La ley recientemente promulgada, cuyo contenido se indica en el título del artículo, y la ley sobre los delegados de fábrica, que examinamos en el número anterior[67], constituyen muestras bastante típicas de dos ramas de la legislación obrera nacional, que expresan una u otra concesión al espíritu de la época. Además de las leyes combativas y reaccionarias, que en nuestro país se dan en extraordinaria abundancia, pasan con particular rapidez por todos los vericuetos burocráticos y que, por añadidura, son redactadas con especial minuciosidad y aplicadas con particular energía, todas las demás leyes rusas concernientes a la clase obrera pueden dividirse en dos grupos, según su carácter político. O bien son leyes que, aunque sea en algo, aunque sea en un ápice, amplían la independencia, la actividad autónoma y los derechos de los obreros —y entonces estas leyes se rodean de un centenar y un millar de excepciones, reservas, aclaraciones circulares y restricciones que conducen todas —expresándonos en el lenguaje de nuestro proyecto de programa— a «la ampliación o consolidación de la tutela policíaco-burocrática sobre las clases trabajadoras». Tales son las leyes sobre los delegados de fábrica, sobre la inspección fabril en general, etc. O bien las leyes expresan una concesión que nada tiene que ver con la independencia y la actividad autónoma de los ciudadanos —y entonces el gobierno autocrático se presenta con una generosidad incomparablemente mayor. Así debe ser, por supuesto, desde el punto de vista de la táctica general de la autocracia, desde el punto de vista de los intereses policíacos «correctamente entendidos». Los demócratas de Europa Occidental, fogueados ya por toda clase de experiencias en la lucha contra el Estado policial, bautizaron hace tiempo su política con las palabras: la zanahoria y el látigo. La zanahoria son las limosnas a las clases revolucionarias, son las concesiones económicas que tienen por objeto sembrar la discordia en esas clases, atraer a una parte de ellas a su lado, hacerles creer en la sinceridad y la amistad del gobierno burgués hacia el proletariado. El látigo es la persecución policial de todos aquellos que no sienten confianza por el gobierno y continúan sembrando la desconfianza; el látigo es el freno a todos aquellos que aspiran a la plena libertad e independencia de la clase obrera, de sus sindicatos, de sus reuniones, de sus periódicos, de sus instituciones y órganos políticos.

La ley sobre los delegados de fábrica otorga a los obreros una representación que podría servirles contra la burguesía y el gobierno. Por eso la representación se tergiversa y restringe de tal manera que solo puedan sacar provecho de ella los espías o, cuando menos, principalmente los espías. Por eso, de la representación obrera proclamada por la ley, en realidad, en su aplicación práctica, queda, como del caftán de Trishka, solo el cuello. Y el cuello hace falta para arrastrar del «cuello» a la comisaría al infortunado «delegado». Por el contrario, la ley sobre la indemnización de los obreros no afecta en lo más mínimo a su actividad política autónoma, y, por consiguiente, aquí se puede ser más generoso. Aquí es más seguro presentarse en el papel de «reformador», y hay que presentarse, porque el creciente movimiento obrero avanza de manera cada vez más amenazadora. La máquina burocrática comenzó a trabajar hace veinte años en un proyecto de ley sobre la responsabilidad de los empresarios. Diez años se estuvo elaborando este proyecto; por fin, una comisión especial lo aprobó y, en 1893, el proyecto fue publicado e introducido en el Consejo de Estado… ¡para volver a ser archivado por otros diez años! «Apresurarse más lentamente» ya no parecía posible, y el proyecto probablemente habría peregrinado por ministerios y cancillerías otros diez años más si la clase obrera de Rusia, con su empuje, no hubiera sacudido toda la autocracia.

Y he aquí que el proyecto de ley, empeorado en algunos puntos una y otra vez, se convirtió por fin en ley. Para valorar esta ley, comparémosla con lo que se exige en nuestro proyecto de programa del partido: la «sección obrera» de este programa debe servirnos precisamente de guía en la labor de propaganda y agitación. Y solo comparando los distintos puntos y exigencias de nuestro programa con la realidad actual y con los intentos de las clases gobernantes de reformarla sin ofender a nadie, podremos, por una parte, aclararnos a nosotros mismos y a las masas, de modo más pleno y concreto, el sentido y la significación de nuestro programa; por otra parte, esclarecer las deficiencias de las leyes vigentes; y por la tercera, aclararnos en la práctica, sobre la base de los hechos, hasta qué punto, manteniéndose las bases del régimen burgués, están condenadas a la miseria de los resultados todas y cada una de las reformas.

