Precisamente el poder estatal central es lo que más aversión inspira a los municipalistas. Antes de pasar al análisis de los correspondientes razonamientos, es necesario aclarar qué es la nacionalización desde el punto de vista político-jurídico (ya hemos aclarado más arriba su contenido económico).

La nacionalización es la transferencia de toda la tierra a propiedad del Estado. Propiedad significa el derecho a la renta y la determinación, por el poder estatal, de normas comunes para todo el Estado sobre la posesión y el uso de la tierra. Entre estas normas comunes figura incondicionalmente, en caso de nacionalización, la prohibición de toda intermediación, es decir, la prohibición de transferir la tierra a subarrendatarios, la prohibición de ceder la tierra a quien no es él mismo el propietario directo, etc. Además, si el Estado en cuestión es realmente democrático (no en el sentido menchevique à la Novosedski), su propiedad sobre la tierra no excluye en absoluto, sino que, por el contrario, exige la transferencia de la disposición de la tierra, dentro del marco de las leyes generales del Estado, a los órganos locales y regionales de autogobierno. Nuestro programa mínimo, como ya señalé en el folleto «La revisión, etc.»[102], exige esto directamente, hablando de la autodeterminación de las nacionalidades, de una amplia autogestión regional, etc. Por lo tanto, las normas detalladas, adaptadas a las diferencias locales, la asignación práctica de tierras o la distribución de parcelas entre individuos, asociaciones, etc. –todo esto pasa inevitablemente a manos de los órganos locales del poder estatal, es decir, de los órganos locales de autogobierno.

En cuanto a todo esto, si pudieron surgir malentendidos, estos se derivaron o bien de la incomprensión de la diferencia entre los conceptos: propiedad, posesión, disposición, uso, o bien de coqueteos demagógicos con el provincialismo y el federalismo[103]. La base de la diferencia entre la municipalización y la nacionalización no está en la distribución de derechos entre el centro y la provincia, y menos aún en el «burocratismo» del centro –así pueden pensar y hablar solo personas absolutamente ignorantes–, sino en la conservación de la propiedad privada sobre la tierra para una categoría de tierras bajo la municipalización, y en su completa abolición bajo la nacionalización. La base de la diferencia es el «bimetalismo agrario», permitido por el primer programa y eliminado por el segundo.

Pero si ustedes enfocan el programa actual desde el punto de vista de la posibilidad de arbitrariedad del poder central, etc. –(en este punto de vista intentan montarse a menudo los vulgares defensores de la municipalización)–, verán que el programa actual adolece en este aspecto de una confusión y falta de claridad extremas. Baste señalar que el programa actual transfiere «a posesión del Estado democrático» tanto «las tierras necesarias para el fondo de colonización» como «los bosques y aguas de importancia nacional». Está claro que estos conceptos son completamente indefinidos y que el terreno para conflictos es aquí inmenso. Tomemos, por ejemplo, el trabajo más reciente del Sr. Kaufman en el tomo II de «La cuestión agraria» kadete («Sobre la cuestión de las normas de adjudicación adicional»), donde se hace un cálculo para 44 provincias sobre la reserva de tierras para adjudicación adicional a los campesinos según las normas superiores de 1861. El «fondo de tierras fuera de adjudicación» se calcula primero sin bosques, luego con bosques (por encima del 25% de superficie forestal). ¿Quién determina cuáles de estos bosques tienen «importancia nacional»? Por supuesto, solo el poder central del Estado, y, en consecuencia, el programa menchevique entrega en sus manos una gigantesca superficie de tierra: 57 millones de desiatinas en 44 provincias (según Kaufman). ¿Quién determina qué es el «fondo de colonización»? Por supuesto, solo el poder burgués central. Solo él decide si, por ejemplo, 1,5 millones de desiatinas de tierras del ejército de los cosacos de Orenburgo o 2 millones de desiatinas de los cosacos del Don constituyen un «fondo de colonización» para todo el país (pues los cosacos tienen 52,7 desiatinas por hogar), o no. Está claro que la cuestión no se plantea en absoluto como la plantean Máslov, Plejánov y Cía. No se trata de proteger con un decreto de papel a los autogobiernos locales y regionales de las intromisiones del centro; esto es imposible de hacer no solo con papel, sino con cañones, porque el desarrollo capitalista conduce a la centralización, concentra en manos del poder burgués central una fuerza tal que las «regiones» jamás pueden contrarrestar. Se trata de que una y la misma clase tenga el poder político tanto en el centro como en las localidades, de que allí y aquí se haya aplicado de manera plenamente consecuente un grado de democratismo completamente idéntico, que asegure el dominio pleno, por ejemplo, de la mayoría de la población, es decir, del campesinado. En esto consiste exclusivamente la garantía real contra las intromisiones «excesivas» del centro, contra la violación de los derechos «legítimos» de las regiones; todas las demás garantías, inventadas por los mencheviques, son pura estupidez, defensa con un gorro de papel del filisteo provincial contra la fuerza concentrada por el capitalismo del poder central. Precisamente tal estupidez filistea es la que comete Novosedski, como la comete todo el programa actual, admitiendo un democratismo pleno de los autogobiernos locales y un grado «no superior» de democratismo en el centro. ¡El democratismo incompleto del centro significa asegurar el poder en el centro no a la mayoría de la población, no a los elementos que predominan en los autogobiernos locales, y esto significa no solo la posibilidad, sino la inevitabilidad de conflictos, de los cuales, en virtud de las leyes del desarrollo económico, saldrá vencedor infaliblemente el poder central no democrático!

