Sí, estamos viviendo, sin duda, una era de reformas, por extraño que suenen estas palabras aplicadas a la Rusia actual. Estancamiento en todas las esferas de la política interior, salvo en aquellas relacionadas con la lucha contra el enemigo interno y, pese a ello —o mejor dicho, precisamente por ello—, intentos constantes e incesantes de reformas, atentados de reformas en el ámbito de las relaciones sociopolíticas más candentes, más combativas. El proletariado, que despierta a una vida clasista consciente, ha surgido ya desde hace bastante tiempo como el verdadero, como el principal, como el único enemigo irreconciliable de nuestra autocracia policial. Y a un enemigo como la clase social avanzada no se le puede combatir solo con la violencia, aunque sea la violencia más despiadada, más organizada, más integral. Un enemigo así obliga a tomarlo en cuenta y a hacer concesiones, siempre insinceras, siempre a medias, a menudo completamente mentirosas y aparentes, sembradas por lo común de una serie de trampas más o menos sutilmente encubiertas, pero concesiones al fin, reformas que constituyen toda una era. No son, por supuesto, aquellas reformas que marcan la línea descendente del desarrollo político, cuando la crisis ha pasado, la tormenta ha arreciado y quienes siguen siendo dueños de la situación se disponen a realizar su programa o (también ocurre) a realizar el programa legado por sus adversarios. No, estas son reformas de la línea ascendente, cuando masas cada vez más amplias se incorporan a la lucha, cuando la crisis apenas se avecina, cuando cada escaramuza, al quitar de la palestra a centenares, engendra miles de nuevos luchadores, más encolerizados, más audaces, más fogueados.

Tales reformas son siempre precursoras y antesala de la revolución. A ellas pertenecen, sin duda, las últimas medidas del gobierno zarista, en parte realizadas y en parte solo esbozadas: el proyecto de ley sobre sociedades de ayuda mutua de los obreros (proyecto no publicado por el gobierno y conocido solo por las informaciones del periódico liberal-burgués *Osvobozhdenie*) y las leyes sobre la indemnización de los obreros víctimas de accidentes de trabajo y sobre los capataces de fábrica. Ahora nos proponemos detenernos con más detalle en esta última ley.

La esencia de la nueva ley consiste en que los obreros, bajo determinadas condiciones, pueden obtener el derecho de representación en sus relaciones con los empresarios, el derecho a una cierta organización embrionaria. Estos derechos están rodeados de una increíble cantidad de autorizaciones, restricciones y cortapisas policiales. En efecto. Ante todo hay que tener en cuenta que, según la nueva ley, el derecho de representación de los obreros está supeditado al consentimiento y a la iniciativa de las direcciones fabriles y a la autorización de las inspecciones fabriles y mineras. Los dueños de las fábricas pueden otorgar a los obreros el derecho de representación, pero la ley no les obliga en absoluto a ello, y la inspección fabril puede no permitir la representación incluso a petición del fabricante, puede no permitirla por cualquier consideración e incluso sin consideración alguna. De modo que, desde el principio, la representación obrera queda entera e incondicionalmente, sin apelación, a discreción de los dueños y de la policía. Cuando a los dueños y a la policía les parezca conveniente y deseable, podrán organizar (sobre bases muy estrechas) la representación obrera: tal es la esencia de la reforma. Dicho sea entre paréntesis, la ley no dice ni una palabra sobre la representación en las fábricas del Estado: en las fábricas privadas, los representantes obreros pueden resultar, en manos de la policía, nuevos agentes, nuevos porteros de fábrica, ¡y en las fábricas del Estado siempre hay suficientes agentes y porteros! La policía no exige reformas en esta esfera; por consiguiente, aquí la reforma tampoco es necesaria.

