Hace unos años, cuando se expuso en el Parlamento el espantoso sistema de tortura en la India, Sir James Hogg, uno de los directores de la Muy Honorable Compañía de las Indias Orientales, afirmó temerariamente que las declaraciones hechas carecían de fundamento. Empero, la investigación posterior demostró que se basaban en hechos que los directores deberían haber conocido perfectamente, y Sir James se vio obligado a admitir, respecto a la horrible acusación que pesaba sobre la Compañía, o bien una «ignorancia voluntaria», o bien un «conocimiento criminal». Lord Palmerston, actual Primer Ministro de Inglaterra, y el Conde de Clarendon, Ministro de Asuntos Exteriores, parecen hallarse ahora en una posición parecida y nada envidiable. En el reciente banquete del Lord Mayor*, el Primer Ministro dijo en su discurso, mientras intentaba justificar las atrocidades cometidas contra los chinos:

«Si el Gobierno hubiera aprobado en este caso procedimientos injustificables, sin duda habría seguido un curso que merecería la censura del Parlamento y del país. Pero, por el contrario, estábamos persuadidos de que esos procedimientos eran necesarios y vitales. Considerábamos que se había infligido una grave injusticia a nuestro país. Considerábamos que nuestros compatriotas, en una parte lejana del globo, habían sido expuestos a una serie de insultos, ultrajes y atrocidades que no podían pasarse por alto en silencio [Aplausos]. Considerábamos que los derechos de este país, fundados en tratados, habían sido violados, y que quienes estaban localmente encargados de la defensa de nuestros intereses en aquella región del mundo no sólo estaban justificados, sino obligados a responder a esos ultrajes, en la medida en que el poder en sus manos se lo permitiese. Considerábamos que habríamos traicionado la confianza que los ciudadanos del país depositaron en nosotros si no hubiésemos aprobado los procedimientos que estimábamos justos y que, de encontrarnos en las mismas circunstancias, habríamos considerado nuestro deber seguir [Aplausos].» 

March 20, 1857, The Times, No. 22634, March 21, 1857.— Ed.

Ahora bien, por mucho que el pueblo inglés y el mundo en general puedan dejarse engañar por tan plausibles declaraciones, Su Señoría mismo ciertamente no las cree verdaderas y, si las cree, ha mostrado una ignorancia voluntaria casi tan injustificable como el «conocimiento criminal». Desde que nos llegaron las primeras noticias de las hostilidades inglesas en China, los periódicos gubernamentales de Inglaterra y una parte de la prensa norteamericana no han cesado de lanzar denuncias generales contra los chinos —acusaciones globales de violación de obligaciones contraídas en tratados, insultos a la bandera inglesa, degradación de los extranjeros residentes en su suelo y cosas por el estilo—, pero ni una sola acusación concreta se ha formulado ni se ha citado un solo hecho en apoyo de esas denuncias, salvo el caso de la lorcha Arrow; y, en lo que atañe a este caso, las circunstancias han sido tan tergiversadas y encubiertas por la retórica parlamentaria que extravían por completo a quienes realmente desean comprender el fondo de la cuestión.

La lorcha Arrow era una pequeña embarcación china, tripulada por chinos, pero empleada por algunos ingleses. Se le había concedido temporalmente licencia para enarbolar la bandera inglesa, licencia que había expirado antes del supuesto «insulto». Se dice que se utilizaba para el contrabando de sal y que llevaba a bordo a algunos sujetos de muy mala calaña —piratas y contrabandistas chinos—, a quienes, por ser delincuentes reincidentes contra las leyes, las autoridades llevaban mucho tiempo tratando de arrestar. Estando fondeada frente a Cantón —con las velas recogidas y sin enarbolar bandera alguna—, la policía tuvo conocimiento de la presencia a bordo de estos malhechores y los arrestó: exactamente el mismo acto que se habría llevado a cabo aquí si la policía de nuestros muelles hubiese sabido que ladrones de río y contrabandistas se ocultaban en una embarcación, nacional o extranjera, cercana. Pero, como este arresto perjudicaba los negocios de los propietarios, el capitán se dirigió al cónsul inglés* y presentó una queja.