La «municipalización», desde este punto de vista, como «aseguramiento» para las regiones de algo frente al poder central, es una pura insensatez filistea. Si esto es una «lucha» contra el poder burgués centralizado, entonces solo es tal «lucha» como la que libran los antisemitas contra el capitalismo: las mismas promesas grandilocuentes, que atraen a las masas torpes y oscuras, y la misma irrealizabilidad económica y política de estas promesas.

Tomemos el argumento «más corriente» de los municipalistas contra la nacionalización: la nacionalización fortalecerá al Estado burgués (recuerden en John el magnífico: «solo consolidará el poder estatal»), aumentará los ingresos del poder burgués antiproletario, y… exactamente así: y la municipalización dará ingresos para las necesidades de la población, para las necesidades del proletariado. Tal argumento hace avergonzarse de la socialdemocracia, pues esto es una estupidez puramente antisemita y demagogia antisemita. Para no tomar a alguien de los «pequeños», confundidos por Plejánov y Máslov, tomaré al «mismísimo» Máslov:

«La socialdemocracia –alecciona a los lectores de "Obrazovanie"– calcula siempre de tal modo que sus planes y tareas se justifiquen en las peores circunstancias… Debemos suponer que en todos los aspectos de la vida social dominará el régimen burgués con todos sus aspectos negativos. El autogobierno será tan burgués como todo el régimen estatal, en él habrá una lucha de clases tan aguda como en los municipalidades de Europa Occidental.

¿Qué diferencia hay, pues, entre el autogobierno y el poder estatal? ¿Por qué la socialdemocracia se esfuerza por transferir las tierras no al Estado, sino al autogobierno local?

Para determinar las tareas del Estado y del autogobierno local, comparemos los presupuestos de uno y otro» («Obrazovanie», 1907, nº 3, pág. 102).

Sigue la comparación: en una de las repúblicas más democráticas, en los Estados Unidos de América, se gasta en ejército y marina el 42% del presupuesto. Lo mismo en Francia, Inglaterra, etc. Los «zemstvos de terratenientes» en Rusia –en medicina el 27,5%, en instrucción pública el 17,4%, en carreteras el 11,9%.

«De la comparación de los presupuestos de los Estados más democráticos y de los autogobiernos locales menos democráticos, vemos que, por sus funciones, los primeros sirven a los intereses de las clases dominantes, que los medios estatales se gastan en instrumentos de opresión, en instrumentos de represión de la democracia; que, por el contrario, el autogobierno local más antidemocrático, el más malo, se ve obligado, aunque sea mal, a servir sin embargo a la democracia, a satisfacer las necesidades locales» (103).

«Un socialdemócrata no debe ser tan ingenuo como para transigir con la nacionalización de la tierra debido, por ejemplo, a que los ingresos de las tierras nacionalizadas se destinen al mantenimiento de tropas republicanas… Sumamente ingenuo será el lector que crea a Olenov que la teoría de Marx "permite" incluir en el programa solo la reivindicación de la nacionalización de la tierra, es decir, el gasto de la renta de la tierra (¡da igual llamarla absoluta o diferencial!) en el ejército y la marina, y que esta misma teoría no admite la municipalización de la tierra, es decir, el gasto de la renta en las necesidades de la población» (103).

Al parecer, ¿está claro? Nacionalización: para el ejército y la marina. Municipalización: para las necesidades de la población. El judío es el capitalista. ¡Abajo los judíos significa abajo los capitalistas!

