Karl Marx

["Neue Oder-Zeitung" Nr. 111 vom 7. März 1855]

Londres, 3 de marzo. En la sesión de anteayer de la Cámara de los Comunes fue rechazada, como se sabe, la moción de Lord Goderich de ascender suboficiales al rango de capitanes. Palmerston aplicó el viejo dilema: una reforma parcial es imposible, porque un eslabón del viejo sistema condiciona al otro. Reforma práctica aislada, pues, imposible, por no ser teórica. La reforma total del sistema imposible, porque no sería reforma, sino revolución. Reforma teórica, pues, imposible por no ser práctica. Esta Cámara de los Comunes — una cámara que tiene por lema: principiis obsta <resiste a la tentación> — se dejó convencer naturalmente con gusto, o más bien no necesitó ser convencida, pues su sentencia estaba dictada antes del proceso.

Palmerston alegó en esta ocasión que el sistema de la venta de las patentes de oficial era antiguo, y en esto tenía razón. Ya hemos señalado anteriormente que comenzó con la "gloriosa" Revolución de 1688, con la introducción de las deudas del Estado, los billetes de banco y la realeza holandesa. Ya en el Acta de Motín de 1694 se menciona la necesidad de prevenir

«el gran perjuicio de la compra y venta de los empleos militares en el ejército real», y se ordena que «todo oficial con despacho» (solo los suboficiales no están despachados) «jure que no ha comprado su despacho».

Esta restricción, sin embargo, no se impuso; en 1702, por el contrario, Sir N[athan] Wright, el Lord Keeper <Lord Guardián del Sello>, decidió en sentido inverso. El 1 de mayo de 1711, una disposición de la Reina Ana reconoció expresamente el sistema al disponer

«que no se vendieran despachos sin confirmación real y que ningún oficial pudiera retirarse vendiendo su empleo sin haber servido 20 años o haberse incapacitado para el servicio, etc.».

De este reconocimiento oficial del tráfico de patentes militares a la regulación oficial del precio de mercado de los despachos no había más que un paso. En 1719/1720 se fijaron por vez primera tales precios de mercado. Los precios de las patentes de oficial fueron revisados en 1766, 1772, 1773, 1783 y, finalmente, en 1821, cuando se fijaron los precios actuales. Ya en 1766, el ministro de la Guerra, Barrington, publicó una carta en la que se decía:

«La consecuencia de este tráfico de patentes de oficial es, frecuentemente, que hombres que han ingresado en el ejército con el más ardiente deseo de servir, que se han distinguido en toda ocasión, son mantenidos toda su vida en el rango más bajo porque son pobres. Estos oficiales meritorios sufren a menudo la cruel humillación de ser mandados por muchachuelos de familias ricas, que entran en el servicio mucho más tarde y cuyos medios les permiten divertirse fuera del regimiento, mientras los otros, permanentemente en el cuartel, cumplen los deberes de esos caballeros y han aprendido los propios.»

Es cierto que el derecho común de Inglaterra declara ilegal dar, por cualquier cargo público, un regalo o «corretaje», del mismo modo que los estatutos de la Iglesia oficial castigan la simonía con su interdicción. Pero el desarrollo histórico consiste en que ni la ley determina la práctica, ni la práctica suprime la ley contradictoria.