Sigamos. A la propia representación obrera se le ha dado una forma monstruosamente tergiversada. Se divide y fragmenta a los obreros en categorías; las reglas sobre cómo dividir exactamente a los obreros en categorías las aprueba el gobernador, al igual que todas las reglas relativas a la organización de la representación según la nueva ley. Los fabricantes y la policía pueden formar y, desde luego, formarán las categorías de modo que se dificulte por todos los medios la solidaridad y la unión de los obreros, que se provoque y se atice la discordia no solo entre profesiones, entre gremios, sino también entre obreros de distintas nacionalidades, de distintos sexos, de distintas edades, de distintos grados de instrucción, de distinta cuantía de salario, etc., etc. La representación obrera puede ser y es útil para los obreros exclusivamente en la medida en que los obreros se unan en una sola masa, pues la única fuente de fuerza de los esclavos asalariados de nuestra civilización, golpeados, oprimidos, agobiados por el trabajo, es su unión, su organización, su solidaridad. La autocracia zarista quiere dar a los obreros una representación tal y en condiciones tales que los desuna por todos los medios y, con ello, los debilite.

Las categorías, formadas policialmente, deberán elegir, sobre la base de minuciosas reglas policiales, candidatos a capataz, y además tantos candidatos cuantos la policía ordene elegir. La dirección de la fábrica aprobará a uno de los candidatos, a su discreción, y el gobernador siempre tiene derecho a destituir del cargo al capataz que «no satisfaga —como dice la ley— su designación».

¡No es muy astuto todo este mecanismo policial! La «designación» de los capataces consiste, evidentemente, en ser útil a la policía, en complacerla; la ley nada dice al respecto, pues de tales condiciones no se habla: se urden. Urdir esto es más que sencillo, desde el momento en que el jefe de la policía local, el gobernador, recibe el derecho incontrolado de destituir al capataz indeseable. Una vez más: ¿no sería más acertado llamar a semejante capataz de fábrica portero de fábrica? La policía puede ordenar la elección de un número muy elevado de candidatos, de los cuales solo uno será aprobado; por ejemplo, se ordenará elegir a diez o cinco candidatos por cada categoría, digamos, de 100 o 50 personas. ¿No se podrá a veces convertir esta lista de candidatos electos en una lista de personas sometidas a vigilancia especial, o incluso susceptibles de ser detenidas? ¡Antes tales listas solo las confeccionaban los espías, y ahora, tal vez, las confeccionarán a veces los propios obreros! Y en la lista de candidatos no hay nada peligroso o siquiera incómodo para la policía, pues siempre se aprobará al peor, o no se aprobará a ninguno y se exigirán nuevas elecciones.

En su empeño por hacer que los capataces de fábrica satisfagan la «designación» policial, la nueva ley (como la mayoría de las leyes rusas) incluso se ha excedido. Los candidatos deben ser no menores de 25 años. El proyecto de ley inicial suponía la edad límite de 21 años; las altas esferas gubernamentales consideraron más prudente y estatalmente sabio elevarla en 4 años más, para eliminar de antemano al «elemento más inquieto de la población fabril», que, «según datos del departamento de policía, son las personas de 17 a 20 años» (de los motivos explicativos del Ministerio de Hacienda, publicados en el *Vestnik Finansov*{135}, con abreviaturas, y en *Osvobozhdenie* sin abreviaturas). No solo eso. La dirección de la fábrica y la policía pueden, en cada caso particular, es decir, para cada establecimiento por separado, exigir el establecimiento, en primer lugar, de una edad límite más elevada y, en segundo lugar, de una determinada duración de servicio del obrero en la empresa. Es posible, por ejemplo, que se exija una edad no menor de 40 años y no menos de 15 años de servicio en la fábrica para tener derecho a ser elegido candidato al puesto de capataz. De una cosa, al parecer, no se preocuparon los redactores de la ley, tan celosamente guardianes de los intereses de la policía: ¿aceptarán de buen grado los obreros, en tales condiciones, ese «puesto» de capataz? Pues el capataz está entregado al arbitrio de la policía casi del mismo modo que cualquier *desiátnik* rural. Pues el capataz puede ser convertido en un simple ordenanza que transmita a los obreros las disposiciones y aclaraciones de la dirección fabril. Pues del capataz se exigirán, sin duda, servicios puramente de espionaje e informes sobre las reuniones de las categorías que los capataces convocan y en las que velan por el orden. Y, entretanto, la ley, que prevé reglas sobre la liberación de los capataces del trabajo para el desempeño de sus obligaciones, guarda modesto silencio sobre si los capataces recibirán remuneración y de quién. ¿Acaso creen los redactores de la ley que los capataces liberados del trabajo no exigirán paga de la fábrica por ese tiempo «libre»? ¿No irán a servir de capataces, por voluntad de los fabricantes y de los gobernadores, solo por los bellos ojos de estos fieles amigos del pueblo obrero?

