Se recordará que en 1857 el Parlamento británico fue convocado apresuradamente a raíz de la suspensión de la Ley de la Carta Bancaria,[b] que, por carta del 12 de noviembre, en medio del pánico monetario, el Primer ministro y el Canciller del Exchequer habían asumido la responsabilidad de decretar. Una vez aprobada la ley de indemnidad, el Parlamento suspendió sus sesiones, dejando tras de sí una comisión selecta nombrada para «investigar las operaciones de las leyes bancarias de 1844 y 1845, así como las causas de la reciente penuria comercial». La comisión, de hecho, había estado reunida desde principios de 1857 y ya había publicado dos pesados volúmenes, uno de testimonios y el otro de apéndices, ambos relativos al funcionamiento y los efectos de las leyes bancarias de 1844-45. Sus trabajos estaban casi olvidados cuando el estallido de la crisis comercial los trajo de nuevo a la vida y les proporcionó un «elemento adicional de investigación». En los dos pesados volúmenes a los que nos hemos referido, el comercio, apenas dos meses antes de su tremendo colapso, era declarado «sólido» y «seguro». En cuanto al funcionamiento de la ley bancaria de Sir Robert Peel, Lord Overstone se expresó ante la comisión, el 14 de julio de 1857, en estos términos más bien ditirámbicos:

«Mediante una adhesión estricta y pronta —dijo— a los principios de la ley de 1844, todo ha transcurrido con regularidad y facilidad; el sistema monetario está seguro e inconmovible; la prosperidad del país es indiscutible; la confianza del público en la sabiduría de la ley de 1844 se fortalece día a día; y si la comisión desea una ulterior ilustración práctica de la solidez del principio en que se basa, o de los benéficos resultados que ha asegurado, la verdadera y suficiente respuesta a la comisión es: miren a su alrededor; miren el estado actual del comercio del país; [...] miren el contento del pueblo; miren la riqueza y la prosperidad que presentan todas las clases del país; y entonces, una vez hecho esto, se puede pedir con razón a la comisión que decida si va a interferir con la continuidad de una ley bajo la cual se han desarrollado esos resultados.»[d]

Seis meses después, ¡la misma comisión tuvo que felicitar al gobierno por haber suspendido esa misma ley!

La comisión contaba entre sus miembros con nada menos que cinco cancilleres o ex cancilleres del Exchequer, a saber: Mr. Disraeli, Sir G. C. Lewis, Mr. Gladstone, Sir Charles Wood y Sir Francis Baring, respaldados por Mr. Wilson y Mr. Cardwell, dos hombres acostumbrados desde hacía mucho a proveer de cerebros a los ministros de Finanzas. Junto a éstos, se había agregado a ella toda la flor y nata de la burocracia inglesa. De hecho, reunía alrededor de dos docenas de miembros y constituía un cónclave notable de sabiduría financiera y económica. Las cuestiones que debían decidirse eran, primero, los principios de la ley bancaria de 1844; segundo, la influencia sobre las crisis comerciales de la emisión de billetes de banco pagaderos a la vista; y, por último, las causas generales de la reciente penuria. Nos proponemos examinar sucintamente las respuestas dadas a estas diferentes preguntas.

Sir Robert Peel, el padrino parlamentario, y Lord Overstone, el padre científico, de la ley de 1844, la cual prohibía al Banco de Inglaterra emitir billetes por encima de la suma de 14.500.000 libras esterlinas, salvo con garantía de metálico, se jactaban de haber prevenido las presiones y pánicos que se habían producido periódicamente de 1815 a 1844. Dos veces en diez años su expectativa se ha visto defraudada, a pesar de la ayuda extraordinaria e inesperada que brindaron al funcionamiento de la ley los grandes descubrimientos de oro.['] En 1847 y 1857, como lo demuestran las pruebas presentadas ante la comisión, los pánicos fueron incluso de un carácter más intenso y destructivo que cuantos se habían presenciado hasta entonces. Dos veces, en 1847 y 1857, el gobierno tuvo que infringir la ley bancaria para salvar al banco y al mundo monetario que giraba en torno suyo.

La comisión, al parecer, tenía que decidir sobre una alternativa muy simple. O la violación periódica de la ley por parte del gobierno era correcta, y entonces la ley debía ser errónea, o la ley era correcta, y entonces debía prohibirse al gobierno manipularla arbitrariamente. Pero ¿se creerá que la comisión ha logrado vindicar simultáneamente la perpetuidad de la ley y la recurrencia periódica de su infracción? Las leyes han sido por lo general diseñadas para circunscribir el poder discrecional del gobierno. Aquí, por el contrario, la ley parece mantenerse únicamente para conservar al Ejecutivo el poder discrecional de anularla. La carta del gobierno, que autorizaba al Banco de Inglaterra a atender las demandas de descuento y anticipos sobre valores aprobados más allá de los límites de la circulación prescritos por la ley de 1844, se emitió el 12 de noviembre; pero hasta el día 30 el Banco hubo de lanzar a la circulación, como promedio diario, alrededor de medio millón de libras en billetes por encima del margen legal. El 20 de noviembre, el excedente ilegal de circulación había ascendido a cerca de un millón. ¿Qué otra prueba se necesitaba de la futilidad perniciosa del intento de Sir Robert Peel de «regular» la moneda? La comisión tiene toda la razón al afirmar «que ningún sistema monetario puede poner a un país comercial a salvo de las consecuencias de su propia imprudencia». Pero esta observación sabia no viene al caso. La cuestión era, más bien, si el pánico monetario, que no constituye más que una fase de la crisis comercial, puede o no ser agravado artificialmente por disposiciones legislativas.

