«Neue Rheinische Zeitung» – Drigalski el legislador, ciudadano y comunista

Drigalski el legislador, ciudadano y comunista

[«Neue Rheinische Zeitung» n.º 153, del 26 de noviembre de 1848]

* Colonia, 24 de noviembre. Düsseldorf ha sido declarada en estado de sitio; el ministerio Brandenburg-Wrangel ha encontrado en los señores Spiegel-Drigalski dignos representantes. El primero de estos señores es un simple presidente de regencia, pero el otro reúne múltiples cualidades; no solo es teniente general y comandante de división —como tal figura en la lista de grados y acuartelamientos y como «supremo» legislador de la ciudad y de la mancomunidad de Düsseldorf—, sino que también es escritor y dice de sí mismo que es a la vez «ciudadano» y —comunista, todo ello con Dios, por el rey y la patria. Estos dos señores, el sencillo y el abigarrado, han considerado que en Düsseldorf el estado legal solo puede mantenerse con medios *extraordinarios*; por ello se han visto «obligados», «para proteger el orden legal», a declarar el estado de sitio sobre todo el municipio de Düsseldorf.

Sabemos desde hace tiempo que el gobierno de Brandenburg solo puede sostenerse con medios *extraordinarios*; sabemos que su situación habría cesado hace mucho tiempo si el país no se encontrara en estado de sitio. El estado de sitio es el *estado legal* del gobierno de Brandenburg.

«Estado de sitio, señores míos, significa *estado de guerra*», declaró el primer ministro Pfuel en la sesión de la Asamblea conciliadora del 29 de septiembre. Entonces se trataba de la ciudad y fortaleza de Colonia, entonces se hablaba de una insurrección, no podían ejecutarse las disposiciones de los tribunales, la autoridad legal —la guardia cívica— no podía mantener la tranquilidad, se habían levantado barricadas; a la fuerza

no podía oponerse otra cosa que la fuerza. Así lo sostuvieron al menos los defensores del estado de sitio, al menos se tomaban la molestia de salvar las apariencias con hechos supuestamente constatados. Ahora la cosa se hace mucho más fácil; Düsseldorf no está en insurrección, la acción de los tribunales no se ha interrumpido un solo instante, la guardia cívica ha estado siempre dispuesta a prestar auxilio a las requisitorias legales, y ni siquiera se pueden invocar las anticuadas *Instrucciones* del año 1809, a las que entonces se dio tanta importancia; pues Düsseldorf no es una fortaleza. Pero Düsseldorf se ha pronunciado con una energía singular *por la negativa a pagar los impuestos*, y eso bastó a los dos brandeburgueses para restablecer el estado legal, es decir, para declarar la ciudad *fuera* de la ley.

No entraremos en las acusaciones que sirven de pretexto a la proclamación del estado de sitio; las dejamos a la atención de la autoridad judicial como falsas acusaciones, ya que en ningún lugar se ha aportado la prueba legal para apoyarlas; son calumnias que caen bajo los artículos 367 y siguientes del código penal. Nos limitaremos aquí a enumerar las ilegalidades que los señores Spiegel y Drigalski se permiten cometer para proteger el orden legal.

Después de que los dos señores declararan el estado de sitio y «con ello la autoridad suprema pasa a la autoridad militar», el «comunista y ciudadano» Drigalski decreta lo siguiente:

1. Las autoridades legalmente existentes permanecen en sus funciones y serán apoyadas enérgicamente en las medidas que deban adoptar.

Es decir, las autoridades legalmente existentes quedan, en cuanto existen *legalmente*, casadas, pero permanecen en sus funciones para apoyar al señor von Drigalski.

«Espero», dice Drigalski a sus «conciudadanos», «que todos los habitantes bien intencionados me faciliten la *aplicación de las leyes* y que *las autoridades me apoyen en ello con toda decisión*.»