El cónsul, un joven recién nombrado y, según se nos informa, de temperamento vivo e irascible, se precipita a bordo en persona, entabla una acalorada discusión con la policía, que no ha hecho sino cumplir con su simple deber, y, en consecuencia, no logra obtener satisfacción. De allí se apresura de vuelta al consulado, escribe una exigencia imperiosa de restitución y disculpas al gobernador general de la provincia de Quangtung, y una nota a Sir John Bowring y al almirante Seymour en Hong-Kong, dando a entender que él y la bandera de su país han sido insultados más allá de lo tolerable y señalando en términos bastante claros que ha llegado el momento de una demostración contra Cantón, largamente esperada.

El gobernador Yeh responde cortés y serenamente a las arrogantes exigencias del exaltado joven cónsul británico. Expone los motivos del arresto y lamenta que haya podido haber algún malentendido al respecto; al mismo tiempo, niega de manera categórica la más mínima intención de insultar la bandera inglesa y devuelve a los hombres, a quienes, aunque legalmente arrestados, no deseaba retener a costa de un malentendido tan grave. Pero esto no satisface al Sr. Cónsul Parkes: exige una disculpa oficial y una restitución más formal, o el gobernador Yeh habrá de atenerse a las consecuencias. A continuación llega el almirante Seymour con la flota británica, y empieza entonces otra correspondencia, dogmática y amenazadora, por parte del almirante; fría, impasible y cortés, por parte del funcionario chino. El almirante Seymour exige una entrevista personal dentro de las murallas de Cantón. El gobernador Yeh dice que eso es contrario a todo precedente y que Sir George Bonham había convenido en que no debía exigirse. Se avendría gustoso a una entrevista, como de costumbre, fuera de la ciudad amurallada si fuese necesario, o a satisfacer los deseos del almirante de cualquier otra forma que no fuera contraria a los usos chinos y a la etiqueta hereditaria. Pero esto no convenía al belicoso representante del poderío británico en el Oriente.

Sobre los fundamentos aquí sucintamente expuestos —y los informes oficiales que ahora tiene ante sí el pueblo inglés confirman plenamente esta versión— se ha librado esta guerra de lo más injusta. Los ciudadanos inocentes y los pacíficos comerciantes de Cantón han sido masacrados, sus viviendas demolidas y las exigencias de la humanidad violadas, bajo el frágil pretexto de que «¡la vida y la propiedad inglesas están en peligro por los actos agresivos de los chinos!». El Gobierno británico y el pueblo británico —al menos, aquellos que han querido examinar la cuestión— saben cuán falsas y vacías son tales acusaciones. Se ha intentado desviar la investigación del punto principal y grabar en la mente del público la idea de que una larga serie de agravios anteriores al caso de la lorcha Arrow constituye, por sí misma, un casus belli suficiente. Pero estas afirmaciones generalizadoras carecen de base. Los chinos tienen, por lo menos, noventa y nueve agravios de que quejarse por cada uno que puedan aducir los ingleses.

¡Cuán silenciosa se muestra la prensa inglesa ante las escandalosas violaciones del tratado cometidas a diario por los extranjeros que viven en China bajo la protección británica! Nada oímos del tráfico ilícito de opio, que anualmente alimenta el erario británico a costa de la vida humana y de la moral. Nada oímos del constante soborno de los funcionarios subalternos, mediante el cual se defrauda al Gobierno chino de sus legítimos ingresos aduaneros, tanto de la mercancía que entra como de la que sale. Nada oímos de los agravios infligidos «hasta la muerte» a emigrantes extraviados y sometidos a contratos de servidumbre, vendidos a algo peor que la esclavitud en las costas del Perú y en la cautividad cubana. Nada oímos del espíritu de intimidación que a menudo se ejerce contra la naturaleza timorata de los chinos, ni de los vicios introducidos por los extranjeros en los puertos abiertos a su comercio. Nada oímos de todo esto y de mucho más, en primer lugar, porque a la mayoría de la gente fuera de China le importa poco la condición social y moral de ese país; y, en segundo lugar, porque la política y la prudencia aconsejan no agitar temas de los que no se derivaría ninguna ventaja pecuniaria. Así, el pueblo inglés en la metrópoli, que no mira más allá del tendero donde compra su té, está dispuesto a tragarse todas las falsedades que el Ministerio y la Prensa decidan embutirle por la garganta.

Entretanto, en China, los fuegos sofocados del odio encendidos contra los ingleses durante la guerra del opio han estallado en una llama de animosidad que no es probable que apaguen ofertas de paz y amistad alguna.*