Es preciso detenerse aquí aún en otra consideración que se deriva de lo anterior, pero que requiere un examen más detallado. Acabamos de decir que se puede garantizar la irrealizabilidad del programa de Máslov incluso con la victoria más completa de la revolución democrática. En general, la «irrealizabilidad» de ciertas reivindicaciones de un programa, en el sentido de la improbabilidad de que se lleven a la práctica en la situación actual o en un futuro próximo, no puede considerarse un argumento contra dichas reivindicaciones. K. Kautsky lo ha señalado con notable claridad en su artículo contra Rosa Luxemburgo a propósito de la independencia de Polonia[41]. Rosa Luxemburgo hablaba de la «irrealizabilidad» de esa independencia, y Kautsky objetaba que la cuestión no radica en la «irrealizabilidad» en el sentido indicado, sino en la correspondencia de una reivindicación determinada con la dirección general del desarrollo de la sociedad, o con la situación económica y política general en todo el mundo civilizado. Tomad, por ejemplo, decía Kautsky, la reivindicación del programa socialdemócrata alemán sobre la elección de todos los funcionarios por el pueblo. Por supuesto, esta reivindicación es «irrealizable» desde el punto de vista de la situación actual en Alemania. Pero no por ello deja de ser una reivindicación plenamente justa y necesaria, pues constituye una parte integrante e inseparable de la revolución democrática consecuente, hacia la cual marcha todo el desarrollo social y que la socialdemocracia persigue como condición del socialismo y como elemento integrante necesario de la superestructura política del socialismo.

Por eso, al hablar de la irrealizabilidad del programa de Máslov, subrayamos las palabras: con la victoria más completa de la revolución democrática. No decimos en absoluto que el programa de Máslov sea irrealizable desde el punto de vista de las relaciones y condiciones políticas actuales. No. Afirmamos que, precisamente en el caso de una revolución democrática plena y consecuente hasta el fin, es decir, precisamente en unas condiciones políticas que serán las más alejadas de las presentes y las más favorables para las reformas agrarias radicales, precisamente en esas condiciones el programa de Máslov es irrealizable, no por ser, por así decirlo, demasiado grande, sino por ser demasiado pequeño desde el punto de vista de dichas condiciones. En otras palabras: si no se llega a la victoria completa de la revolución democrática, entonces no se podrá hablar seriamente de ninguna destrucción de la propiedad terrateniente, de ninguna confiscación de las tierras de infantazgo y similares, de ninguna municipalización, etc. A la inversa, si se llega a la victoria completa de la revolución democrática, la revolución no podrá limitarse a una simple municipalización de una parte de las tierras. Una revolución que barre toda la propiedad terrateniente (y es precisamente una revolución así la que suponen tanto Máslov como todos los partidarios del reparto o de la confiscación de las fincas de los terratenientes), una revolución así exige una energía revolucionaria y un impulso revolucionario que alcancen un grado no visto aún en la historia. Suponer la posibilidad de semejante revolución sin la confiscación de la propiedad terrateniente (en su proyecto de programa, Máslov habla sólo de «enajenación» y no de confiscación), sin la más amplia difusión en el «pueblo» de la idea de la nacionalización de toda la tierra, sin crear las formas políticamente más avanzadas de democratismo, significa suponer un absurdo. Todos los aspectos de la vida social están estrechamente vinculados entre sí y, en última instancia, se subordinan por entero a las relaciones de producción. Una medida radical de supresión de la propiedad terrateniente es inconcebible sin un cambio radical de las formas estatales (y este cambio, dada la reforma económica en cuestión, sólo es posible en dirección al democratismo), inconcebible sin que el pensamiento «popular» y campesino, que exige la eliminación de la forma más descomunal de la propiedad privada territorial, se subleve contra la propiedad privada de la tierra en general. Dicho de otro modo: una revolución tan decidida como la supresión de la propiedad terrateniente, por sí misma, da forzosamente el más poderoso impulso hacia adelante a todo el desarrollo social, económico y político. Un socialista que plantea la cuestión de semejante revolución como tarea del día debe, necesariamente, reflexionar también sobre las nuevas cuestiones que de ella se derivan, debe examinar esa revolución no sólo desde el punto de vista de su pasado, sino también desde el punto de vista de su futuro.