El señor Drigalski no solo hace leyes, sino que también las aplica; las autoridades legalmente existentes son sus satélites. ¡Y los «jueces independientes» del tribunal regional de Düsseldorf, el señor procurador jefe y su fiscalía se lo consienten todo tan tranquilamente! No encuentran ninguna violación legal en el hecho de ser desposeídos de su cargo; rinden homenaje al legislador Drigalski y se alegran de poder seguir cobrando su

salario a este precio. ¡Qué vergüenza, señores! ¿No les va a dar nada de vergüenza, ustedes que bajo el régimen del sable cursan órdenes de detención y realizan investigaciones? ¿O acaso la detención del señor Lassalle, que en una confianza por desgracia demasiado audaz en su buen derecho y en la protección de la autoridad judicial no quiso sustraerse al estado de sitio, es solo un acto de venganza privada del señor *Drigalski*? ¿Acaso se ha solicitado e iniciado ya en secreto una investigación contra este hombre y sus cómplices sobre la base de los artículos 114, 123, 124?

La *segunda* ley del señor Drigalski dice:

«Quedan disueltas todas las asociaciones con fines políticos y sociales.»

¿Qué le importa al señor Drigalski la ley del 6 de abril, artículo 4? Si según ésta «todos los prusianos tienen derecho a asociarse sin previo permiso policial con fines que no contravengan las leyes existentes», eso es evidentemente una de esas «conquistas» que hay que arrebatar de nuevo lo antes posible, y por tanto incompatible con la legislación de Drigalski.

Tercera y *cuarta* ley. El señor von *Drigalski* regula el tránsito por las calles y las posadas. Como si Düsseldorf se hubiera convertido en París, promulga una ley contra las agrupaciones. Pero no solo es grande como policía, sino que también muestra un decidido talento para vigilante nocturno: ordena el toque de queda.

Quinta ley.

«La guardia cívica queda disuelta, sin perjuicio de su reorganización, y deberá entregar las armas hoy mismo.»

Esta ley es complicada en cuanto a ilegalidades; distinguimos:

a) La guardia cívica queda *disuelta*. Según las leyes ordinarias, especialmente la ley de la guardia cívica del 17 de octubre, la guardia cívica solo puede ser disuelta por reales órdenes de gabinete. ¿Acaso tiene el señor von Drigalski alguna orden de gabinete secreta en la manga? Pues bien, ¿por qué no la publica, como publicó la declaración del director general de correos Maurenbrecher? Ciertamente, ésta fue desmentida de inmediato por la guardia cívica de Düsseldorf. El señor von Drigalski no tiene ninguna orden de gabinete; actúa por propia autoridad y se arroga atribuciones reales, aunque sea un realista «ciudadano y comunista».

b) La guardia cívica no ha sido *sólo* suspendida en su servicio. El señor von Drigalski no se contenta con arrebatar solo la autoridad del presidente de regencia. En lo que respecta a la ilegalidad, ya habría hecho bastante con la mera suspensión del servicio. El artículo 4 de la ley del 17 de octubre dice:

«Cuando la guardia cívica de un municipio o de un distrito se niegue a cumplir las requisitorias de la autoridad o se entrometa en las funciones de las autoridades municipales, administrativas o judiciales, el *jefe de la administración del distrito gubernativo* podrá, con indicación de las causas, suspenderla provisionalmente en su servicio.»

La suspensión del servicio solo podía ser decretada por el presidente del gobierno, pero no por un teniente general, ni por un comandante de división, ni por un ciudadano, ni, en fin, por un comunista, aunque sea un «comunista real-prusiano».

Pero el señor Drigalski tiene sus buenas razones para, sin respeto al conducto jerárquico, presentarse de inmediato como majestad. Si hubiera tratado a la guardia cívica solo como presidente del gobierno, no habría podido *desarmarla*. Pero

c) «la guardia cívica deberá entregar las armas hoy mismo». Una mera suspensión del servicio no autoriza de ninguna manera a quitar las armas. De lo contrario, también los oficiales suspendidos tendrían que entregar su espada. Pero el señor Drigalski tiene razón; si la guardia cívica hubiese podido conservar las armas, probablemente no se hubiera dejado quitar el servicio por *él*; habría cumplido su cometido, tal como lo prescribe el artículo 1 de la ley.

d) El señor von Drigalski hace que las armas se le entreguen *a él*. Una vez que se siente llamado a actuar como majestad, tampoco le importa el real decreto relativo a la ejecución de la ley sobre la creación de la guardia cívica. Allí se dice en el artículo 3:

«Las armas entregadas por el Estado a los municipios quedarán *en todo caso* en posesión de los municipios hasta el momento arriba señalado.»

