El Gobierno soviético debe declarar inmediatamente abolida, sin rescate, la propiedad privada de la tierra de los terratenientes y entregar estas tierras a la administración de los comités campesinos, hasta que la Asamblea Constituyente resuelva. El inventario de los terratenientes también debe ser entregado a la administración de esos mismos comités campesinos, a fin de que se proporcione incondicionalmente, en primer lugar y de forma gratuita, para uso de los campesinos más pobres.

Estas medidas, reclamadas desde hace tiempo por la inmensa mayoría del campesinado tanto en las resoluciones de sus congresos como en centenares de instrucciones de las localidades (como se desprende, entre otras cosas, de la recopilación de 242 instrucciones publicada en las «Izvestia del Soviet de Diputados Campesinos»), son absoluta e inaplazablemente necesarias. No son admisibles ya ningún tipo de dilaciones, de las que tanto sufrió el campesinado durante el ministerio de «coalición».

Todo gobierno que demorara estas medidas debe ser considerado un gobierno antipopular, merecedor de ser derrocado y aplastado por la insurrección de los obreros y los campesinos. Y, por el contrario, sólo el gobierno que aplique estas medidas será un gobierno de todo el pueblo.