un tercio del ingreso total. Y ante la crisis actual, la bancarrota general, sir Charles Hotham exige para el año 1855 una suma de 4.801.292 libras esterlinas. Victoria apenas cuenta con 300.000 habitantes, y de la suma anterior, 1.860.830 libras esterlinas, es decir, 6 libras esterlinas per cápita, están destinadas a obras públicas, a saber: caminos, dársenas, muelles, cuarteles, edificios gubernamentales, oficinas de aduanas, jardines botánicos, establos gubernamentales, etc. Según esta escala —6 libras esterlinas per cápita—, la población de Gran Bretaña tendría que pagar anualmente 168.000.000 libras esterlinas solo para obras públicas, es decir, tres veces más de lo que ascienden sus impuestos totales. Se comprende que la población trabajadora se indigna ante este exceso de impuestos. Se comprende, al mismo tiempo, los buenos negocios que la burocracia y los monopolistas, unidos, tienen que hacer con unas obras estatales tan extensas, costeadas a costa ajena.