La «administración municipal y el concejo de Düsseldorf no tienen nada que objetar a esta disposición. En vez de protestar contra esta ilegalidad y defender los derechos del municipio, exhortan a los ciudadanos a una “conducta tranquila y legal” frente a su nuevo dictador.

Sexta ley.

«Quien sea hallado en resistencia abierta y armada contra las medidas de la autoridad legal o cause peligro o perjuicio a las tropas mediante un acto de traición, *será sometido a un consejo de guerra*.»

Según la ley de protección de la libertad personal, *nadie puede ser sometido a otro juez que el designado en la ley*. *Los tribunales de excepción y las comisiones extraordinarias son inadmisibles*. *Ninguna pena puede ser amenazada o impuesta sino de conformidad con la ley*. Según la misma ley, esta disposición *nunca* puede ser suspendida temporal o localmente, *ni siquiera en caso de guerra o insurrección*. Pues según el artículo 8, solo los artículos 1 y 6 pueden ser derogados provisionalmente, pero también solo *por acuerdo y bajo la responsabilidad del ministerio de Estado*. Sin embargo, el señor von Drigalski decreta un consejo de guerra para personas civiles. Ya no puede sorprender que ordene detenciones y que, con ese fin, viole la inviolabilidad del domicilio; esas disposiciones al menos pueden ser suspendidas, aunque no por el señor von Drigalski. Por lo demás, es indiferente que se quiera dar crédito a la afirmación del «Düsseldorfer Zeitung» de que la detención de Lassalle se efectuó de manera completamente informal, o a la aseveración de la «Kölnische Zeitung», según la cual se realizó por orden del juez de instrucción. La «Kölnische Zeitung» se pone naturalmente de parte del comandante militar para dejar en evidencia al juez de instrucción. En cualquier caso, la detención es ilegal; pues en un estado ilegal no pueden realizarse actos legales. En el estado de guerra cesa la acción de la jurisdicción civil. Si el juez de instrucción permanece en sus funciones, entonces asume la posición de un *auditor militar*, y su código legal serán los *artículos de guerra*. La fiscalía de Düsseldorf ha entendido bien esta nueva posición; pues si aún se considerara dentro de la competencia que prescribe el código procesal penal renano, habría intervenido hace tiempo, aunque solo fuera sobre la base del artículo 9 de la ley de habeas corpus, que dice:

«No se necesita ninguna autorización previa de las autoridades para perseguir judicialmente a los funcionarios civiles y militares por las violaciones de las disposiciones anteriores cometidas al excederse en sus atribuciones oficiales.»

Ahora cabe preguntarse, para conocer a fondo la fuerza de nuestras instituciones renanas, si el procurador general, el señor *Nicolovius*, bajo cuya supervisión se encuentran todos los funcionarios de la policía judicial, incluso los jueces de instrucción, aprobará la conducta de la fiscalía de Düsseldorf.

A una diputación que ayer acudió a él para instarle a que hiciera intervenir su autoridad oficial frente a los sucesos de Düsseldorf, se dice que el señor Nicolovius respondió que él no tenía ningún artículo de ley sobre cuya base pudiera intervenir. Decimos que el señor Nicolovius, según se dice, aunque esta manifestación nos ha sido comunicada del modo más fidedigno. Pero, con todo, no podemos creerlo, pues de lo contrario tendríamos que suponer que el señor Nicolovius ha debido de perder por completo de la memoria el Code pénal, así como todas las leyes promulgadas desde el mes de marzo de este año.