Se denominan tribunales industriales a los que se componen de representantes electos de los obreros y de los patronos (fabricantes en la industria) y que examinan los casos y los litigios que surgen con tanta frecuencia a causa de las condiciones de contratación, de la determinación de la remuneración por el trabajo ordinario y el extraordinario, del ajuste de cuentas a los obreros al margen de los reglamentos, de la indemnización por el deterioro de materiales, de la imposición incorrecta de multas, etc., etc. En la mayoría de los Estados de Europa Occidental existen tales tribunales; en Rusia no, y nos proponemos examinar qué ventajas reportan a los obreros y por qué es deseable la institución de los tribunales industriales además de los tribunales ordinarios, en los cuales juzga un solo juez, designado por el gobierno o elegido por las clases poseedoras, sin representante electo alguno de los patronos ni de los obreros.

La primera ventaja del tribunal industrial consiste en que es mucho más accesible para los obreros. Para presentar una queja al tribunal ordinario, hay que redactar una solicitud (para lo cual a menudo es preciso recurrir a un abogado), hay que pagar tasas, hay que esperar largo tiempo los plazos, hay que comparecer ante el tribunal, desatendiendo el trabajo y obligando a los testigos a interrumpir el suyo, y hay que aguardar después a que la causa, por recurso de los litigantes descontentos, pase a un tribunal superior, donde el asunto se revisa una vez más. ¡No es de extrañar que los obreros recurran tan de mala gana a los tribunales ordinarios! Los tribunales industriales, en cambio, están compuestos por patronos y obreros elegidos como jueces. Al obrero no le resulta en absoluto difícil exponer verbalmente su queja a un camarada a quien él mismo ha elegido. Las sesiones de los tribunales industriales suelen fijarse en días festivos o, en general, en momentos en que los obreros están libres y no tienen que interrumpir sus ocupaciones. Los asuntos se tramitan en los tribunales industriales con mucha mayor rapidez.