El afán de convertir a los capataces en porteros de fábrica se aprecia especialmente también en el punto tercero de la nueva ley: los capataces son reconocidos como apoderados de las categorías solo para hacer reclamaciones sobre asuntos relativos al cumplimiento de las condiciones de contrato. ¡Los capataces no tienen siquiera derecho a hablar de modificar las condiciones de contrato! ¡Vaya «apoderados» de los obreros, no hay más que decir! Y qué absurda es esta disposición incluso desde el punto de vista de los propios redactores de la ley, que querían facilitar «el esclarecimiento de los verdaderos deseos y necesidades de los obreros» «en particular en el momento en que ya han surgido descontentos y agitaciones». En nueve de cada diez casos, las agitaciones surgen precisamente de la exigencia de modificar las condiciones de contrato, y apartar a los capataces de participar en este asunto equivale a reducir su papel casi a la nada. Los redactores de la ley se han enredado en una de las innumerables contradicciones de la autocracia, porque dar a los apoderados obreros (verdaderos, y no con autorización policial, apoderados) el derecho de exigir la modificación de las condiciones de contrato significaría conceder la libertad de palabra y la inviolabilidad de la persona.

En general, no puede ni hablarse de reconocer a los capataces de fábrica como verdaderos apoderados obreros. El apoderado debe ser elegido solo por los obreros, sin aprobación alguna de la policía. El apoderado debe ser destituido en el momento en que los obreros que lo eligieron voten su desconfianza. El apoderado debe comparecer a rendir cuentas ante las reuniones obreras cada vez que estas lo exijan. Pero según nuestra ley, solo al capataz se le concede reunir a los obreros de la categoría que lo eligió, y además en el lugar y en el momento que indique la dirección de la empresa. Es decir, el capataz puede también no reunir, y la dirección puede no dar ni lugar ni tiempo. Quizá hubiera sido más conveniente no hablar en absoluto de representación obrera que irritar a los obreros con semejante representación de escaparate.

Las reuniones obreras inspiran tal temor (y temor legítimo) a la autocracia que prohíbe terminantemente las reuniones conjuntas de distintas categorías. «Para discutir asuntos concernientes a varias categorías —dispone la nueva ley— se reúnen exclusivamente los capataces de dichas categorías». Para los capitalistas y para el gobierno policiaco que los defiende, esto sería, en efecto, muy ventajoso: formar categorías pequeñas en número de miembros con los maestros, empleados y obreros altamente remunerados, formar categorías grandes en número de participantes con los peones y obreros sencillos, y permitir reuniones solo de los capataces de las distintas categorías. Pero semejante cálculo está hecho sin contar con el amo: el amo de su destino es el proletariado consciente, que rechazará con desprecio estas miserables celdillas policiales en las que quieren encerrarlo. Los obreros se reunirán juntos para discutir sus asuntos y organizarán reuniones secretas de sus verdaderos capataces socialdemócratas, a despecho de todas las prohibiciones.