Pues bien, precisamente desde este ángulo es desde donde el proyecto del camarada Máslov resulta especialmente insatisfactorio. Dicho proyecto formula erróneamente, en primer lugar, las consignas que ahora, hoy e inmediatamente deben encender, fortalecer, difundir y «organizar» la revolución agraria: tales consignas no pueden ser sino la confiscación de todas las tierras de los terratenientes y la creación, con ese fin, de comités campesinos, como única forma adecuada de órganos de poder revolucionario local, cercanos al pueblo y fuertes. En segundo lugar, este proyecto es erróneo porque no señala con precisión las condiciones políticas sin las cuales la «municipalización» no sólo no es una medida forzosamente provechosa, sino que es incluso, con seguridad, perjudicial para el proletariado y el campesinado; concretamente, no da ninguna definición exacta e inequívoca del concepto de «Estado democrático». En tercer lugar —y éste es uno de sus defectos más sustanciales y que más raramente se advierten—, no examina la actual revolución agraria desde el punto de vista de su porvenir, no indica las tareas que dimanan directamente de dicha revolución, adolece de una desproporción entre las premisas económicas y políticas sobre las que está construido.

En efecto, examinad con más atención el argumento más fuerte (el tercero) con que se puede defender el proyecto de Máslov. Este argumento dice: la nacionalización fortalecerá el poder del Estado burgués, mientras que los órganos municipales y, en general, los órganos locales de semejante Estado suelen ser más democráticos, no están gravados con gastos militares, no ejecutan directamente las tareas de represión policíaca del proletariado, etc., etc. Es fácil ver que este argumento presupone un Estado que no es plenamente democrático, precisamente un Estado en el que, justamente en su punto más importante —el poder central—, se conserva la mayor semejanza con el viejo orden militar-burocrático, un Estado en el que las instituciones locales, por ser secundarias y subordinadas, son mejores, más democráticas que las instituciones centrales; es decir, este argumento presupone una revolución democrática no llevada hasta el fin. Este argumento supone tácitamente algo intermedio entre la Rusia de la época de Alejandro III, cuando los zemstvos eran mejores que las instituciones centrales, y la Francia de la época de la «república sin republicanos», cuando la burguesía reaccionaria, asustada por el fortalecimiento del proletariado, creó una «república monárquica» antidemocrática, con instituciones centrales que son mucho peores que las locales, menos democráticas, más impregnadas del espíritu del militarismo, del burocratismo y del espíritu policíaco. En esencia, el proyecto de Máslov supone tácitamente que las reivindicaciones de nuestra plataforma política mínima no se han llevado a la práctica por completo, que la autocracia del pueblo no ha sido asegurada, que el ejército permanente no ha sido abolido, que la elegibilidad de los funcionarios no ha sido implantada, etc.; en otras palabras: que nuestra revolución democrática, lo mismo que la mayoría de las revoluciones democráticas europeas, no ha llegado hasta su fin, que ha sido igual de mutilada, desfigurada, «vuelta atrás» que todas estas últimas. El proyecto de Máslov está especialmente adaptado a una revolución democrática a medias, inconsecuente, incompleta, o mutilada y «neutralizada» por la reacción[42].

Precisamente esta circunstancia es la que hace que el proyecto de Máslov sea completamente artificial, mecánico, irrealizable en el sentido antes indicado de esta palabra, internamente contradictorio e inestable y, por último, unilateral (pues se concibe el tránsito de la revolución democrática sólo hacia la reacción burguesa antidemocrática, y no hacia la lucha agudizada del proletariado por el socialismo).

