En la santa madrecita Rusia hay todavía muchos rincones donde parece que ayer mismo existiera la servidumbre. Tomemos, por ejemplo, los Urales. Allí los terratenientes poseen decenas de miles de desiatinas de tierra. Las fábricas (es decir, esos mismos terratenientes) prohíben a los artesanos desarrollar la pequeña industria. Los campesinos siguen dependiendo de los terratenientes y aún no han recibido tierras.

Y los Urales no son un pequeño «rincón», sino una región inmensa y riquísima.

Entre los obreros de las fábricas Stróganov en los Urales y la administración del riquísimo terrateniente Stróganov se litigó durante muchos años un pleito sobre la dotación de tierras a los campesinos en virtud de la ley de 1862 (¡de mil ochocientos sesenta y dos!).

Finalmente, este pleito terminó con una decisión de la «institución suprema», el Senado, en la primavera de 1909. El Senado ordenó a la junta gubernamental de Perm que dotara de tierra a los campesinos, que aplicara la ley de 1862.

Así pues, 47 años después de promulgada la ley, el Senado ordenó a los terratenientes que la aplicaran.

¿Y qué ocurrió?

Ocurrió que los terratenientes se quejaron ante el terrateniente Stolypin, que era entonces ministro del Interior. Según la ley, el Senado está por encima del ministro del Interior, pero Stolypin «presionó la ley» y envió un telegrama al gobernador de Perm: ¡suspender la ejecución del decreto del Senado!

El gobernador la suspendió. Comenzó una nueva correspondencia. Nuevas dilaciones.

Por fin, el Consejo de Estado coincidió con la opinión del Senado, y la decisión del Consejo de Estado «recibió la sanción suprema», es decir, fue confirmada por el poder supremo.

¿Y qué ocurrió?

Ocurrió que los terratenientes recurrieron al terrateniente N. A. Maklakov, que resultó ser ministro del Interior en lugar de Stolypin. Una delegación de terratenientes de los Urales «convenció» al ministro. El ministro declaró que la decisión del Senado y del Consejo de Estado era «poco clara».

Comenzó una nueva correspondencia. Nuevas dilaciones.

El Senado se pronunció una vez más —en mayo de 1913— en contra del ministro.

Los terratenientes de los Urales enviaron una vez más un «memorándum» al ministro…

Y así está el asunto. Hasta ahora, más de medio siglo después de promulgada la ley de 1862 sobre la dotación de tierras a los obreros de los Urales, la dotación no se ha llevado a cabo.

Los periódicos liberales, al relatar este instructivo caso, llegan a la conclusión de que en Rusia la cosa marcha mal en cuanto al «imperio del derecho». Esto es verdad. Pero no es toda la verdad.

Es ridículo hablar de «derecho» cuando los terratenientes promulgan las leyes, y ellos mismos las aplican o las derogan en la práctica. Significa que existe una clase que crea ella misma el «derecho» y ella misma lo deroga. Significa que los discursos liberales sobre el «derecho» y las «reformas» no son más que vana palabrería.

Los terratenientes también están por el «derecho», pero sólo por el derecho terrateniente, por su derecho, por el derecho de su clase.

Si, ante tan instructivos hechos, los liberales siguen desentendiéndose de la «doctrina» de la lucha de clases, llamándola error, etc., esto indica claramente una conciencia liberal poco limpia. ¿Acaso no quieren los liberales compartir los privilegios con los terratenientes? ¡Entonces se comprende por qué no les gusta la «doctrina» de la lucha de clases!

¡Pero los obreros, en qué tienen la culpa si su «doctrina» es confirmada por la vida!

«Sévernaia Pravda» nº 14, 18 de agosto de 1913. Firmado: I.