Las últimas noticias de Australia añaden un nuevo elemento al malestar, inquietud e inseguridad generales. Hemos de distinguir entre la revuelta de Ballarat (cerca de Melbourne) y el movimiento revolucionario general en la provincia de Victoria. La primera estará a estas horas sofocada; la segunda solo puede ser sofocada mediante concesiones completas. La primera no es más que un síntoma, un estallido ocasional de la segunda. En lo que concierne a la revuelta de Ballarat, los hechos son sencillos: Un tal Bentley, propietario del Eureka-Hotel en los campos de oro de Ballarat, se había visto envuelto en toda clase de conflictos con los buscadores de oro. Un asesinato cometido en su casa acrecentó el odio contra él. En la investigación del juez pesquisidor forense, Bentley fue absuelto. Sin embargo, diez de los doce jurados que actuaron durante la vista del cadáver publicaron una protesta contra la parcialidad del coroner (juez forense), que había tratado de suprimir las declaraciones desfavorables al acusado. A petición de la masa popular, se llevó a cabo una segunda investigación. A pesar de declaraciones muy comprometedoras, Bentley fue de nuevo absuelto. Entretanto, se supo que uno de los jueces tenía un interés pecuniario en el hotel. Numerosas quejas anteriores y posteriores demuestran el carácter equívoco de los funcionarios gubernamentales del distrito de Ballarat. El día de la segunda absolución de Bentley, los buscadores de oro hicieron una terrible demostración, entregaron su hotel a las llamas y luego se retiraron. Tres de los cabecillas fueron arrestados por orden de Sir Charles Hotham, gobernador general de la provincia de Victoria. El 27 de noviembre, una diputación de buscadores de oro pidió su liberación. Hotham rechazó la solicitud. Los buscadores de oro celebraron un monstre meeting. El gobernador envió policía y fuerzas militares desde Melbourne. Se llegó al conflicto, quedaron varios muertos, y los buscadores de oro, según las últimas noticias, que llegaban hasta el 1 de diciembre, habían izado la bandera de la independencia.

Este relato, tomado en lo esencial de un órgano gubernamental, no habla ciertamente en favor de los jueces y funcionarios gubernamentales ingleses. Muestra la desconfianza reinante. Las grandes cuestiones en litigio, en torno a las cuales gira el movimiento revolucionario en la provincia de Victoria, son dos. Los buscadores de oro exigen la abolición de las patentes para excavar oro —es decir, de un impuesto que grava directamente el trabajo—; exigen, en segundo lugar, la abolición de la calificación censitaria para los miembros de la Cámara de Representantes, a fin de obtener así el control de los impuestos y de la legislación. Se ve: en lo esencial, motivos similares a los que condujeron a la declaración de independencia de los Estados Unidos, solo que en Australia la oposición parte de los trabajadores contra los monopolistas vinculados a la burocracia colonial. En el Melbourne «Argus» leemos sobre grandes meetings de reforma y, por otra parte, sobre grandes preparativos militares por parte del gobierno. Se dice allí, entre otras cosas:

«En un meeting de 4.000 personas se resolvió que el impuesto de patentes era una exacción y un impuesto injusto sobre el trabajo libre, por lo cual el meeting se comprometía a abolirlo de inmediato mediante la quema de todas las patentes. Si alguien fuera arrestado por no estar en posesión de una patente, el pueblo unido lo defendería y protegería.»

En Ballarat, el 30 de noviembre, los comisarios Rede y Johnson se presentaron con caballería y policía, y con las espadas desenvainadas y las bayonetas caladas exigieron a los buscadores de oro que mostraran sus patentes. Estos celebraron una asamblea de masas, en su mayoría armados, y acordaron resistir hasta lo último el cobro del odioso impuesto. Se negaron a mostrar sus patentes; declararon que las habían quemado; se leyó el acta de proclamación de disturbios, y el tumulto fue ya total.

Basta señalar aquí —para caracterizar las mancomunadas manejos de los monopolistas que anidan en las legislaturas locales y de la burocracia colonial ligada con ellos— que en 1854 los gastos del gobierno en Victoria ascendieron a 3.564.258 libras esterlinas, incluyendo un déficit de 1.085.896, es decir, más de un tercio de los ingresos totales. Y a la vista de la crisis actual y de la quiebra general, Sir Charles Hotham pide para el año 1855 una suma de 4.801.292 libras esterlinas. Victoria cuenta apenas con 300.000 habitantes, y de la suma arriba mencionada, 1.860.830 libras esterlinas —o sea, 6 libras por cabeza— están destinadas a obras públicas, a saber: caminos, dársenas, muelles, cuarteles, edificios gubernamentales, aduanas, jardines botánicos, caballerizas del gobierno, etc. Con arreglo a esta escala —6 libras por cabeza— la población de Gran Bretaña tendría que pagar anualmente 168.000.000 de libras esterlinas solo por obras públicas, es decir, tres veces más de lo que asciende el total de sus impuestos. Se comprende que la población trabajadora se rebele contra esta sobreexacción. Se comprende a la vez los buenos negocios que burocracia y monopolistas, unidos, tienen que hacer con trabajos públicos tan extensos, costeados a expensas ajenas.