Nuestro proyecto de programa exige (§ 7 de la «sección obrera») que se establezca por ley la responsabilidad civil de los empleadores en general (por mutilaciones y enfermedades de los obreros), es decir, de todo aquel que contrate obreros, de todo aquel que obtenga ganancias del trabajo no pagado de otros, aprovechando su fuerza de trabajo y no respondiendo por la pérdida o el deterioro de esta mercancía (la fuerza de trabajo) en el trabajo. Sin embargo, la nueva ley se refiere exclusivamente a los obreros y empleados «en las empresas de la industria fabril, minera y minero-metalúrgica». Quedan excluidos, por consiguiente, los obreros agrícolas, los artesanos, los de la construcción, los artesanos a domicilio, etc., etc. Queda excluida la inmensa mayoría de los obreros asalariados que trabajan a menudo en condiciones peores y más peligrosas; por ejemplo, los obreros de la construcción y los agrícolas que trabajan con máquinas sufren mutilaciones no menos, si no más, que los fabriles. ¿Cómo explicar esta exclusión? Porque fuera de la industria fabril la bota aún no aprieta tanto: el movimiento obrero se ha manifestado de forma amenazadora solo entre las capas avanzadas del proletariado, y el gobierno «se preocupa» (no de los obreros, por supuesto, sino de la represión de los obreros) solo en este ámbito. Pero el proletariado, en la medida en que participa en el movimiento, es decir, el proletariado consciente, lucha no por los provechos y ventajas de tal o cual categoría de obreros, sino por toda la clase, por todas las clases oprimidas por el régimen capitalista. La diferencia entre las reformas que el proletariado conquista y las reformas que el gobierno concede como limosna se manifiesta aquí de manera evidente.

Más adelante. La nueva ley obliga a los propietarios de empresas a indemnizar a los obreros únicamente por la pérdida de la capacidad de trabajo «a causa del daño corporal ocasionado por los trabajos propios de la producción de la empresa o producido como consecuencia de dichos trabajos». Nuestro programa exige que se establezca la responsabilidad no solo por la pérdida de la capacidad de trabajo a consecuencia de accidentes, sino también a consecuencia de las condiciones nocivas de la producción. La nueva ley, por tanto, restringe también aquí la responsabilidad de los empleadores. Es de todos sabido cuántos obreros pierden la capacidad de trabajo no solo por accidentes, no solo por daño corporal, sino por enfermedades provocadas por las condiciones nocivas de la producción. Ninguna lucha contra estas condiciones nocivas mediante toda clase de reglas y prescripciones conduce a nada si los patronos no responden por la pérdida de la capacidad de trabajo de los obreros a causa de enfermedad. Y cabe preguntarse, ¿qué diferencia sustancial hay entre el caso en que una máquina cercena la pierna a un obrero y el caso en que un obrero se envenena con fósforo, plomo, pinturas, etc.? ¿Acaso la ciencia médica no ha creado ya toda una sección de enfermedades profesionales, enfermedades cuyo origen en las condiciones nocivas de trabajo está aclarado y demostrado como dos y dos son cuatro? Pero la burguesía y el gobierno burgués no se guían por la lógica, ni por el sano juicio, sino por el burdo egoísmo: por los accidentes habrá que pagar menos que por las mutilaciones más las enfermedades debidas al ambiente nocivo. Y todo el quid de la cuestión está precisamente en pagar lo menos posible, y no en la «protección» de los obreros.