Pero si esta mísera reforma contamina hasta tal punto con espíritu policíaco y de espionaje los gérmenes de la representación obrera, ¿no deben los obreros conscientes abstenerse por completo de toda participación en las elecciones de capataces de fábrica o en las reuniones de las «categorías»? Pensamos que no. Abstenerse de la participación activa en la realidad política actual, por vil que sea, es la táctica de los anarquistas, no de los socialdemócratas. Sabremos, debemos saber desarrollar una amplia lucha obrera contra cada vil triquiñuela de la nueva ley, contra cada artimaña de espionaje mediante la nueva ley; y esta lucha despertará a los obreros más atrasados, desarrollará la conciencia política de todos los participantes en la «representación» obrera rusa, policíaco-gendarme-espía. Las reuniones de Zubátov corrompían a los obreros mucho más, mucho más directamente de lo que los corromperán los capataces aduladores del poder; y, sin embargo, nosotros enviábamos a estas reuniones a obreros conscientes que aprendían ellos mismos y enseñaban a otros, y, sin embargo, toda aquella epopeya zubatoviana terminó en un lamentable fracaso, resultando mucho más provechosa para la socialdemocracia que para la autocracia: los sucesos de Odesa{136} no dejaron ni sombra de duda al respecto.

La autocracia empieza a hablar de reuniones obreras. Aprovechémoslo para la más amplia propaganda y agitación de las reivindicaciones socialdemócratas de completa libertad de reuniones y mítines. La autocracia empieza a hablar de elecciones; aprovechémoslo para familiarizar a las masas obreras con el significado de las elecciones, con todos los sistemas electorales, con todas las artimañas de la policía en las elecciones. Y que esta familiarización no sea solo mediante libros y conversaciones, sino también mediante la práctica: en el ejemplo de las elecciones rusas, rodeadas de trabas policiales, participando en estas elecciones[66], los obreros conscientes irán preparando a masas cada vez más amplias para llevar a cabo la agitación electoral, para celebrar reuniones, para defender sus reivindicaciones tanto ante las reuniones como ante los capataces, para organizar una vigilancia permanente de la actividad de los capataces. La autocracia empieza a hablar de representación obrera. Aprovechémoslo para difundir ideas correctas sobre la verdadera representación. Representante de los obreros solo puede ser un sindicato obrero libre que abarque muchas fábricas y muchas ciudades. La representación fabril, la representación de los obreros en cada fábrica por separado, no puede satisfacer a los obreros ni siquiera en Occidente, ni siquiera en los Estados libres. Los dirigentes del partido obrero socialdemócrata, por ejemplo en Alemania, se han alzado más de una vez contra la representación fabril. Y es comprensible, pues la opresión del capital es demasiado fuerte, y el derecho a despedir obreros —ese sagrado derecho del libre contrato capitalista— siempre debilitará la representación de los obreros en cada fábrica por separado. Solo un sindicato obrero, que agrupe a los obreros de muchas fábricas y de muchas localidades, elimina la dependencia de los representantes obreros respecto al fabricante individual. Solo un sindicato obrero asegura todos los medios de lucha que son posibles en general en la sociedad capitalista. Y los sindicatos obreros libres solo son concebibles bajo la libertad política, bajo la condición de la inviolabilidad de la persona, la libertad de mítines y reuniones, la libertad de elegir diputados a la asamblea popular.

Sin libertad política, todas las formas de representación obrera seguirán siendo un engaño lamentable, y el proletariado continuará como antes en una prisión, sin la luz, el aire y el espacio que necesita para luchar por su completa emancipación. En esta prisión, el gobierno abre ahora un minúsculo agujero en lugar de una ventana, disponiendo además este agujero de modo que reporte más provecho a los gendarmes y espías que vigilan al preso que al propio preso. ¡Y semejante reforma, los verdugos del pueblo ruso quieren hacerla pasar por una beneficencia del gobierno zarista! Pero la clase obrera rusa, con ayuda de este agujero, aspirará nuevas fuerzas para la lucha, echará por tierra todos los muros de la maldita prisión de toda Rusia y conquistará para sí una libre representación clasista en un Estado democrático burgués.

*Iskra* n.º 46, 15 de agosto de 1903.

Se publica según el texto del periódico *Iskra*.