La segunda ventaja de los tribunales industriales para los obreros consiste en que los jueces entienden mucho más de los asuntos fabriles, y que, además, los jueces no son funcionarios ajenos, sino personas del lugar, que conocen las condiciones de vida de los obreros y las condiciones de la producción local, y, por añadidura, la mitad de los jueces son obreros, los cuales siempre tratarán con justicia al obrero, y no lo mirarán como a un borracho, un insolente y un ignorante (como miran en su mayoría a los obreros los jueces-funcionarios, procedentes de la clase de la burguesía, de la clase de los poseedores, y que mantienen casi siempre vínculos con la sociedad burguesa, con los fabricantes, directores, ingenieros, mientras que de los obreros están como aislados por una muralla china). Los jueces-funcionarios se preocupan ante todo de que el asunto esté impecable en los papeles: con tal de que todo esté en regla en los documentos, ningún otro asunto importa al funcionario, que sólo aspira a cobrar su sueldo y a medrar ante sus superiores. De ahí la enorme y vergonzosa abundancia que siempre hay en los tribunales de funcionarios de papeleo, litigiosidad y formalismo jurídico: si uno se equivoca de algún modo al escribir en un papel, si no acierta a levantar acta cuando debe, el asunto está perdido, por muy justo que fuese. Cuando los jueces son elegidos por los fabricantes y por los obreros, no tienen necesidad alguna de abultar el papeleo: no prestan servicio por un sueldo, no dependen de parásitos-funcionarios. No se preocupan de obtener un puestecillo mejor, sino de resolver los litigios que impiden a los fabricantes conducir su producción sin interrupciones, y que impiden a los obreros continuar tranquilamente su trabajo y temer menos las vejaciones y las ofensas injustas de los patronos. Y además, para examinar los litigios entre patronos y obreros, es preciso conocer bien, por propia experiencia, la vida fabril. El juez-funcionario echa un vistazo a la libreta obrera, lee un reglamento... y no quiere oír nada más: se ha infringido, dice, el reglamento, así que responde, y yo no sé nada más. Pero los jueces electos de entre los patronos y los obreros no miran sólo los papeles, sino también cómo ocurren las cosas en la vida. A veces, en efecto, el reglamento permanece muy tranquilo en el papel, pero en la práctica resulta de un modo completamente distinto. El juez-funcionario a menudo, aunque quisiera, aunque examinara los asuntos con plena atención, no puede comprender de qué se trata, porque no conoce las costumbres, no conoce los modos de fijar los destajos, no conoce los procedimientos con que muchas veces el capataz agobia al obrero sin infringir los reglamentos ni el destajo (por ejemplo, cambiándolo a otro trabajo, dándole otro material, etc., etc.). Los jueces electos, que trabajan personalmente o llevan personalmente asuntos fabriles, se orientan de inmediato en todas estas cuestiones, comprenden fácilmente qué es lo que en realidad quiere el obrero, y no se preocupan únicamente de la observancia de los reglamentos, sino de arreglarlo todo de modo que no se pueda oprimir al obrero burlando los reglamentos, de modo que no pueda haber tampoco motivos para el engaño y la arbitrariedad. Hace poco apareció en los periódicos la noticia de que unos obreros sombrereros por poco no son condenados, a denuncia del patrono, por robo: utilizaban los recortes de los sombreros; por suerte hubo abogados honrados que reunieron informaciones y demostraron que tal es la costumbre en este oficio y que los obreros no sólo no eran ladrones, sino que ni siquiera habían infringido reglamento alguno. Pero a un obrero corriente, sencillo, que recibe el salario más pequeño, casi nunca le es posible dar con un buen abogado, y por eso, como sabe todo obrero, los jueces-funcionarios dictan con muchísima frecuencia en los asuntos obreros las sentencias más crueles e insensatamente crueles. De los jueces-funcionarios nunca cabe esperar plena justicia: ya hemos dicho que estos jueces pertenecen a la clase burguesa y de antemano están predispuestos a creer todo lo que dice el fabricante, y a no creer las palabras del obrero. El juez mira la ley: contrato de arrendamiento personal (una persona se emplea a cambio de un salario para hacer algo para otro o para servirle). Y le da lo mismo que se emplee con un fabricante un ingeniero, un médico, un director de fábrica, o un peón; el juez piensa (gracias a su alma de papel y a su estupidez burguesa) que el peón debe conocer sus derechos tan bien y acertar a estipular en el contrato todo lo requerido tan bien como el director, el médico, el ingeniero. Pero en el tribunal industrial, entre los jueces figuran (en mitad) representantes electos de los obreros, que comprenden muy bien que el obrero novato, o joven, se siente a menudo en la fábrica y en la oficina como en un bosque oscuro, y ni siquiera le pasa por la cabeza que está concertando un "contrato libre" y que puede "prever" en él todas las condiciones deseables para él. Tomemos, por ejemplo, un caso como éste: un obrero quiere quejarse de una verificación defectuosa injusta o de multas. Ni pensar en quejarse de esto a un juez-funcionario o a un inspector de fábrica funcionario. El funcionario repetirá una sola cosa: la ley concede al fabricante el derecho de multar a los obreros y de rechazar el trabajo defectuoso, y es asunto del fabricante, dice, determinar cuándo el trabajo es defectuoso, cuándo el obrero ha cometido falta. ¡Por eso los obreros recurren tan rara vez a los tribunales con semejantes quejas: soportan los abusos, soportan, y terminan en huelga cuando la copa de su paciencia se colma! Si entre los jueces estuvieran sentados representantes electos de los obreros, entonces a los obreros les sería incomparablemente más fácil alcanzar justicia y defensa tanto en estos asuntos como en todos los más pequeños litigios y ofensas fabriles. Al juez-funcionario rico, en efecto, le parece que tales pequeñeces no merecen atención (un agua hirviendo para el té, o que la máquina se limpie una vez de más, o algo por el estilo), pero para el obrero no son en absoluto pequeñeces; sólo los propios obreros pueden juzgar qué masa de vejaciones, ofensa y humillación provocan a veces los más pequeños y, a primera vista, insignificantes reglamentos y órdenes, en apariencia inofensivos, en las fábricas.