La nueva ley libera al obrero de la obligación de demostrar que la pérdida de la capacidad de trabajo se produjo por culpa del capitalista. Esto, en comparación con el pasado, es, sin duda, un paso adelante. Pero —¡el gobierno ruso no puede dar pasos adelante en nada sin un «pero»!—, a los empleadores, en cambio, se les permite demostrar no solo la existencia de dolo por parte del propio damnificado, sino también su «negligencia grave (del damnificado) no justificada por las condiciones y el ambiente de la ejecución de los trabajos». Este añadido paraliza en grado considerable el establecimiento de una responsabilidad real y —dada la conocida composición de nuestros tribunales, integrados por funcionarios, arribistas y pedantes burgueses— puede paralizar por completo la aplicación de la ley. Lo que significa «negligencia grave» es completamente indeterminado e indeterminable. Qué condiciones y en qué medida justifican la negligencia grave y cuáles no, se deja por completo a la discreción de los funcionarios. Los capitalistas siempre consideran y considerarán cualquier «negligencia» del obrero como grave e injustificable, y para probar tal opinión el capitalista siempre encontrará diez veces más testigos y defensores «doctos» (¡los asesores jurídicos permanentes ya reciben de las fábricas un sueldo anual!) que los obreros. La introducción en la ley de todo este punto sobre la negligencia grave es una burda concesión al egoísmo de los fabricantes: los obreros no caen bajo las máquinas voluntariamente, sino siempre por negligencia, pero la cuestión es que no se puede ser cuidadoso con un trabajo de 10 u 11 horas entre máquinas mal protegidas, en un taller mal iluminado, entre ruido y estruendo, con la atención embotada por el trabajo y con los nervios excitados por una tensión excesiva. En tal situación, privar al obrero mutilado de la indemnización por negligencia grave significa castigar al obrero, además de manera especial, por permitir que los capitalistas lo exploten de manera desvergonzada.

Los puntos señalados constituyen las disposiciones fundamentales y principales de la nueva ley, que delinean plenamente su esencia. En todos los detalles no podemos detenernos aquí, por supuesto; señalemos solo aquellos que son más característicos. La cuantía de la indemnización se determina en tal o cual fracción del salario anual del damnificado, concretamente, la pensión no debe ser superior a 2/3 del salario anual del damnificado (en caso de muerte o pérdida total de la capacidad de trabajo). En cuanto al salario anual, se determina sobre la base del jornal medio (o del jornal medio de un peón), multiplicado por 260. Esta disposición contiene hasta tres recortes de la cuantía de la indemnización, tres concesiones al egoísmo de los empresarios. En primer lugar, aunque el obrero haya trabajado 300 días al año, su salario anual se reduce a 260 días, sin fundamento alguno, ¡simplemente porque la ley ordena el recorte! En segundo lugar, aunque el obrero haya recibido un jornal mejor que el del peón, se toma como base del cálculo —en el trabajo, por ejemplo, en empresas que no funcionan todo el año— solo el jornal del peón. Al gobierno le gustaría mucho reducir a todos los obreros a la condición de peones; de ahí se desprende para el proletario consciente la lección de que solo la estrecha unidad de todos los obreros y de todos los peones juntos puede crear una fuerza capaz de quebrantar el egoísmo del capital. En tercer lugar, la cuantía del jornal medio del peón se determina para cada trienio (!) por las juntas de asuntos fabriles y mineros, sin ninguna participación de los obreros, por supuesto. A los obreros esto no les incumbe, y las cancillerías de los gobernadores y de los gendarmes conocen a la perfección, sin duda alguna, la vida obrera y los jornales obreros.

Cabe señalar también que la ley obliga a los propietarios de empresas a poner en conocimiento inmediato de la policía únicamente aquellos accidentes que caen bajo la acción de la ley. ¿Cuáles son estos casos? Cuando la capacidad de trabajo se pierde por más de tres días. Pero, ¿quién puede saber inmediatamente después del accidente cuántos días perderá el obrero su capacidad de trabajo? Esta regla es ridículamente absurda y solo da una escapatoria a los fabricantes, quienes en la mayoría de los casos se liberarán (y serán liberados por los tribunales) de la obligación de informar a las autoridades de cada accidente. Es cierto que la ley dispone que el damnificado puede exigir que se notifique a la policía absolutamente todos los casos de daño corporal, aunque no caigan bajo la ley: esto se dice directamente en el § 20 del «reglamento sobre la indemnización de los obreros damnificados», y aconsejamos encarecidamente a todos los obreros que agiten con todas sus fuerzas por la aplicación constante y obligatoria de este parágrafo. Que los obreros insistan en que cada damnificado exija siempre e indefectiblemente, sobre la base del § 20, que se notifique al inspector de fábrica todo accidente; solo así será posible determinar con alguna precisión el número de accidentes y estudiar sus causas. Estamos seguros de que los obreros conscientes utilizarán este derecho, ¡pero masas y masas ni siquiera sabrán que tienen tal derecho!

