El Gobierno soviético debe introducir inmediatamente el control obrero a escala estatal sobre la producción y el consumo. Sin esto, como lo ha demostrado ya la experiencia desde el 6 de mayo, todas las promesas de reformas y los intentos de realizarlas son impotentes, y el hambre, junto con una catástrofe inaudita, amenaza a todo el país de semana en semana.

Es necesaria la inmediata nacionalización de los bancos y de los seguros, así como de las ramas más importantes de la industria (petrolera, hullera, metalúrgica, azucarera, etc.), junto con la abolición incondicional del secreto comercial y el establecimiento de una vigilancia inquebrantable por parte de los obreros y los campesinos sobre la ínfima minoría de capitalistas que se enriquecen con los suministros al erario público y eluden la rendición de cuentas y la imposición justa de sus ganancias y propiedades.

Tales medidas, sin quitar ni un kopek de propiedad a los campesinos medios, ni a los cosacos, ni a los pequeños artesanos, son incondicionalmente justas para el reparto equitativo de las cargas de la guerra e impostergables para la lucha contra el hambre. Sólo poniendo freno al saqueo de los capitalistas y cesando la paralización deliberada de la producción por parte de ellos, se podrá conseguir la elevación de la productividad del trabajo, el establecimiento del servicio de trabajo universal, el intercambio regular de grano por productos de la industria y la devolución al erario de los muchos miles de millones de papel moneda ocultados por los ricos.

Sin tales medidas, es también imposible la abolición de la propiedad sobre la tierra de los terratenientes sin rescate, pues las tierras de los terratenientes están en su mayor parte hipotecadas en los bancos y los intereses de los terratenientes y los capitalistas se entrelazan indisolublemente entre sí.

La última resolución de la sección económica del Comité Ejecutivo Central Panruso de los Soviets de Diputados Obreros y Soldados («Rabóchaya Gazeta» n.º 152) reconoce no sólo lo «pernicioso» de las medidas del gobierno (tales como el aumento de los precios del pan para enriquecer a los terratenientes y a los kuláks), no sólo el «hecho de la completa inactividad de los órganos centrales de regulación de la vida económica creados junto al gobierno», sino incluso «la violación de las leyes» por parte de este gobierno. Este reconocimiento de los partidos gobernantes, los socialrevolucionarios y los mencheviques, muestra una vez más todo el carácter criminal de la política de conciliación con la burguesía.