La tercera ventaja de los tribunales industriales para los obreros consiste en que éstos aprenden en ellos y, a través de ellos, se familiarizan con las leyes. Generalmente los obreros (en su masa) no conocen las leyes y no pueden conocerlas, aunque no obstante los funcionarios y los jueces funcionarios les exigen responsabilidades por el desconocimiento de las leyes. Si el obrero, cuando el funcionario le señala una ley, responde que no sabía de tal ley, el funcionario (y el juez) o se ríe o lo insulta: "nadie tiene derecho a excusarse alegando desconocimiento de la ley": eso es lo que dice la ley fundamental rusa. Por eso, cualquier funcionario y juez supone que cada obrero conoce las leyes. Pero semejante suposición es una mentira burguesa, una mentira urdida por los poseedores y capitalistas contra los desposeídos, una mentira igual que la suposición de que el obrero concertó con el patrono un "contrato libre". En realidad, el obrero, que desde pequeño se ve atrapado en la fábrica, apenas aprendiendo a leer (¡y muchísimos ni siquiera pueden aprender a leer!), no tiene cuándo ni de quién conocer las leyes y, acaso, ni para qué, ¡porque si las leyes las aplican, sin preguntarle, funcionarios salidos de la burguesía, de poco provecho serán las leyes para el obrero! Las clases burguesas, que acusan a los obreros de desconocimiento de las leyes, no han hecho absolutamente nada para facilitar a los obreros la adquisición de tal conocimiento, y por ello los verdaderos culpables de que los obreros ignoren las leyes no son tanto los propios obreros como sus explotadores (= saqueadores), que poseen toda la propiedad, viven del trabajo ajeno y ellos solos quieren gozar de la instrucción y la ciencia. Ninguna escuela y ningún librito darán ni pueden dar a los obreros el conocimiento de las leyes, porque leer libritos pueden sólo muy, muy pocos obreros de entre la masa de millones de trabajadores aplastados por el capital, y por la misma causa de la escuela se aprovechan también pocos, y aun los que pasan por la escuela saben en su mayor parte únicamente leer, escribir y contar; y esto es aún insuficiente para orientarse en un terreno tan complejo y difícil como el de las leyes rusas. Los obreros pueden familiarizarse con las leyes sólo cuando les toque a ellos mismos aplicar dichas leyes y oír y ver juicios conforme a ellas. Los obreros, por ejemplo, podrían conocer mejor las leyes si se los designara jurados (obligando a los fabricantes a pagarles el salario anterior también por los días que pasan en el tribunal), pero en la sociedad burguesa está dispuesto de modo que jurados pueden ser únicamente personas de la clase poseedora (y además campesinos aleccionados por el "servicio público", es decir, en realidad, por el servicio en cargos policiales inferiores); ¡los desposeídos, los proletarios, deben sólo someterse al juicio ajeno, y juzgar ellos mismos no tienen derecho! Cuando se organizan tribunales industriales, los obreros eligen en ellos como jueces a sus camaradas, y estas elecciones se repiten en plazos determinados; de esta manera, los elegidos de entre los obreros aplican ellos mismos las leyes y reciben la posibilidad de familiarizarse con ellas en la práctica, es decir, no únicamente leer las leyes impresas en un librito (pues esto dista mucho aún de significar familiarizarse con las leyes), sino también convencerse en la práctica de en qué casos y cómo precisamente se aplican tales o cuales leyes y qué influencia ejercen sobre los obreros. Y luego, además de los jueces electos, también los demás obreros se familiarizan con las leyes con mucha mayor facilidad cuando existen tribunales industriales, porque con los jueces que son sus camaradas el obrero siempre puede hablar fácilmente y recibir de él las informaciones necesarias. Puesto que el tribunal industrial es más accesible para los obreros que el tribunal de funcionarios, los obreros lo frecuentan incomparablemente más, escuchan el examen de aquellos asuntos en que participan sus parientes y conocidos, y de este modo se familiarizan con las leyes. Y para el obrero es extraordinariamente importante conocer las leyes no sólo por libritos, sino por la vida misma, para comprender en interés de quién están redactadas esas leyes, en interés de quién actúan los hombres que las aplican. Una vez familiarizado con las leyes, cualquier obrero verá claramente que son los intereses de la clase poseedora, de los propietarios, de los capitalistas, de la burguesía, y que la clase obrera no logrará jamás una mejora sólida y radical de su suerte mientras no conquiste por sí misma el derecho a elegir a sus representantes para que participen en la elaboración de las leyes y en la vigilancia de su ejecución.