Por la falta de notificación a la policía de los accidentes y, en general, por cualquier incumplimiento de las reglas de la nueva ley, los propietarios de empresas están sujetos únicamente a una multa que va de 25 a 100 rublos. Esta multa es, por supuesto, completamente insignificante, nada temible para las grandes fábricas (que ocupan a la inmensa mayoría de los obreros industriales). En este caso se ve de manera especialmente clara cuán necesaria es la realización del § 14 de nuestro proyecto de programa, que exige «el establecimiento de la responsabilidad penal de los empleadores por la violación de las leyes de protección del trabajo». Amenazar a los millonarios con multas de cien rublos por el incumplimiento de una ley de la que depende la protección de un obrero mutilado para toda la vida significa burlarse del obrero.

Uno de los puntos más perjudiciales y más jesuíticamente redactados de la nueva ley es el punto 31, que concede a los obreros damnificados y a los miembros de sus familias llegar a un acuerdo con el propietario de la empresa sobre la forma y la cuantía de la indemnización que les corresponde. Ni que decir tiene que estos acuerdos serán, en la inmensa mayoría de los casos, un engaño sistemático y una intimidación de los obreros menos desarrollados, que solo saben firmemente una cosa: la onerosidad, la morosidad y la parcialidad de los tribunales rusos. Los inspectores de fábrica, que deben dar fe de estos acuerdos (equivalentes a una transacción judicial), protegerán en este caso los intereses de cualquiera, menos los de los obreros.

No contentos con adjudicar a los inspectores de fábrica, que ahora se convierten cada vez más en simples auxiliares de la policía, el papel de «conciliadores», la ley quiere incluso hacer de ellos una especie de jueces singulares. La ley fomenta que patronos y obreros recurran a los inspectores de fábrica para que estos expliquen a las partes sus derechos y obligaciones, teniendo los inspectores de fábrica el derecho tanto de recabar «todos los datos necesarios» como de exigir que se presenten a las partes e invitar a médicos para el examen. ¡Esto es un asunto puramente judicial, encomendado a funcionarios subordinados al gobernador! Y no se ha establecido ningún procedimiento, ninguna regla para este tribunal: cómo recabará datos el inspector, cómo presentará —y si presentará— estos datos a ambas partes, cómo llevará el examen, todo ello se deja a su entera discreción. Esto es positivamente algo así como un tribunal policial de antes de las reformas. Y por no recurrir al comisario de fábrica (en calidad de juez), la ley amenaza incluso con una sanción determinada: el que no recurra al inspector de fábrica antes del juicio pierde el derecho a recibir del demandado las costas judiciales y los gastos por la tramitación del caso.

Solo nos queda recordar que el partido obrero socialdemócrata no exige tales tribunales ni la mediación de funcionarios, sino la creación de tribunales industriales compuestos por representantes de los obreros y de los patronos en igual número. Solo tales tribunales, bajo un régimen estatal políticamente libre, pueden proporcionar a los obreros una mediación medianamente satisfactoria en la aclaración de los derechos y obligaciones de las partes, en el examen previo de las quejas y reclamaciones sobre la indemnización de los mutilados. Tales tribunales existen en todos los Estados civilizados, e incluso los funcionarios rusos propusieron introducirlos en Rusia hace ya 40 años. Hace cuarenta años se nombró una comisión para revisar los estatutos fabriles y artesanales. La comisión publicó «trabajos», cinco tomos enteros, la comisión redactó proyectos de nuevos estatutos, la comisión se pronunció a favor de la creación de tribunales industriales compuestos por representantes electos, y… ¡y todo esto se archivó! Montañas de buenos deseos llenan los archivos de las innumerables cancillerías rusas y los seguirán llenando hasta que la clase obrera sacuda toda esta morralla.

«Iskra» № 47, 1 de septiembre de 1903.

Se imprime según el texto del periódico «Iskra»