El bueno de Máslov no considera que el alto porcentaje de gastos culturales de los autogobiernos locales es una alta proporción de gastos secundarios. ¿Por qué es esto así? Porque los límites de la competencia de los autogobiernos locales y sus facultades financieras los determina ese mismo poder estatal central, y los determina de tal manera que para el ejército, etc., toma un buen bocado, y para la «cultura» da una miseria. ¿Es obligatoria tal repartición en la sociedad burguesa? Es obligatoria, porque en la sociedad burguesa la burguesía no podría dominar si no gastara un buen bocado en asegurar su dominación como clase, dejando una miseria para los gastos culturales. ¡Y hay que ser Máslov para tener el genial pensamiento: ¿y si yo declaro el nuevo bocado propiedad de los zemstvos, con eso sorteo la dominación de la burguesía! Cuán simple sería, si los proletarios razonaran según Máslov, su tarea: basta exigir que los ingresos de los ferrocarriles, correos, telégrafos, del monopolio de la vodka no se «nacionalicen», sino que se «municipalicen», y estos ingresos se destinarán no al ejército y la marina, sino a fines culturales. No hace falta en absoluto derrocar el poder central o rehacerlo de raíz: hay que, simple y llanamente, lograr la «municipalización» de todas las grandes partidas de ingresos, y el asunto estará resuelto. ¡Oh, sabios!

Los ingresos municipales en Europa y en todo país burgués, ¡que lo recuerde el bueno de Máslov!, son aquellos ingresos que el poder burgués central consiente en sacrificar para fines culturales, porque estos ingresos son secundarios, porque la recaudación de tales ingresos es incómoda en el centro, porque las necesidades principales, fundamentales, básicas de la burguesía y de la dominación burguesa ya están aseguradas con el buen bocado. Por eso, aconsejar al pueblo: obtén un nuevo bocado, cientos de millones de las tierras municipalizadas, y asegura su destino cultural transfiriendo el bocado a propiedad de los zemstvos, y no del poder central, es un consejo charlatanesco. No puede la burguesía, en el Estado burgués, dar realmente para fines culturales más que migajas, porque necesita bocados para asegurar la dominación de la burguesía como clase. ¿Por qué el poder central se queda con nueve décimos de los impuestos sobre la tierra, sobre los establecimientos comerciales, etc., y permite a los zemstvos cobrar un décimo, estableciendo por ley que el gravamen adicional de los zemstvos no puede exceder tal o cual bajo porcentaje? Porque el bocado se necesita para asegurar la dominación de la burguesía como clase, y más que una miseria no puede, siguiendo siendo burguesía, entregar para la cultura[104].

Los socialistas europeos toman esta distribución del bocado y la miseria como un dato, sabiendo perfectamente que no puede haber otra en la sociedad burguesa. Tomando esta distribución como un dato, dicen: en el poder central no podemos participar, porque es un instrumento de opresión; en las municipalidades sí podemos, porque las miserias se gastan aquí en cultura. Pero, ¿qué dirían estos socialistas a una persona que aconsejara al partido obrero agitar para que a la municipalidad europea le dieran en propiedad ingresos realmente grandes, toda la renta de las tierras locales, toda la ganancia de las oficinas de correos locales, de los ferrocarriles locales, etc.? A tal persona la considerarían o un loco, o un «socialista cristiano», llegado por error a los socialdemócratas.

Las personas que dicen, discutiendo las tareas de la revolución contemporánea (es decir, burguesa) en Rusia: no debemos fortalecer el poder central del Estado burgués, revelan una completa incapacidad de pensar. Los alemanes pueden y deben razonar así, porque ante ellos existe solo una Alemania junker-burguesa; no puede haber otra Alemania hasta el socialismo. Pero entre nosotros, todo el contenido de la lucha revolucionaria actual de las masas consiste en si Rusia será junker-burguesa (como quieren Stolypin y los kadetes) o campesino-burguesa (como quieren los campesinos y los obreros). No se puede participar en tal revolución sin apoyar a una capa de la burguesía, a un tipo de evolución burguesa contra otro. En virtud de causas económicas objetivas, entre nosotros no hay ni puede haber, en la revolución actual, otra «elección» que entre una república burguesa centralizada de campesinos-granjeros o una monarquía burguesa centralizada de terratenientes-junkers. Eludir esta difícil «elección» mediante el desvío de la atención de las masas hacia el hecho de que «a nosotros nos bastaría con zemstvos un poco más democráticos», es la mayor trivialidad filistea.