Además (en cuarto lugar), el aspecto positivo de los tribunales industriales consiste en que acostumbran a los obreros a tomar parte independiente en los asuntos públicos, estatales (porque el tribunal es una institución estatal, la actividad del tribunal es una de las partes de la actividad estatal), acostumbran a los obreros a elegir para tales cargos a los camaradas más inteligentes, honestos y firmemente defensores de la causa obrera, cargos en los que la actividad de esos obreros es visible para toda la clase obrera, cargos en los que los representantes de los obreros pueden exponer las necesidades y las reivindicaciones de todos los obreros. El interés de la clase de los capitalistas, el interés de toda la burguesía, consiste en mantener a los obreros ignorantes y divididos, en apartar rápidamente a aquellos obreros que son más inteligentes que los otros y que emplean su inteligencia y sus conocimientos no para convertirse en tránsfugas de la causa obrera, medrando ante capataces, patronos y policías, sino para ayudar a los demás obreros a adquirir más conocimientos y a aprender a defender juntos la causa obrera. Pero para que todos los obreros conozcan a esos obreros avanzados que son tan necesarios para la causa obrera, y confíen en ellos, para eso es muy importante que todos vean la actividad de ese obrero, que todos sepan si es capaz de expresar las verdaderas necesidades y los deseos de los obreros y de defenderlos. Si los obreros pudieran elegir a esas personas como jueces, entonces todos conocerían a los mejores hombres de entre los obreros, confiarían más en ellos, y la causa obrera obtendría de ello un beneficio colosal. Miren ustedes a nuestros terratenientes, industriales y comerciantes: no se contentan con que cada uno de ellos pueda ir al gobernador o al ministro y exponerle sus peticiones; se esfuerzan además por que sus representantes electos participen también en los tribunales (tribunales con representantes de los estamentos) y tomen parte directa en la administración (por ej., los mariscales de la nobleza, los curadores de escuelas, etc., elegidos por los nobles; los miembros de los comités de fábricas, los miembros de los comités de bolsa y de feria, etc., elegidos por los comerciantes). La clase obrera en Rusia, en cambio, permanece totalmente privada de derechos: es considerada como ganado de carga que debe trabajar para otros y callar, sin atreverse a exponer sus necesidades y sus deseos. Si los obreros eligieran constantemente a sus camaradas para los tribunales industriales, obtendrían al menos alguna posibilidad de participar en los asuntos públicos y de manifestar no sólo las opiniones de obreros aislados, de Piotr, de Sidor o de Iván, sino las opiniones y las reivindicaciones de todos los obreros. Y los obreros no considerarían entonces a los tribunales con la desconfianza con que miran a los tribunales de funcionarios: verían que allí están sus camaradas, que los defenderán.

Luego (en quinto lugar), la ventaja de los tribunales industriales para los obreros consiste en que estos tribunales darían mayor publicidad a los asuntos fabriles y a todos los sucesos de la vida fabril. Ahora vemos que tanto los fabricantes como el gobierno se esfuerzan con todas sus fuerzas por ocultar a los ojos de la sociedad lo que ocurre en el mundo fabril: prohiben publicar informaciones sobre las huelgas; también han dejado de publicarse los informes de los inspectores de fábrica sobre la situación de los obreros; cualquier abuso se esfuerzan por silenciarlo y arreglar el asunto rápidamente "a puerta cerrada", por vía burocrática; toda clase de reuniones obreras son perseguidas. No es de extrañar que la masa de los obreros conozca a menudo muy mal lo que sucede en otras fábricas o incluso en otras secciones de la misma fábrica. Los tribunales industriales, a los que los obreros podrían acudir con frecuencia, en los que los asuntos se tramitarían en horas libres para los obreros y públicamente, es decir, en presencia de público obrero, reportarían mucho provecho a los obreros también porque contribuirían a dar publicidad a cualquier abuso, facilitarían de ese modo a los obreros la lucha contra los diversos desmanes fabriles, acostumbrarían a los obreros a reflexionar no sólo sobre el régimen de su propia fábrica, sino también sobre el régimen de todas las fábricas, sobre la situación de todos los obreros[129].