En justificación de la Ley bancaria, la comisión dice:

«El principal objeto de la legislación en cuestión era indudablemente asegurar que la variación de la moneda de papel del reino se ajustara a las mismas leyes por las que variaría una circulación metálica. Nadie sostiene que ese objeto no se haya alcanzado.»

Observamos en primer lugar que la comisión rehúsa expresar su opinión sobre las leyes por las que variaría una circulación metálica, porque temía «no poder llegar a ninguna conclusión sin una gran divergencia de opiniones».['] En opinión de los bullionistas, encabezados por Sir Robert Peel, una circulación puramente metálica se contraería o expandiría de acuerdo con el estado del cambio; es decir, el oro entraría con un cambio favorable, mientras que saldría del país con uno desfavorable. En el primer caso, los precios generales subirían; en el segundo, bajarían. Ahora bien, suponiendo que estas violentas fluctuaciones de precios fueran inherentes a una circulación puramente metálica, Mr. J. S. Mill ciertamente tenía razón al declarar ante la comisión ['] que la condición a que debía aspirarse con una moneda de papel no era imitar, sino corregir y suprimir tales vicisitudes desastrosas.

Pero las premisas de que parten los bullionistas en sus razonamientos han resultado ser imaginarias. En países donde no existen operaciones de crédito y, por consiguiente, no hay circulación de papel, como era, relativamente hablando, el caso hasta hace poco en Francia, y sigue siendo el caso en una escala mucho mayor en toda Asia, en todas partes se acumulan atesoramientos privados de oro y plata. Cuando el metálico es drenado por un cambio desfavorable, estos atesoramientos se abren a consecuencia de un alza en la tasa de interés. Cuando el cambio se torna favorable, los atesoramientos absorben de nuevo el excedente de los metales preciosos. En ninguno de los dos casos se crea un vacío en la moneda, ni lo contrario. El flujo y reflujo del metálico afecta al estado de los atesoramientos, pero no al estado de la moneda, y de este modo no se ejerce acción alguna sobre los precios generales. ¿A qué se reduce, entonces, la apología de la comisión, a saber, que la ley bancaria de 1844, en períodos de presión, tiende a crear fluctuaciones súbitas de precios que erróneamente supone que ocurrirían sobre la base de una moneda puramente metálica? Pero, dice la comisión, la convertibilidad de los billetes, que es el primer deber del Banco mantener, queda al menos garantizada por la ley de Sir Robert Peel. Y añade:

«La reserva que necesariamente se mantiene en las cajas de ese establecimiento en virtud de las disposiciones de la ley de 1844 es mayor que la que jamás se mantuviera en circunstancias de presión en épocas anteriores. Durante la crisis de 1825, el metálico descendió a 1.261.000 libras; en 1837 a 3.831.000 libras, y en la de 1839 a 2.406.000 libras, mientras que los puntos más bajos a que ha descendido desde 1844 han sido, en 1847, 8.313.000 libras, y en 1857, 6.080.000 libras.»[4]

En primer lugar, la convertibilidad de los billetes se mantuvo en todos esos pánicos, no porque el Banco poseyera metálico suficiente para cumplir sus promesas, sino sencillamente porque no se le exigió que las pagara en oro. En 1825, por ejemplo, el Banco resistió la corrida emitiendo billetes de 1 libra. Si las reservas de metálico comparativamente mayores en 1847 y 1857 se consideran simplemente como consecuencias de la ley de 1844, entonces, con el mismo razonamiento, a esa misma ley debe atribuirse el hecho de que en 1857 la reserva metálica, a pesar de California y Australia, había descendido en más de 2.000.000 de libras por debajo del nivel de 1847. Pero, aunque poseía el doble o el triple de la cantidad de oro que había tenido en 1825 y 1836, el Banco de Inglaterra, gracias a las disposiciones de la ley de Sir Robert Peel, tembló en 1847 y 1857 al borde de la bancarrota. Según el testimonio del gobernador del Banco,['] toda la reserva del departamento bancario el 12 de noviembre de 1857, día de la emisión de la Carta del Tesoro, era de sólo 580.751 libras, mientras que sus depósitos ascendían al mismo tiempo a 22.500.000 libras, de las cuales cerca de 6.500.000 pertenecían a banqueros londinenses. De no haber aparecido la Carta del Tesoro, el establecimiento habría tenido que cerrar. Subir o reducir la tasa de interés —y el Banco confiesa que no tenía otro medio de actuar sobre la circulación— es una operación que se aplicaba antes de la aprobación de la ley de 1844, y que, por supuesto, podría haberse aplicado también después de su derogación. Pero, dice el Banco, los directores quieren que su virtud sea fortalecida por la ley, y no sería conveniente «dejarlos a merced de su propia sabiduría y firmeza sin resistencia».[] En tiempos normales, cuando la ley es notoriamente letra muerta, quieren ser fortalecidos por la ficción de su funcionamiento legal, y en los momentos de presión, los únicos momentos en que puede funcionar en absoluto, quieren deshacerse de ella mediante un ukase del gobierno.

[b] El 12 de diciembre de 1857. — Ed.