Es absolutamente inadmisible suponer tácitamente que la revolución democrática no ha sido llevada hasta el fin, que no se han realizado las reivindicaciones cardinales de nuestra plataforma política mínima. Semejante cosa no debe silenciarse, sino señalarse con toda exactitud. Si Máslov quisiera ser consecuente consigo mismo, si quisiera eliminar de su proyecto todo elemento de reticencia, de falsedad interior, debería entonces haber dicho: puesto que el Estado que surgirá de la actual revolución será, «probablemente», muy poco democrático, lo mejor es no reforzar su poder con la nacionalización, sino limitarse a la «zemstvización», porque los zemstvos, «cabe pensar», serán mejores y más democráticos que las instituciones estatales centrales. Tal es la premisa tácita, y sólo ésta, del proyecto de Máslov. Por consiguiente, cuando emplea en su proyecto la expresión «Estado democrático» (párrafo 3º) y además sin ninguna clase de reservas, está diciendo una grandísima mentira, induciendo a error a sí mismo, al proletariado y a todo el pueblo, pues en realidad está «ajustando» su proyecto precisamente a un Estado no democrático, a un Estado reaccionario, surgido de un democratismo no llevado hasta el fin o «restado» por la reacción.

Siendo esto así —y es indudable que lo es—, se hace patente todo el artificio y el carácter «fabricado» del proyecto de Máslov. En efecto, si se presupone un Estado con un poder central más reaccionario que los poderes locales, un Estado semejante a la tercera república francesa sin republicanos, resulta directamente ridículo admitir la posibilidad de suprimir la propiedad terrateniente bajo semejante Estado, o al menos de mantener en él la supresión de dicha propiedad llevada a cabo por el embate revolucionario. Todo Estado de ese género, en la parte del mundo llamada Europa, en el siglo que se llama XX, se vería forzosamente, en virtud de la lógica objetiva de la lucha de clases, obligado a empezar por salvaguardar la propiedad terrateniente o por restaurarla, si ya ha sido en parte destruida. Pues todo el sentido, el sentido objetivo, de semejante Estado semidemocrático, y en realidad reaccionario, consiste en defender las bases fundamentales del poder burgués-terrateniente y burocrático, sacrificando únicamente las prerrogativas menos esenciales. La coexistencia, en tales Estados, de un poder central reaccionario y de instituciones locales relativamente «democráticas» —zemstvos, administraciones municipales, etc.— se explica única y exclusivamente por el hecho de que esas instituciones locales se ocupan, sin daño para el Estado burgués, de la «reparación de lavabos», del abastecimiento de agua, de los tranvías eléctricos y de otras medidas semejantes, incapaces de socavar los fundamentos de lo que se llama «el orden social existente». Sería una ingenuidad pueril extender las observaciones hechas sobre la actividad de los zemstvos en materia de abastecimiento de agua y alumbrado a su posible «acción» encaminada a suprimir la propiedad terrateniente. Sería lo mismo que si un ayuntamiento, elegido íntegramente de entre socialdemócratas, de cualquier Poshejonie francés{126} pretendiera «municipalizar» en toda Francia la propiedad privada del suelo edificado con construcciones privadas. La cuestión es que la medida que suprime la propiedad terrateniente difiere un poquitín, por su carácter, de las medidas de mejora del abastecimiento de agua, del alumbrado, del saneamiento, etc. La cuestión es que la primera «medida» «afecta» del modo más atrevido las bases fundamentales de todo el «orden social existente», las sacude y las mina con fuerza gigantesca, facilita la arremetida del proletariado contra todo el régimen burgués en proporciones nunca vistas en la historia. Ah, ante eso, todo Estado burgués, ante todo y por encima de todo, tendrá que preocuparse de conservar las bases de la dominación burguesa: todos los derechos y privilegios en materia de reparación autónoma de lavabos serán aniquilados en un instante, toda la municipalización se irá al diablo de inmediato, toda sombra de democratismo en las instituciones locales será extirpada por «expediciones punitivas», una vez que se toquen los intereses fundamentales del Estado burgués-terrateniente. Suponer, con aire cándido, una autonomía democrático-municipal bajo un poder central reaccionario y hacer extensiva esa «autonomía» a la supresión de la propiedad terrateniente, significa dar ejemplos inigualables de incoherencias manifiestas o de infinita ingenuidad política.