Finalmente, no se puede pasar en silencio otra ventaja más de los tribunales industriales: acostumbran a los fabricantes, directores y capataces a un trato decoroso con los obreros, como con ciudadanos de iguales derechos, y no como con siervos. Todo obrero sabe con cuánta frecuencia los fabricantes y los capataces se permiten un trato escandalosamente grosero con los obreros, insultos y cosas por el estilo. Quejarse de esto es difícil para el obrero, y dar réplica sólo se logra allí donde todos los obreros están ya bastante desarrollados y saben apoyar al camarada. Los fabricantes y los capataces dicen que nuestros obreros son muy ignorantes y groseros, y por eso hay que tratarlos con grosería. En la clase obrera nuestra, en efecto, quedan todavía muchas huellas del derecho de servidumbre, poca instrucción y mucha rudeza,: esto no se puede negar. ¿Pero quién tiene la culpa de ello más que nadie? Precisamente los fabricantes, los capataces, los funcionarios, que se comportan con los obreros como señores con los siervos, que no quieren reconocer en el obrero a un hombre igual a ellos. Los obreros se dirigen con una petición o una pregunta cortés, y por doquier encuentran grosería, insultos, amenazas. ¿No es evidente que, si los fabricantes acusan aquí a los obreros de rudeza, están echando la culpa de su cabeza enferma a la sana? Los tribunales industriales desacostumbrarían rápidamente a nuestros explotadores del trato grosero: en el tribunal serían jueces los obreros junto con los fabricantes, que examinarían juntos los asuntos y emitirían sus votos. Los jueces-fabricantes se verían obligados a ver en los jueces-obreros a sus iguales, y no a jornaleros. Ante el tribunal comparecerían litigantes y testigos tanto de los fabricantes como de los obreros: los fabricantes se acostumbrarían a mantener conversaciones correctas con los obreros. Esto es muy importante para los obreros, porque en la actualidad tales conversaciones rarísima vez se logran: el fabricante no quiere ni oír hablar de que los obreros elijan a sus diputados, y a los obreros no les queda más camino para hablar que la huelga, y éste es un camino difícil y a menudo muy penoso. Además, si entre los jueces figuraran también obreros, entonces los obreros podrían dirigirse libremente al tribunal con quejas sobre la rudeza de trato. Los jueces-obreros siempre se pondrían de su parte, y la citación del fabricante o del capataz ante el tribunal por grosería les quitaría las ganas de comportarse con insolencia y altanería.

Así, pues, los tribunales industriales, compuestos, por igual, de representantes electos de los patronos y de los obreros, tienen una importancia muy grande para los obreros y les reportan mucho provecho: son mucho más accesibles para los obreros que los tribunales ordinarios, en ellos hay menos papeleo y formalismo, en ellos los jueces comprenden las condiciones de la vida fabril y juzgan con más justicia, familiarizan a los obreros con las leyes, los acostumbran a elegir a sus representantes y a participar en los asuntos de Estado, amplían la publicidad de la vida fabril y del movimiento obrero, acostumbran a los fabricantes al trato correcto con los obreros y a las negociaciones regulares con ellos como con personas iguales a ellos. No es de extrañar, por tanto, que los obreros en todos los países europeos exijan la institución de tribunales industriales, que exijan que estos tribunales existan no sólo para los obreros de las fábricas y talleres (entre los alemanes y los franceses ya existen tales tribunales), sino también para los obreros que trabajan a domicilio para los capitalistas (para los artesanos) y para los obreros agrícolas. Ningún funcionario designado por el gobierno (ni jueces, ni inspectores de fábrica) podrá jamás sustituir a instituciones en las que participen los propios obreros: después de todo lo dicho por nosotros más arriba, no hay necesidad de explicarlo. Todo obrero, además, sabe por propia experiencia lo que puede esperar de los funcionarios; todo obrero comprenderá perfectamente que si le dicen que los funcionarios sabrán preocuparse de los obreros en absoluto peor que los elegidos por los propios obreros, eso será mentira y engaño. Ese engaño es muy ventajoso para el gobierno, que quiere mantener a los obreros como esclavos ignorantes, privados de derechos y mudos de los capitalistas, y por eso tan a menudo se pueden oír esas falsas seguridades de parte de los funcionarios o de los escritores que defienden a los fabricantes y al gobierno.

La necesidad y la utilidad para los obreros de los tribunales industriales son tan evidentes que las reconocieron hace muchísimo tiempo incluso los funcionarios rusos. Es cierto que esto fue tan lejos que ¡muchos lo han olvidado! Fue cuando nuestros campesinos fueron emancipados de la dependencia servil (en 1861, hace más de 38 años). Por aquel entonces, el gobierno ruso decidió sustituir también con leyes nuevas las leyes sobre los artesanos y los obreros fabriles: estaba ya demasiado claro que con la emancipación de los campesinos no se podían dejar las viejas leyes sobre los obreros; cuando se elaboraron esas viejas leyes, muchos obreros eran siervos. Y he aquí que el gobierno nombró una comisión de varios funcionarios, encargándoles estudiar las leyes alemanas y francesas (y de otros países) sobre los obreros fabriles y redactar un proyecto de modificación de las leyes rusas sobre los artesanos y los obreros fabriles. La comisión estaba compuesta por personas muy importantes. Pero con todo, emprendieron el trabajo e imprimieron hasta cinco libros en los que expusieron las leyes extranjeras y propusieron una nueva ley para Rusia. Según esa ley propuesta por la comisión, se introducían los tribunales industriales con jueces electos de entre los fabricantes y de entre los obreros en igual proporción. Este proyecto fue impreso en 1865, es decir, hace 34 años. Y bien, ¿qué se hizo con este proyecto de ley? —preguntará el obrero—. ¿Por qué el gobierno, que había encargado él mismo a esos funcionarios elaborar un proyecto de cambios necesarios, no introdujo en Rusia los tribunales industriales?

Con el proyecto de esa comisión, nuestro gobierno procedió tal como procede siempre con todos los proyectos que son, poco o mucho, buenos para el pueblo y para los obreros. A los funcionarios, el gobierno los premió con un sueldo por sus trabajos en provecho del zar y de la patria; a los funcionarios les colgaron condecoraciones en el cuello, les dieron grados más altos y puestos más lucrativos. Pero el proyecto redactado por ellos lo metieron muy tranquilamente "en el cajón", como se dice en las cancillerías. Y así sigue ese proyecto hasta hoy en el cajón. El gobierno dejó incluso de pensar en conceder a los obreros el derecho a elegir a sus propios camaradas obreros para los tribunales industriales.

Pero no se puede decir que el gobierno no se haya acordado ni una sola vez de los obreros desde entonces. Cierto, se acordó de ellos no por su propia voluntad, sino exclusivamente bajo la presión de las amenazadoras revueltas y huelgas obreras, pero con todo se acordó. Promulgó leyes sobre la prohibición del trabajo infantil en las fábricas, sobre la prohibición del trabajo nocturno de las mujeres en ciertas producciones, sobre la reducción de la jornada de trabajo, sobre el nombramiento de inspectores de fábrica. Por muy llenas de formalismo que hayan sido redactadas estas leyes, por muchas rendijas que dejen a los fabricantes para infringir y burlar las leyes, con todo reportan cierta dosis de provecho. Pues bien, ¿por qué el gobierno prefirió no implantar los tribunales industriales, aun cuando tal ley estaba ya plenamente elaborada, e implantar leyes nuevas y a nuevos funcionarios: los inspectores de fábrica? La causa de ello es completamente clara, y a los obreros les es muy importante comprender plenamente esta causa, porque en este ejemplo se puede comprender toda la política del gobierno ruso respecto a la clase obrera.

En lugar de los tribunales industriales, el gobierno nombró a nuevos funcionarios porque los tribunales industriales elevarían la conciencia de los obreros, elevarían en ellos la conciencia de sus derechos, de su dignidad humana y ciudadana, los acostumbrarían a pensar de manera independiente sobre los asuntos del Estado y sobre los intereses de toda la clase obrera, los acostumbrarían a elegir a sus camaradas más desarrollados para el cargo de representantes de los obreros, minarían de este modo, aunque fuera en parte, el dominio exclusivo de los funcionarios autocráticos. Y esto es lo que más teme nuestro gobierno. Está dispuesto incluso a dar a los obreros unas cuantas limosnas —(¡desde luego, limosnas pequeñas y, además, de manera que con una mano, a la vista de todos, dar solemnemente y llamarse bienhechor, y con la otra mano, a escondidas, ir arrebatando de nuevo poco a poco! ¡En el ejemplo de la ley fabril del 2 de junio de 1897, los obreros conocen ya esta artimaña!)— está dispuesto a dar limosnas, con tal de dejar intacta la autocracia burocrática y no permitir que despierte la conciencia de los obreros, no permitir que se desarrolle su independencia. Este peligro, terrible para él, lo evita fácilmente el gobierno nombrando a nuevos funcionarios: los funcionarios son sus servidores obedientes. A los funcionarios (por ejemplo, a los inspectores de fábrica) nada les cuesta prohibir que se publiquen sus informes, nada les cuesta prohibir que se hable a los obreros de sus derechos y de los abusos de los patronos, nada les cuesta convertirse en capataces de fábrica, ordenándoles comunicar a la policía todo descontento y agitación de los obreros.

Por eso, mientras subsistan en Rusia los actuales órdenes políticos —es decir, la privación de derechos del pueblo, la arbitrariedad de los funcionarios y de la policía, irresponsables ante el pueblo—, mientras tanto los obreros no pueden esperar que se instituyan tribunales industriales útiles para ellos. El Gobierno comprende muy bien que los tribunales industriales obligarían muy rápidamente a los obreros a pasar también a exigencias más radicales. Al elegir a sus representantes para los tribunales industriales, los obreros verían pronto que esto no es suficiente, puesto que los terratenientes y los fabricantes que explotan a los obreros envían a sus representantes a muchísimas instituciones estatales, mucho más altas; los obreros exigirían indefectiblemente la representación de todo el pueblo. Al obtener la publicidad de los asuntos fabriles y de las necesidades obreras en los tribunales, los obreros verían pronto que esto no es suficiente, porque la verdadera publicidad en nuestros tiempos sólo la pueden dar los periódicos y las asambleas populares, y los obreros exigirían la libertad de reunión, la libertad de palabra y la libertad de prensa. ¡Por eso el gobierno enterró el proyecto de introducir los tribunales industriales en Rusia!

Por otra parte, supongamos un minuto que el gobierno, deliberadamente, deseando engañar a los obreros, implantase ahora mismo los tribunales industriales, manteniendo sin cambio los actuales órdenes políticos. ¿Obtendrían de ello algún provecho los obreros? Ningún provecho obtendrían: los obreros ni siquiera elegirían por sí mismos para esos tribunales a sus camaradas más conscientes, honestos y abnegados a la causa obrera, porque saben que por toda palabra abierta y sincera en Rusia pueden prender a un hombre por simple orden de la policía, arrojarlo, sin juicio ni instrucción, a la cárcel o deportarlo a ¡Siberia!

Por consiguiente, la exigencia de los tribunales industriales con representantes electos de los obreros constituye sólo una partecilla de una exigencia más amplia y más radical: la exigencia de los derechos políticos para el pueblo, es decir, el derecho a participar en la administración del Estado y a manifestar abiertamente las necesidades populares no sólo en los periódicos, sino también en las asambleas populares.

Escrito a finales de 1899.

Publicado por primera vez en 1924 en la revista "Proletárskaya Revoliútsia" N.º 8-9.

Se publica según el manuscrito, copiado por N. K. Krúpskaya.